Altri no consigue convencer a los vecinos de las ventajas de su macrocelulosa y admite que el proyecto está aún en el aire

-Habrá que ir empezando, que la gente está nerviosa…

-¡Chsst!

-Yo soy vecina y tú no eres nadie para mandarme callar.

-Dejadlo ya, ¿eh?

Apenas pasaban dos minutos de las cuatro de la tarde, la hora prevista para el inicio de la charla informativa, y la tensión ya se palpaba en la Casa da Cultura de Palas de Rei. Tras más de un año esperando, los vecinos tenían por fin la primera oportunidad de escuchar a los responsables del proyecto Gama, la macrocelulosa que la Xunta y Altri insisten en presentar como una pionera fábrica de biofibras, y que quieren levantar en este concello lucense de poco más de tres mil habitantes. 

Sobre el escenario, los cuatro representantes de la empresa portuguesa miraban hacia el patio de butacas como el gladiador que aguarda la apertura de la puerta de los leones. Que no funcionase la presentación audiovisual prevista como soporte tampoco era la mejor forma de empezar.

La Casa da Cultura los recibió empapelada de carteles contra la instalación, las mismas pancartas que portaba buena parte del público, organizado en la plataforma Ulloa Viva, la encargada de canalizar el malestar frente a un proyecto que temen que acabe con la forma de vida de toda una comarca. Coincidiendo con la charla, el grupo municipal socialista emitió un comunicado en el que se posicionaba, por primera vez, abiertamente en contra de la construcción de la estructura.

“¡Más madera!”

Bruno Dapena, responsable técnico del proyecto, fue el primero en intervenir. Entre interrupciones constantes y risas irónicas, trató de desgranar los principales datos del proyecto, muchos de ellos ya conocidos gracias a la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la exposición pública.

“¡Una celulosa!”, gritaron desde el público la primera vez que habló de la planta de fibras. Las propias previsiones de Altri admiten que fabricarán 400.000 toneladas al año de celulosa “soluble” -no pasta de papel- y justo la mitad, 200.000, de la fibra vegetal lyocell.

“¡Eucalipto!”, contestaron a su afirmación de que la madera sería la materia prima utilizada. “Madera certificada de proximidad, de los bosques gallegos” -aplausos, risas, gritos de “¡más madera!”- “que por falta de mercado interior se vende fuera”. “¿En Navia?”, se oyó preguntar. Allí, prácticamente en la frontera entre Asturias y Galicia, se levanta otra celulosa de ENCE. “Tanto eucalipto, ¿dónde están las frondosas?”, inquirió otro vecino. 

Inasequible al desaliento, Dapena continuó pisando terreno pantanoso. Una de las principales preocupaciones, la captación de agua procedente del río Ulla: el proyecto Gama necesitará 46 millones de litros de agua al día, tantos como toda la provincia de Lugo. “Aquí el agua no se consume: se usa -una diferenciación que volvió a provocar las protestas del auditorio- y se devuelve en mejores condiciones, aguas arriba. Que volvamos a captar la misma agua que devolvemos es la máxima garantía de que está completamente limpia”. 

Un resultado igual de escéptico recibió su insistencia sobre la energía “completamente verde” que se generará. Las cuatro chimeneas de 75 metros de altura serían el equivalente a “una lareira muy grande”. Pese a su insistencia en lo “restrictiva” que es la legislación ambiental y que Altri “está un punto más allá”, la rechifla continuó.

La misma oposición encontró la responsable de recursos humanos, Olga Arias, quien por fin dio una cifra cerrada sobre la creación de empleo. Los 2.500 puestos de trabajo anunciados en el inicio del proyecto, hace ya casi dos años, se quedaron este miércoles en 500 empleos directos “y unos dos mil, indirectos”. “Contribuiríamos a evitar la diáspora de nuestros jóvenes”. “¿Qué jóvenes? Si aquí no nacen niños, y no porque no haya trabajo…”.

Miel ecológica, pastos para ganado, el Camino de Santiago...

“¿Por qué queréis venir aquí?¿Quién me garantiza a mí que no me vais a quitar mis recursos hídricos, que no vais a afectar a mi industria?”, preguntó una mujer que se presentó como empresaria “que vive del Camino de Santiago”. Por Palas pasa la principal ruta de peregrinación a Compostela, el Camino Francés, y la macrocelulosa se levantará a menos de dos kilómetros de él. 

Natalia tiene colmenas y una industria contaminante a menos de diez kilómetros hará que su miel pierda el sello ecológico del CRAEGA. “No me dejan tener al lado una granja de vacas, me van a dejar tener esto”, replicó a las respuesta de que esta industria “no será contaminante”.

“Vamos a cumplir tres niveles de legislación muy por encima. La normativa europea, que después cada país traspone y que sólo puede ser más restrictiva y, por encima, la autonómica. En Galicia es de las más garantistas y estamos muy por encima de esos estándares. La pregunta es si puedes estar tranquila como apicultora y la respuesta es que sí”.

