La juez desestima una petición de mantener a cinco personas alejadas de Monago a 1.000 metros
José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, ha denunciado ya por coacciones a cinco personas, a raíz de la protesta que se mantiene frente a su casa en demanda de vivienda, y que en la actualidad protagonizan dos mujeres desahuciadas que pasan la noche en un coche; el fiscal ha pedido sin éxito medidas cautelares de alejamiento.
El presidente presentó la primera denuncia el pasado 10 de febrero, el día que varios miembros del Campamento Dignidad ocuparon una vivienda en la barriada Suerte de Saavedra en Badajoz, que acabó con la detención de una mujer, Juliana Garlitos, que era de las que se mantenían entonces acampada frente a la urbanización en que vive Monago en Badajoz.
Posteriormente ha ido ampliando esa denuncia, y en estos momentos están acusados por coacciones en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz los dirigentes de los Campamentos Dignidad Manuel Cañada Porras (ex coordinador regional de IU y ex diputado autonómico) y Antonio Chacón, Rodolfo Jaime Corella, miembro también de ese movimiento, e Isabel María Rodríguez y su marido, según ha informado este miércoles el propio Cañada.
Esta última, Isabel Rodríguez, es una de las dos mujeres que aún resiste en las inmediaciones del domicilio del presidente, acompaña por otra que reclama vivienda, Isabel Pintado.
Alejarlos un kilómetro
A la vista de los argumentos del presidente de la Junta, el fiscal solicitó como medida cautelar que se dictara una orden de alejamiento contra los cinco denunciados, que se tendrían que mantener a una distancia mínima de 1.000 metros de José Antonio Monago, tanto de su vivienda como del presidente en cualquiera de sus desplazamientos, añade Cañada; y es que la reclamación por parte de esas familias se ha producido, o se ha intentado, también en actos públicos del presidente en localidades como Montijo, Olivenza o Campomayor.
Esa medida cautelar de alejamiento en 1.000 metros ha sido desestimada por la titular del Juzgado de Instrucción, porque en su opinión impediría que los afectados ejercieran derechos básicos como el de movimiento, y también el de queja y reclamación.
Entre sus alegaciones, el fiscal sostenía que Cañada o Chacón son de pensamiento político contrario al de Monago, y podrían estar aprovechándose para sus fines de la justa necesidad de vivienda de las familias que acamparon en el lugar.
Con posterioridad a ese descarte de medida cautelar propuesta por la Fiscalía, José Antonio Monago amplió su denuncia en el sentido de que se investigara si policías que custodian su casa y sus movimientos están informando de sus horarios a las personas del Campamento, o a esas dos mujeres que ya no pertenecen al movimiento.
