Juliana Garlito, de 59 años, ha sido absuelta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz del delito de usurpación de vivienda, por haber entrado el pasado 10 de febrero en un piso social en la barriada Suerte de Saavedra de Badajoz. Como alegaba ella, la casa estaba abierta y vacía, y no hubo ningún tipo de violencia, además no tenía condiciones para ser habitada.
Tras renunciar a una vivienda social en La Roca de la Sierra bajo la promesa de que le darían otra en Montijo, cosa que no sucedió, en octubre del año pasado fue desahuciada junto a su familia de un piso privado en esa última localidad, que ocupaba junto a su marido, tres hijos y una nieta; a partir de ahí la familia se repartió y ella ocupaba un garaje si luz ni agua junto a su marido y un hijo de 18 años.
Después de una acampada en la puerta del Ayuntamiento de Montijo para que les dieran una casa, sin éxito, el 13 de enero se animaron a sumarse a la acampada que se había iniciado junto a la urbanización de Badajoz donde vive el presidente de la Junta, José Antonio Monago; tras una asamblea del Campamento Dignidad, al día siguiente entró en una casa vacía de Suerte de Saavedra y fue detenida.
Una victoria social
Para el Campamento Dignidad es una victoria del derecho a la vivienda, reconocido como una necesidad básica. “Con esta sentencia, la Justicia le dice a Monago y al gobierno regional que a las extremeñas y extremeños sin recursos no se les persigue, se les garantizan sus derechos humanos”.
Tras la detención y puesta en libertad de Juliana Garlito, los vecinos de Suerte de Saavedra la han acogido en sus casas. “Tienen que ser los más pobres y olvidados los que velen por garantizar el derecho a un techo de esta familia, en lugar de ellos [José Antonio Monago y el consejero de Vivienda Víctor del Moral], que cobran suculentos sueldos para, teóricamente, garantizar entre otros el derecho constitucional de la vivienda”.