El Parlamento de Galicia ratifica el veto a actos reivindicativos en sus instalaciones
En los años de mayor dureza de la crisis económica aumentaron también las protestas en la sede del Parlamento de Galicia, en el compostelano Pazo do Hórreo. La indignación de personas afectadas por las preferentes de las antiguas cajas durante un pleno, por ejemplo, irrumpió con fuerza en la opinión pública gallega en un tiempo en el que también se hicieron oír en el legislativo reivindicaciones de sectores como el naval o el cultural o protestas de personas enfermas de Hepatitis C que entonces esperaban un tratamiento.
Estas protestas habían sido respondidas desde la Presidencia del Parlamento, en los primeros mandatos de Alberto Núñez Feijóo dirigida por Pilar Rojo, con restricciones a la asistencia de ciudadanía a las sesiones plenarias e incluso con amenazas de emprender acciones legales contra quien no respetara escrupulosamente la normativa parlamentaria.
A las puertas de un nuevo curso político y también de un período electoral, la Presidencia de la Cámara, ejercida por Miguel Santalices (PP) desde 2016, ha decidido ratificar el veto a actos reivindicativos en sus instalaciones fijándolo por escrito en una norma que no solo afecta a colectivos ciudadanos que eventualmente puedan acudir al Pazo do Hórreo, sino también a los grupos de la oposición y que incluso se extiende al “decoro” en la vestimenta.
La Mesa del Parlamento acaba de aprobar solo con los votos del PP un documento de dos páginas elaborado por la Presidencia y remitido a los grupos que, bajo el título Normas de utilización de las salas institucionales, espacios y otras dependencias del Parlamento de Galicia, pretende fijar los “criterios de uso parlamentario e institucional de las salas del Parlamento de Galicia”.
La intención es que queden claros los límites a protestas como las mencionadas, pero también las restricciones para actos reivindicativos que, de una manera más formal, puedan organizar los grupos. O, lo que es lo mismo, realizar un marcaje más férreo a la celebración de eventos como la comisión “alternativa” en la que la oposición invitó a diferentes colectivos afectados por los recortes sanitarios logrando un notable impacto mediático.
No en vano, los primeros preceptos del documento, adelantado por la agencia Europa Press y al que ha tenido acceso Praza.gal, trazan el que podría ser un retrato robot de aquellos actos sobre sanidad organizados por toda la oposición, a cuya celebración en dependencias parlamentarias ya se había opuesto la Presidencia. Así, en el que será artículo primero de la nueva reglamentación se estipula que las salas “no asignadas a los grupos”, de uso común, “son espacios de utilización exclusivamente parlamentaria e institucional” a las que no podrán acceder “personas y grupos ajenos al Parlamento”.
En este sentido, especifica, será la Presidencia la que tenga que “autorizar las actividades de carácter no institucional que pretendan celebrarse fuera de los grupos parlamentarios” si estos alegan que “no disponen del espacio o recursos adecuados” en las instalaciones que ya tienen asignadas.
Además, señala, en estos espacios “queda expresamente prohibida la celebración de cualquier tipo de actividad que sea impropia de la formalidad e intereses de un poder público o pretenda suplantar, directa o indirectamente”, las “funciones” del Parlamento. Esa “suplantación” fue, precisamente, una de las acusaciones que el PP lanzó a la oposición durante la comisión “alternativa” sobre sanidad.
El segundo apartado de este documento detalla a los grupos el procedimiento formal para solicitar y utilizar estas salas. El tercero, bajo el título “uso de las dependencias” apunta además las restricciones que, incluso en lo referido al atuendo, tendrán que atender las personas que puedan ser autorizadas a emplear estas alas.
Según la propuesta normativa, sobre la que los grupos de la oposición no ocultan su incomodidad, los espacios que no sean de uso exclusivo para cada formación política “no podrán ser utilizados para la colocación de ningún tipo de propaganda, reivindicación, información, carteles, pancartas o símbolos que puedan identificar a una opción política o cualquier otro elemento” si no son autorizados por la Mesa –actualmente, con mayoría absoluta del PP.
Además, se recuerda la facultad de la Presidencia para hacer guardar el “orden y el decoro en cualquier dependencia” del recinto. De este modo, el presidente “impedirá la presencia de personas que utilicen prendas de vestir, accesorios, carteles, fotografías, pancartas o cualquier otro elemento que pueda resultar alusivo a algún diputado, organización, institución o terceras personas o que, de cualquier manera, menoscabe el decoro de la Cámara”, concluye el documento.
La versión oficial
Mientras los grupos de la izquierda detectan una apuesta del PP por limitar actos reivindicativos e incluso actividades de los grupos de la oposición –es el caso de las jornadas parlamentarias organizadas por el PSdeG o del Parlamento Aberto que periódicamente impulsa el BNG–, desde la Presidencia del Parlamento se niega tal intención. Así, fuentes del órgano rector de la Cámara consultadas por Praza.gal aseguran que la intención es simplemente “poner por escrito” limitaciones ya existentes.
La intención del documento remitido a los grupos, según las mismas fuentes, es condensar en un texto reglamentario los “usos y costumbres” que ya rigen en el legislativo gallego y que, agregan, son menos “restrictivos” que en otros parlamentos y desarrollan el Reglamento de la Cámara.
Además, a juicio de la Presidencia, regular este veto a actos reivindicativos en un documento escrito mejorará la “transparencia” sobre limitaciones que son expresadas verbalmente por Santalices cuando, por ejemplo, un colectivo invitado al pleno expresa una protesta desde la bancada del público.
