El 'Baltargate' persigue a Feijóo
En las hagiografías de Alberto Núñez Feijóo se suele pasar de largo por el 31 de enero de 2010. Aquel domingo el líder del PP gallego, que presidía la Xunta desde hacía nueve meses, acudió al ourensano pabellón de Os Remedios para vivir su más sonada derrota interna. El partido celebraba su congreso provincial y el entorno más cercano a Feijóo había impulsado una candidatura para derribar a José Manuel Baltar, que se disponía a sustituir en la presidencia a su padre, José Luis Baltar.
El candidato de Feijóo obtuvo 433 votos y el heredero del barón provincial, 723, un vapuleo en toda regla que permitió a la familia Baltar mantenerse en la cúspide del poder de uno de los graneros de votos esenciales para la dirección del PP gallego, la misma que ahora intenta digerir el escándalo generado por la denuncia de una mujer que, tal y como desveló eldiario.es, acusa a Baltar hijo de haberle ofrecido un puesto de trabajo en la Diputación a cambio de sexo.
El presidente de la Xunta ha intentado, sin éxito, justificar en los últimos días a su barón provincial de un modo que, lejos de enfriar la polémica, la ha avivado. El escándalo aumenta su dimensión y amenaza con perseguir a Feijóo en plena precampaña de las elecciones generales.
Este martes, mientras el grupo del PP en la diputación ourensana decidía, con Baltar al frente, ausentarse del pleno que debatía monográficamente la reprobación del presidente por este asunto, el Parlamento gallego configuraba el orden del día del pleno de la semana que viene, uno de los últimos antes del 20-D. En ese documento figura que todos los grupos de la oposición con derecho a participar en la sesión de control al presidente, PSdeG, AGE y el Grupo Mixto, instarán a Feijóo a aclarar si apoya o no que Baltar continúe en su cargo y, además, a explicar si mantiene, como afirmó la semana pasada, que la cuestión en este caso es que la denunciante “pretendía que el señor Baltar delinquiese, y no delinquió”.
Feijóo, dice el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, tendrá que explicar “si respalda la actuación de un presunto agresor y, por lo tanto, ampara un caso de violencia de género”. A la oposición, advierte, no le vale con las “increíbles” justificaciones ofrecidas hasta ahora por Feijóo, porque equivalen a avalar una “política de contratación”, la de la Diputación de Ourense, “caracterizada por el nepotismo y ahora, también por las denuncias de violencia de género”. En un sentido semejante, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, avanza que cuestionará a Feijóo por el apoyo a Baltar y su “machismo”.
El gabinete de Feijóo tendrá que responder al menos una cuestión más sobre el mismo asunto en el mismo pleno. Será la formulada por el BNG, que en virtud de las normas parlamentarias aprobadas la pasada primavera, no puede participar en todas las sesiones de control al presidente. No obstante, en el turno de preguntas al resto de miembros del Gobierno, el Bloque cuestionará al Ejecutivo -tendrá que responder el vicepresidente o uno de los conselleiros- por lo que considera “un presunto delito de acoso sexual” atribuido a Baltar y también por el “amparo al acosador” por parte de Feijóo, quien a juicio del portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, ha llegado a “convertir a la víctima en culpable”.
En este contexto, mientras el PP de Ourense sigue dando la batalla por defender a su líder al margen de los argumentarios de la dirección gallega y de la madrileña calle de Génova, en la cúpula del PPdeG cunde la preocupación por la erosión que este escándalo pueda causar en sus expectativas electorales a poco más de un mes para las generales.
“Es evidente que va a incidir” en la campaña, reconoce el portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Pedro Puy. No obstante, forzar la dimisión de Baltar o simplemente amagar con hacerlo podría traer consigo unas consecuencias electorales todavía más perjudiciales para el partido si, por ejemplo, el baltarismo decide que sus 60 alcaldes -Ourense tiene 92 ayuntamientos- deciden no implicarse en la maquinaria electoral y evitan esforzarse en exceso para revalidar los 3 diputados que actualmente tiene en la provincia, que elige cuatro.
