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Vox azuza el miedo a los migrantes en Mérida pero ni hay 900, ni denuncias y los expulsados no llegan al 1%

Concentración de los migrantes acogidos en Mérida celebrada en marzo para pedir  acogerse al procedimiento de asilo

Santiago Manchado

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Otra vez alude Vox al miedo y la inseguridad contra los migrantes procedentes de Canarias acogidos en Mérida porque, según las palabras de su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, “ya han empezado a generar problemas”, hay “peleas continuas” y “se esta trasladando esa inseguridad a las calles de Mérida”.

Por ello, el grupo de extrema derecha vuelve a arremeter contra estas personas, como ya hizo el pasado verano cuando comenzaron a llegar a varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y presentará en el pleno de este jueves en el Parlamento autonómico una propuesta de pronunciamiento para exigir la “expulsión inmediata de los 900 ilegales”, el “cierre inmediato” del centro de acogida integral de Mérida, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que se ponga fin a las ayudas que reciben las oenegés que ayudan a los migrantes.

A raíz de esto, Fernández ha avanzado que la propuesta de su partido pasa por instar a los ayuntamientos a que aprueben ordenanzas que regularicen el incumplimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía en los padrones municipales, y que la cooperación internacional se potestad exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas.

Sin embargo, en las afirmaciones que ha hecho el portavoz de Vox para justificar su postura hay alarmismo , incorrecciones y algún dato que no se corresponde con la realidad. En primer lugar, el centro de acogida de Mérida tienen capacidad para 840 personas y en la actualidad hay 750 plazas ocupadas, según ha informado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por lo que está lejos de los 900 que ha señalado la extrema derecha. El centro no ha alcanzado el 100% de su ocupación en ningún momento, aunque está preparado abarcar temporalmente una “sobreocupación” de 120 plazas más, ha apuntado Quintana.

Por otro lado, según fuentes del Ayuntamiento, no se tiene constancia de ningún altercado en el que las personas acogidas se hayan visto involucradas, a pesar de que Vox ha asegurado que la “inseguridad se está trasladando a las calles de Mérida”. La fundación Accem, que desde diciembre gestiona el centro, también niega que se hayan producido disturbios en Mérida y que haya denuncias contra los usuarios “porque seríamos conocedores de esas situaciones”.

La ONG también ha explicado a elDiario.es Extremadura que la semana pasada se produjo una pelea entre dos usuarios por el orden de entrada al comedor del centro. Ante el uso de la violencia por parte de uno de ellos, Accem ordenó su expulsión porque existe un código de convivencia de obligado cumplimiento. “Al día siguiente, un grupo de amigos de la persona que expulsada intentó intermediar para que los monitores reconsiderasen la situación pero el personal de seguridad creyó que podría darse una situación de peligro físico y actuó por protocolo. Ese es el video que ha circulado por redes sociales donde se ve a ese personal inmovilizando a usuarios”, señalan desde la fundación.

El portavoz de Vox también ha mencionado ese video y lo ha usado para generalizar la situación que se vive en el centro. Sobre las peleas “continuas” que asegura Vox que se producen entre los migrantes, Accem apunta que desde diciembre han pasado por Mérida cerca de 2.000 personas migrantes y se ha ordenado la expulsión de 15 debido a su comportamiento, por lo que el porcentaje es mínimo.

El centro de acogida se encuentra en las antiguas instalaciones del albergue municipal, lejos del casco urbano de Mérida. Las personas migrantes reciben allí clases de español, talleres de contextualización social sobre los usos y costumbres de la sociedad a la que han llegado, atención sanitaria, jurídica y psicológica. También realizan actividades de ocio y tiempo libre, y salidas por la ciudad.

La norma establece que las personas migrantes no pueden permanecer más de tres meses en el centro, de ahí el grado de rotación que tiene. No obstante, en Accem aclaran que puede haber excepciones si el usuario no cuenta con una red de contactos familiares o de amigos o si no tiene claro su proyecto migratorio.

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