La Dirección General de Turismo de Extremadura, en el marco de su programa de lucha contra los alojamientos turísticos ilegales, ha logrado hasta la fecha que siete de cada diez ofertas alojadas en las plataformas de comercialización hayan retirado sus anuncios.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha subrayado que con la ley vigente y con los mismos equipos de inspección, el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara ha tenido “voluntad política para acabar con los alojamientos turístico ilegales y defender a los empresarios legales que crean empleo y riqueza”.
Martín ha detallado que hasta la fecha, Extremadura ha detectado 610 alojamientos turísticos ilegales en toda la región que se publicitan en canales de oferta turística.
“De esos 610 alojamientos no registrados legalmente hemos conseguido que, ante el requerimiento de la Administración, hayan retirado sus anuncios 425, lo que pone de manifiesto un nivel altísimo de éxito”, ha subrayado el director general de Turismo.
Asimismo, otras 120 se han incorporado el sistema legal y 101 tienen abierto un expediente sancionador.
En este sentido, Martín ha señalado que en este ámbito los ayuntamientos “deben de implicarse más, ya que no se trata de colaborar con la Dirección General de Turismo sino de que asuman sus propias responsabilidades” como Administración local para combatir con sus propios medios contra los alojamientos turísticos que actúan sin licencia de apertura.
Uno de los objetivos
Martín ha puesto de manifiesto que acabar con los alojamientos turísticos ilegales es uno de los ejes centrales de la modificación de la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo, de 2011, que ya ha iniciado su tramitación en la Asamblea de Extremadura “tras dos años de duro trabajo”.
Así, ha explicado que el fin básico de la nueva norma es la erradicación de la competencia desleal y la oferta ilegal y clandestina que “distorsiona” el mercado con el objetivo de proteger a los empresarios legales que pagan sus impuestos y reforzar los derechos de los consumidores.
“Con la nueva ley vamos al origen del problema y así poder dar el golpe definitivo a la comercialización ilegal, no sólo de viviendas turísticas sino de todo tipo de productos turísticos, como viajes organizados, actividades complementarias, guías turísticos o servicios de restauración”.
En este sentido, ha indicado que la nueva ley establece que los alojamientos ofertados en la plataformas digitales, o en cualquier otro medio, deberán incorporar el código de su inscripción en el Registro de Establecimientos Turísticos de Extremadura, en el que hay que estar dado de alta obligatoriamente para poder operar en el sector.
De igual forma, las plataformas estarán obligadas a poner en conocimiento de la Administración la existencia de anuncios que no cumplan ese requisito y deberán retirarlos a requerimiento de ésta, ya que de lo contrario se incurrirá en infracción muy grave que puede conllevar sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros.
Martín ha subrayado que con la modificación de la ley, el Gobierno regional “se va a dotar del máximo rango legislativo para dar la puntilla a los ilegales, ya que vamos a poder litigar en el juzgado y ganar los procesos, a la vez que reforzamos los derechos de los consumidores”.