El BNG rechaza el plazo de 15 meses para un pacto por el gallego propuesto por la Xunta: “La situación es de emergencia”

Quince años después de que el Partido Popular consumase la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego y Feijóo impulsase el primer retroceso legal del idioma en la escuela pública, la Xunta ha convocado a los partidos de la oposición para alcanzar un acuerdo en la materia. BNG y Partido Socialista ya habían hecho públicas sus reivindicaciones: derogación del decreto que, entre otras cosas, prohibió impartir asignaturas de ciencias en gallego, y regreso y actualización del plan de normalización pactado en 2004. La nacionalista Ana Pontón se reafirmó a la salida de la reunión que, este jueves, mantuvo con el conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos. Pero rechazó el plazo, 15 meses, que este se ha dado para alcanzar un acuerdo: “La situación es de emergencia”.

Pontón criticó además que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, no estuviese presente en los encuentros. A López Campos lo acompañaba el responsable de Política Lingüística, Valentín García, quien la semana pasada dudaba de los datos de la última encuesta del Instituto Galego de Estatística, según la que uno de cada tres niños de entre 5 y 14 años no saben gallego. La cifra se ha duplicado desde que el PP gobierna la comunidad. “Demuestra su falta de compromiso para revertir el declive de la lengua”, afeó la líder del Bloque a Rueda. Todavía este miércoles, durante la sesión de control, el presidente gallego no aclaró si le sirve volver al Plan Xeral de Normalización Lingüística ni si derogará la normativa vigente en la enseñanza. Envolvió su ambigüedad con un retorno a la retórica ultra de la presunta imposición y relacionó la inmersión lingüística -un método de aprendizaje defendido por pedagogos y profesores- con el bajo rendimiento escolar.

“El BNG va a estar en todas las mesas en las que sea convocado con ideas y propuestas a favor del gallego”, concluyó Pontón. Una posición análoga fue la que sostuvo el Partido Socialista, representado por las parlamentarias Silvia Longueira y Lara Méndez. “Si ahora tenemos la oportunidad de restituir el consenso roto en 2009, el PSdeG va a estar ahí”, aseguró Longueira tras la reunión. La socialista evitó hablar de líneas rojas, se remitió a conocer el plan de trabajo que proponga la consellería y dijo que lo importante es “revertir los datos sobre el uso social del gallego”. “Es fundamental modificar la norma y dotar de presupuestos” la política lingüística, expuso. El BNG concretó más: pide triplicar las partidas presupuestarias de la materia, casi 12 millones de euros en las cuentas proyectadas para 2025, la mitad de lo que dedicó el bipartito en 2009.

Dos diputados del Partido Popular, el grupo mayoritario del Parlamento gallego, fueron los primeros en sentarse con el conselleiro. Carmen Pomar y José Luis Ferro insistieron en una de las más polémicas líneas argumentales de Alfonso Rueda, la que vincula el descenso en el uso del gallego con la llegada de inmigrantes. Y reclamaron la actualización del plan de normalización de 2004, en lo que coincidieron con declaraciones anteriores de las fuerzas de la oposición.