Carmen (nombre ficticio) es madre de dos niños que estudian en el colegio María Auxiliadora, de los Salesianos, de Vigo. Es un centro concertado, es decir, financiado con fondos públicos. Y está sujeto a la obligación de ofrecer a los alumnos una alternativa a la asignatura de religión. Pero, denuncia Carmen, esto no ocurre. El formulario para la matrícula en Primaria no contiene ningún apartado en el que se pregunte por este punto y ella se ha embarcado en una batalla con el centro y con la Xunta de Galicia para que sus hijos no tengan que cursar la asignatura sobre el catolicismo. Dice que el problema no está solo en este colegio. Ella y otro padre aseguran que ocurre, al menos, en María Auxiliadora y en Maristas.
El decreto de 2022 que establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia recoge que la consellería de Educación “garantizará” que, al inicio de curso, las madres, padres o tutores puedan manifestar si quieren que sus hijos “reciban o no enseñanza de religión” y que los centros deben poner en marcha las medidas necesarias para que quienes no elijan religión reciban “la debida atención educativa”, que se programa a través de lo que se llama Proyecto Competencial. Las actividades que se incluyan aquí, añade el texto, “en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso”.
Esta madre cuenta a este diario que ha presentado varios escritos ante la Xunta por la situación y que la respuesta -de momento, solo a una de las quejas- es desalentadora: “Responde con evasivas. No vela por nuestros derechos”. La contestación de la Consellería de Educación, a la que ha tenido acceso esta redacción, dice que lo que ha hecho ha sido preguntarle al centro educativo: “Comprobó [el inspector] que, para el curso 2023/2024, todo el alumnado escogió la materia de religión. Pese a esto, se le ha trasladado al centro la obligación de reflejar en el impreso de matrícula la opción de cursar o no la materia de religión”. Carmen critica que la intervención se haya limitado a esta gestión. La respuesta del Gobierno gallego a las preguntas de esta redacción insiste en el mismo relato y en que le ha recordado al centro que la elección se debe ofrecer en todas las etapas y cursos.
El colegio es un centro religioso que ocupó hace tres años titulares por el juicio a un sacerdote que finalmente fue condenado por abusar sexualmente de alumnos que estaban a su cargo. El hombre huyó antes de entrar en prisión y sigue en busca y captura.
Los responsables del colegio le han contestado a Carmen que ella aceptó inicialmente, al matricular por primera vez a sus hijos en el centro, que iban a recibir una educación “en valores religiosos”. Ella insiste en que es falso porque “nadie” le preguntó específicamente si los menores iban a estudiar la asignatura de religión o una alternativa. Añade que aquel primer documento hacía alusión a que, si no se admitían esos valores, no se concedía la plaza. Eso, apunta, implica que no se están aplicando los criterios objetivos que se aplican en los centros públicos para el ingreso y es “una especie de chantaje”. En cualquier caso, recuerda que el centro debe hacer la pregunta y muestra los formularios para la inscripción en varios cursos de primaria de los últimos años y del curso que empezará en septiembre. En ninguno de ellos aparece ninguna pregunta sobre este punto. Sí hay formularios para el pago de cuotas por la plataforma educativa o “aportaciones voluntarias a la institución”. Como centros sostenidos con fondos públicos, los concertados son, en teoría, gratuitos, pero aplican cobros que prohíbe la ley
Carmen expone también que, de su situación y de las conversaciones con otros padres, concluye que hay un desconocimiento sobre las obligaciones de los colegios concertados que estos aprovechan para generar confusión: “El tema nos ha sorprendido. No teníamos ni idea de que pudiéramos elegir no hacer religión. El colegio está obligado a decirlo y no lo hizo”. En su caso, expone, la elección del centro se debe a una cuestión de conciliación porque el público queda lejos de su vivienda y obligaba a la familia a “una intendencia muy complicada”. “Y yo asumo que es como uno público, ya que lo sufragamos con dinero que es de todos. No entiendo por qué la Xunta no ejerce el control que tiene que ejercer. El colegio no puede hacer lo que le dé la gana; tendrá un concierto que tiene que cumplir y, si eres el competente [en la supervisión] y tienes una denuncia, lo mínimo es que investigues”, protesta. El centro no ha respondido a las preguntas de este periódico.
Las quejas del alumnado
Esta madre añade que todo empezó a inicios del último curso. Con la llegada de dos nuevos sacerdotes cambió el ambiente en algunas materias, entre ellas la de religión. Hasta ese momento, cuenta, en su familia no habían tenido problema con que los niños estudiasen esa materia -“aunque no somos católicos, vivimos en un mundo eminentemente cristiano y no te viene mal saber de dónde vienen las cosas”, razona-. El conflicto empezó porque los niños comenzaron a quejarse de la actitud de estos sacerdotes y a no querer ir a clase. Lo que les contaban a sus padres era que eran “maleducados” y había “faltas de respeto”. Carmen dice que tratan a los niños “son superioridad” y no se adaptan a la edad que tienen -uno de sus hijos está en los primeros cursos de Primaria-.
De inicio, añade, pensaron que su caso era aislado, pero a finales de curso se abrió un debate en un chat de padres a raíz de que los formularios para la matrícula en Secundaria sí incluían una pregunta sobre la asignatura de religión: “Ha estallado una sensación de malestar”. Se dieron cuenta de que en algunos cursos había empezado incluso una recogida de firmas para pedir que los niños no tuviesen que hacer la asignatura sobre el catolicismo.
Un formulario con religión ya marcada
Carmen matiza que en esa matrícula de Secundaria se pregunta si se desea estudiar religión o una alternativa, pero la primera opción viene ya marcada. “Eso no es elegir”, critica. Obliga a imprimir el documento, borrar la elección y marcar la otra y escanearlo, es decir, pone dificultades para optar por la alternativa. Con este conflicto cuenta que se le plantean dudas sobre si hay más obligaciones que el colegio está incumpliendo. Ella cuenta que se ha descargado textos legales para leer en verano sobre los colegios concertados y el derecho a la educación. Quiere tener claro qué le puede exigir al colegio. También indica que va a presentar una queja en el Ministerio de Educación, ya que “la Xunta no está por la labor de vigilar el cumplimiento”.
Cuestiona una circunstancia más: en el último curso dos niños no hicieron religión en el centro al que acuden sus hijos. Dice desconocer cómo lo lograron. Uno de ellos, señala, es pequeño y ha estado “en un aula aparte con uno de los curas”. Carmen cuestiona que un sacerdote sea el perfil adecuado para los contenidos alternativos a la religión. Tras el “estallido de malestar”, como ella lo describe, ha recibido un correo del colegio en el que los responsables dicen que, si la gente opta por no estudiar religión, los recursos para atender a esa otra asignatura se van a detraer del alumnado con necesidades especiales. Ella lo califica de “manipulación”. “Si quieren impartir religión, pueden renunciar al concierto y ser un centro privado. Es un centro religioso, pero mis hijos no tienen por qué serlo”, protesta.