El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere acceso a los expedientes de los contratos de emergencia firmados por la Xunta durante la pandemia, con Alberto Núñez Feijóo al frente de ese gobierno. Es la segunda vez que los nacionalistas piden acceso a una documentación cuyo punto más oscuro tiene que ver con el acuerdo adquirido entre la administración gallega y la empresa Sibucu 360, una compañía sin experiencia previa en el sector sanitario y relacionada con José Ramón García, un conocido empresario de Santiago a quien la justicia inhabilitó por fraude fiscal en 2018.
La primera vez que el BNG pidió el expediente, la Xunta respondió con un informe del Consello de Contas en el que no figuraba ninguna de las informaciones que se requerían. Tras el estallido del caso Koldo, los nacionalistas gallegos quieren insistir en pedir al PP la misma tranasparencia que esta formación solicita a las administraciones del PSOE. Sibucu 360 pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a 31 millones en 2020. Solo uno de los contratos con la Xunta para la obtención de mascarillas se elevaba hasta los 2,3 millones de euros. La compañía, con solo cuatro trabajadores a sueldo en el momento de los hechos, es uno de los puntos más opacos sobre el que la formación de izquierda quiere que la Xunta arroje algo de luz.
En respuesta a informaciones de la publicación digital Galicia Press, Sibucu admite que importó mascarillas “etiquetadas de forma incorrecta” durante la pandemia. En concreto, dice que fueron 80.000 unidades y asegura que ninguna de ellas fue vendida ni a la Xunta ni a la Comunidad de Madrid. Sostiene que fue la propia compañía la que se dio cuenta del error y dio aviso al sistema de alerta rápida para productos no alimentarios de la Unión Europea (Rapex). Agrega que ninguno de los socios de Sibucu tiene relación con el PP o con otro partido político.
Los nacionalistas también quieren saber por qué una parte de las máscaras que llegaron a Galicia a través de ese acuerdo (modelo KN95) estaban afectadas por una alerta del propio Gobierno gallego, a través del Instituto Galego de Consumo (IGC), al contar con certificaciones que no eran aceptadas en España. “Por qué después de esa alerta sanitaria por vender máscaras con certificados falsos, la Xunta siguió contratando con esta empresa?”, se pregunta el diputado Luís Bará. Por todo ello, el BNG exige una auditoria independiente que aclare los procesos de contratación en ese tiempo en el que la urgencia relajó los controles en las contrataciones.
Alfonso Rueda dice no
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado que no tiene “nada que ocultar” sobre la compra de mascarillas en pandemia y ha situado en un intento de “desviar la atención” la petición de una auditoría planteada por el BNG.
“El PSOE es el que más está insistiendo en desviar la atención”, ha manifestado, a preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña, en alusión al caso Koldo y después de ser cuestionado si atenderá la solicitud de la citada auditoría. “Es escandaloso que pasen los días y se quiera echar tierra sobre este asunto y que se haga escapismo, que es lo que está haciendo el presidente del Gobierno”.
“No desviemos la atención”, ha dicho Rueda para indicar que “todas las comunidades autónomas hicieron compras”. Ha explicado, además, que las realizadas por la Xunta fueron auditadas por el Consello de Contas “por lo que no hay nada que ocultar”. “Abrir ahora una causa general sobre esto es simplemente seguirle el juego a los que no quieren que se hable de lo que se va sabiendo”, ha señalado.