El Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género ha recibido varias denuncias por delitos de odio vertidas en redes sociales y medios de comunicación a lo largo del pasado año. Esto hace necesario que las administraciones trabajen a favor de la lucha contra todo tipo de discriminación y la defensa de la diversidad sexual.
Estas son las conclusiones del primer informe de diversidad sexual que ha elaborado el observatorio con todas las entidades del tejido asociativo tras la entrada en vigor de la Ley LGTBI de Extremadura.
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha señalado que aunque ni en la ley LGBTI ni el desarrollo reglamentario posterior se contemplan mecanismos de denuncias, empieza a ser una “necesidad” recopilar los casos de discriminación con el fin de prevenir, informa la Agencia Efe.
“Hay que reflexionar sobre cómo canalizar esos delitos o esas declaraciones de odio que se han vertido a través de redes sociales. Las que han llegado, casualmente, no se han producido en el ámbito de la comunidad autónoma y por lo tanto no hemos podido intervenir”.
La diversidad sexual, un derecho
Por otro lado la consejera ha destacado que Extremadura ha sido la primera comunidad en incluir las políticas de diversidad y atención al colectivo LGTBI en su agenda de ciudadanía global.
Apunta al ámbito educativo, “con la elaboración de un estudio pensado para abrir puertas y romper silencios”. Otro de los aspectos que ha destacado es la aprobación de los protocolos contra el acoso escolar en la comunidad educativa y la puesta en marcha desde el ámbito sanitario del servicio ‘Yo soy plural’, para la atención psicológica, jurídica, de acompañamiento y atención a las familias.