La Xunta ya no celebra los incrementos de su renta de inclusión social, síntoma de pobreza
Durante las dos primeras legislaturas al frente de la Xunta, en las que Galicia transitó por los años de mayor recesión económica e incremento sostenido del desempleo, fueron innumerables las ocasiones en que diversos cargos del Gobierno gallego y del PPdeG se jactaron de haber incrementado el presupuesto de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), antes denominada Renta de Inserción Social. Así, por ejemplo, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, presentó este aumento de fondos como muestra del compromiso de su gabinete en el “apoyo a los colectivos más vulnerables” o de su apuesta por “blindar las prestación esenciales” a pesar de la “reducción que experimentaron las cuentas públicas”. No obstante, en los últimos tiempos la Consellería de Política Social ha dejado de celebrar en estos términos lo que, en rigor, es un síntoma de pobreza.
Lo que el propio Feijóo llegó a enmarcar en la apuesta por “un modelo socialmente más justo que coloca al inicio de la fila a los que menos tienen” -dijo en referencia a la Risga durante unas jornadas en Baiona en abril de 2013- no es más que una traducción mecánica a euros del incremento de solicitudes y concesiones de Risga. O, dicho de otro modo, del aumento exponencial de personas que cumplen los requisitos para recibir esta prestación económica que la propia Administración define como de “subsistencia”. No en vano, su cuantía media más frecuente no supera los 430 euros al mes, según datos de la propia Xunta.
Con este telón de fondo acaba llegar al Parlamento una respuesta de la Consellería de Política Social a una pregunta de En Marea referida a las “razones de la demora en el pago” de la Risga, retrasos que han venido siendo denunciados desde hace tiempo por colectivos sociales y que están siendo paliados mediante inyecciones económicas no previstas inicialmente en los Presupuestos Generales de la Xunta. En esa contestación el departamento que dirige José Manuel Rey Varela evidencia que la RISGA se concede “a todos los gallegos y gallegas que la solicitan y cumplen los requisitos legales para percibirla” y admite que el incremento del presupuesto no se debe a una apuesta política por incrementar la protección social, sino para “dar respuesta a todos los solicitantes con pleno derecho a percibirlas y eliminar las listas de espera”.
Previsiones erradas y cifras récord
Como admite ahora abiertamente el Gobierno gallego, el principal factor que hace aumentar el presupuesto de la Risga es el número de personas que la solicitan y reciben. Esto es, la subida del sector de población que no tiene “recursos económicos de subsistencia”, situación a la que se pueden añadir otras como ser migrante, habitar una vivienda precaria, ser víctima de explotación sexual o sufrir una discapacidad, entre otras. Un vistazo hacia atrás, hasta comienzos de siglo, muestra que tanto el número de personas perceptoras -unas 4.000- como el presupuesto para sufragar la Risga -en torno a 23 millones de euros anuales- permanecieron estables hasta el estallido de la crisis. Pero el escenario económico general empeoró y la Risga tuvo que adaptarse a él.
Así, en el año 2011 la entonces Consellería de Traballo e Benestar pasó a incluir la partida de la Risga entre los créditos que admiten la consideración de ampliable con el objetivo de eliminar trabas burocráticas para inyectar nuevos recursos durante todo el año. El presupuesto de esta prestación se duplicó ampliamente en apenas tres años y ha seguido aumentando hasta este mismo 2017, cuando recibió una dotación inicial de 57,4 millones de euros que se reveló como insuficiente apenas un mes después de la aprobación de los Presupuestos. De este modo, Política Social tuvo que aportar 600.000 euros más en marzo y otros 860.000 en abril. A ellos añadió, además, otros 4 millones de euros el pasado julio. La cuenta supera ya, entonces, los 62 millones de euros tras romper la Risga por primera vez la barrera de las 10.000 personas perceptoras.
En este contexto la Consellería de Política Social insta a tener en cuenta que “actualmente la Administración autonómica está cumpliendo los plazos establecidos” para resolver las solicitudes -el trámite de peticiones retrasadas motivó, precisamente, la escasez de fondos- y resalta la rebaja del tiempo medio de resolución “de 118 días en 2015 a 67 en 2016”, plazos medios en los que, no obstante, no se computan “los períodos en los que los expedientes están paralizados por requerimentos de documentación”.
La cuestión de los tiempos de tramitación y otros aspectos reiteradamente demandados, como el fin del veto a que convivan en una misma vivienda varias personas que perciban la Risga, siguen en cualquier caso pendientes de la aprobación del nuevo decreto de la Risga. Tras tres años de retraso la Consellería aseguró que lo aprobaría en este 2017, si bien aún no ha dado públicamente pasos concretos en ese sentido.
