El responsable de 70 residencias de ancianos, a las familias: “Pido perdón si no hemos cumplido”
Es el segundo grupo geriátrico más importante de Galicia, con un importante impacto de la Covid-19: se contagió el 15% de sus usuarios y trabajadores. Fallecieron en total 102 residentes en centros de la Fundación San Rosendo, una entidad sin ánimo de lucro cuyo presidente, José Luis Gavela, inició su comparecencia este lunes en el Parlamento con palabras de homenaje a las familias de las víctimas de la pandemia y de disculpas: “pido perdón si no hemos cumplido”. El virus se coló en 18 de sus 70 residencias de ancianos y dependientes, asentados muchos en pequeños municipios del rural gallego, y mató a 102 personas en total. Y aunque en esta segunda ola están mejor preparados y equipados, la incidencia está siendo mayor que en la primavera pasada, cuando se cerró el acceso a los centros, admitió Gavela.
Dos de sus residencias fueron intervenidas en el último mes. Es debido a la “transmisión comunitaria, a que el virus circula más fuera, y entra más”, consideró en referencia a las idas y venidas de trabajadores y familiares “a los que tampoco se puede impedir el contacto” con los residentes más en riesgo o vulnerables. Desde hace tres semanas, se intensificaron la realización de test al personal con el fin de detectar antes los positivos y poder actuar más rápido para evitar contagios.
La comparecencia de Gavela en la comisión parlamentaria que estudia la repercusión de la Covid en Galicia fue radicalmente opuesto, en el tono, las formas y las palabras, a la que protagonizó la semana pasada Josefina Fernández, la responsable de DomusVi, la mayor red de geriatría de España. El responsable de la Fundación San Rosendo, vinculada a la Iglesia Católica, no entró en el debate planteado por la oposición contra la privatización cada vez mayor de la atención de los mayores en Galicia, y se limitó a aportar extensos datos de la gestión de sus centros, financiados íntegramente con las cuotas de sus residentes. El 23% de las plazas son concertadas con la Xunta, que aporta 9 de los 52 millones de euros con los que la fundación cuenta de presupuesto anual. Cada usuario paga cada mes entre 790 y 1.500 euros, en función de su grado de dependencia.
Gavela, que insistió en subrayar la apuesta de su grupo por el rural, reclamó algunas mejoras en el modelo, ya no sólo para luchar contra la pandemia, y sin entrar en la dicotomía de público o privado, llamó a personalizar cada vez más la asistencia de ancianos y reclamó una mayor coordinación con el hospital de referencia de cada centro.
A preguntas del socialista Pablo Arangüena sobre la aún fuerte vinculación de la fundación con su expresidente Benigno Moure, condenado en 2008 a cinco años de prisión por estafa continuada a una anciana con Alzheimer, Gavela lo defendió como “un activo muy importante” aún a día de hoy. “Don Benigno es la obra y la seguimos los demás”, apostilló al remarcar que él es el presidente desde 2011. Las menciones de Arangüena, quien recordó las estrechas relaciones del antiguo sacerdote con el PP gallego y sobre todo el ourensano así como los homenajes aún recientes que recibió, provocaron de nuevo reproches del diputado del PP Alberto Pazos. Y de nuevo, tras defender el actual modelo público-privado de la asistencia de mayores y el buen hacer de la Xunta del Alberto Núñez Feijóo, centró sus dardos en reclamar responsabilidad y disculpas del Gobierno de Pedro Sánchez por todos los erores que, según él, cometió en la gestión de la pandemia.
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