La Xunta tendrá que pagar un millón de euros en intereses por no responder a un aviso judicial que tenía en 'spam'

La Xunta ha dado por concluida la construcción de la Cidade da Cultura, pero los quebraderos de cabeza que genera el complejo ideado por Manuel Fraga no han cesado. La administración autonómica tiene que afrontar el pago de un millón de euros en intereses por un sobrecoste en las obras porque no vio un aviso judicial que el sistema de correo electrónico no reconoció y envió a la carpeta de spam.

Según publica Praza Pública, todo empezó después de que la constructora FCC reclamase a la Xunta el pago unos sobrecostes en la Cidade da Cultura. El Tribunal Supremo confirmó a finales de 2019 que el Gobierno gallego debía asumir esa cantidad, de 2,5 millones y también los intereses de demora desde 2013. La auditora de la Cidade da Cultura había calculado que esos intereses sería en torno a medio millón de euros, pero FCC presentó ante la Justicia una valoración del doble de esa cantidad. Un juzgado de primera instancia de Santiago se lo comunicó en enero de 2020 a la Xunta y dio un plazo de diez días para que aportase su estimación. No lo hizo, de modo que quedó validada la cifra de la constructora.

El argumento de la Xunta para no haber contestado fue que hubo un error en el sistema de correo y la comunicación entró, pero se archivó en la carpeta de correo basura cuando se le reenvió a la abogada que se estaba ocupando de este caso concreto. Las alegaciones no han sido aceptadas por la Audiencia Provincial de A Coruña, que responde que el fallo era “previsible y evitable” y no un caso de fuerza mayor.

La Xunta ha dado por concluida la construcción de la Cidade da Cultura, pero los quebraderos de cabeza que genera el complejo ideado por Manuel Fraga no han cesado. La administración autonómica tiene que afrontar el pago de un millón de euros en intereses por un sobrecoste en las obras porque no vio un aviso judicial que el sistema de correo electrónico no reconoció y envió a la carpeta de spam.

Según publica Praza Pública, todo empezó después de que la constructora FCC reclamase a la Xunta el pago unos sobrecostes en la Cidade da Cultura. El Tribunal Supremo confirmó a finales de 2019 que el Gobierno gallego debía asumir esa cantidad, de 2,5 millones y también los intereses de demora desde 2013. La auditora de la Cidade da Cultura había calculado que esos intereses sería en torno a medio millón de euros, pero FCC presentó ante la Justicia una valoración del doble de esa cantidad. Un juzgado de primera instancia de Santiago se lo comunicó en enero de 2020 a la Xunta y dio un plazo de diez días para que aportase su estimación. No lo hizo, de modo que quedó validada la cifra de la constructora.