Hace casi un año el Parlamento gallego aprobó en pleno poner en marcha una comisión de investigación sobre la fusión de las antiguas cajas gallegas. La constitución fue en diciembre de 2020 y es el tercer intento de redactar unas conclusiones sobre quién tuvo responsabilidades en los hechos que mediaron entre la existencia de dos entidades independientes, Caixa Galicia y Caixanova, y el nacimiento de un banco que terminó rescatado con 9.000 millones de euros de fondos públicos y subastado. Desde esa reunión para declarar reiniciados los trabajos no ha ocurrido nada más hasta el momento. Las respuestas de la Cámara gallega siguen sin llegar ocho años después de que los antiguos directivos de las cajas, responsables de los organismos reguladores y representantes de las administraciones desfilasen por las salas del Pazo do Hórreo para dar su versión de lo ocurrido.
El primer capítulo del proceso en la Cámara se abrió a mediados de 2013. Comparecieron, entre otros, quienes fueron dos de las figuras con más poder en la esfera económica gallega: Julio Fernández Gayoso, máximo responsable de Caixanova, y José Luis Méndez, quien fue director general de Caixa Galicia y abandonó el proyecto cuando se pactó la fusión de las dos entidades, en 2010. Sobre la mesa, las maniobras de la Xunta para imponer la unión de las cajas gallegas, el escándalo de las preferentes en las que miles de clientes vieron atrapados sus ahorros, o las polémicas prejubilaciones millonarias de varios exdirectivos que acabaron condenados por la Justicia.
En aquel momento las cajas se habían fusionado y posteriormente se convirtieron en un banco, Novagalicia, que todavía estaba bajo la gestión de José María Castellano, aunque por pocos meses. Al cierre de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cerró el proceso de subasta de la entidad, que terminó en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, actual propietario y presidente, y operando bajo el nombre de Abanca.
Los grupos parlamentarios no lograron cerrar aquella legislatura, la novena, con un informe de conclusiones tras lo que habían escuchado de boca de los comparecientes y tras analizar los documentos aportados. Hubo un nuevo intento en la siguiente legislatura. En 2017 los diputados reiniciaron la tarea, pero tampoco llegaron a culminarla. Entre los obstáculos, la negativa de la Xunta a remitir varios informes de la Consellería de Facenda en favor de la fusión. El Gobierno gallego fue condenado por ello.
Ahora, casi un año después de la tercera declaración de intenciones, la hoja de avances sigue en blanco y los grupos no han llegado a un acuerdo ni siquiera sobre el calendario y los plazos. El 11 de diciembre de 2012, bajo la presidencia del jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, mantuvo su primera y única reunión, la que sirvió para constituirse y nombrar al popular José Manuel Rey Varela presidente de este órgano.
Tras la constitución de la comisión el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, lanzó un mensaje poco esperanzador: muchos de los órganos de este tipo “no llegaron a resultados” nunca. Según su postura, citada por Europa Press, la explicación es que los hechos se sometieron a procesos judiciales.