Desde el fondo de la sala, tronó la voz de otra mujer. “Estamos viviendo las consecuencias de la contaminación de todas las industrias que ya están funcionando a día de hoy. No sólo el Ulla, todos los ríos tienen altos grados de contaminación y todo por lo estricta que es la Xunta en el cumplimiento de su normativa”. La ovación hizo temblar el auditorio.

María Garrido es médica de familia y antes de trabajar en Palas estuvo en Madrid. Allí, recordó, aunque no se incumple ninguna normativa europea, “los incrementos en la contaminación agudizan las enfermedades crónicas y respiratorias, empeoran la salud de niños y ancianos y están muy relacionados con enfermedades como el cáncer”. 

A la hora de dar luz verde a una instalación de este tipo, “siempre se hace un balance entre la salud de la población y los intereses de las empresas”. Por eso, si el proyecto no se frena ahora, quiso saber si había alguna garantía por parte de la empresa para introducir mejoras si se constata que la celulosa acaba aumentando los problemas médicos de los vecinos. “Contribuiremos a los estudios necesarios”, contestó en una de sus escasas aportaciones Pedro Baptista, el delegado de Altri para España.

David Barrio, vecino de Santiso -otro de los concellos afectados, ya en la provincia de A Coruña- se presentó como antiguo sindicalista de UGT durante 35 años y, tras tratar de conjugar la importancia de los puestos de trabajo y la necesidad de cuidar el medio ambiente, acabó sentenciando: “500 empleos para esta comarca, ¡bienvenidos sean!”. Sus palabras recibieron el aplauso de la parte del público que, hasta entonces, se había mantenido silenciosa.

La finca central no se ha comprado porque el proyecto sigue en el aire

La sorpresa la protagonizó Leandro Quintas, hijo del histórico sindicalista agrario, fallecido hace dos años, y del que heredó el nombre. La finca de su familia es la mayor de las que componen las 360 hectáreas que ocupará el complejo -diez veces la superficie de ENCE en Pontevedra-. Su intervención desde el público, después de meses intentando obtener respuesta de Altri, desveló que todavía no se la han comprado. “Llevo dos años esperando respuestas, es la primera vez que tengo información directa y he tenido que venir aquí, a una exposición pública, que nadie me la ha dado. ¿En qué momento vais a hablar con los vecinos de precios, de cantidades...?”.

Su intervención recibió un sonoro aplauso. Entre quienes más lo jalearon, José Manuel, ganadero con una treintena de vacas que pastan al aire libre. Sus fincas serán las más afectadas por la instalación, especialmente por los viales provisionales. De 30 hectáreas se quedará sólo con 4 y desconoce qué alternativas le quedarían para su ganado. “Todo esto no va a servir de nada”, se quejaba su mujer ante el enfado de su hija.

Después de oírlos, la insistencia en que Altri ha hablado ya “con la totalidad de los propietarios” cayó en saco roto. El propio Dapena dio a entender que no se habían cerrado aún los acuerdos porque el proyecto todavía sigue en el aire. Que llegue a ser una realidad, admitió, depende de tres patas. 

Una, “fundamental”: la autorización ambiental que tiene que dar la administración. Otra es el cierre financiero del proyecto. “Es una industria pionera, la primera fábrica de este tipo en el mundo” y eso es “costoso”. Por eso, “si las ayudas públicas no llegan, el proyecto no sale”. Gama pretende que Europa pague el 25% del coste de una instalación que, en su primera fase, costará 900 millones de euros.

El tercer puntal es la ingeniería básica. “En diciembre de 2022 no vinimos porque no teníamos un proyecto técnico cerrado para poder explicarlo como merecéis. Ese momento es ahora”. El visto bueno de los vecinos no está, según el responsable de Gama, entre los condicionantes.

A las cinco y cuarto, con muchas preguntas aún en el tintero, los responsables del proyecto dieron la reunión por cerrada. Abandonaron el auditorio entre gritos de “¡Altri, no!, ¡Altri, no!”. Camino de la segunda reunión del día, en el concello vecino de Monterroso, Dapena se detuvo ante los periodistas para insistir en que el problema era la “mucha desinformación” de los vecinos. 

Los 75 primeros minutos de pedagogía, sin embargo, no habían servido demasiado y quienes llegaron a la Casa da Cultura de Palas creyendo que les iban a instalar en su pueblo una macrocelulosa, y no una ecológica fábrica de biofibras, se levantaron de su asiento sin cambiar de opinión. “Habrá que seguir insistiendo”, se resignó Dapena. No le queda más remedio que hacerlo. Este jueves cierran su gira con un maratón que los llevará a cuatro localidades distintas. La plataforma Ulloa Viva tampoco piensa perdérselo.