La Diputación de Pontevedra y el PSdeG han cargado contra la Xunta por “excluir” a las mujeres de la directiva de la sociedad de colaboración público privada articulada por el Ejecutivo autonómico para la gestión de fondos europeos y cuya composición, integrada por nueve personas, todos ellos hombres; fue presentada el lunes en la Cidade da Cultura.
Este martes, la presidenta provincial pontevedresa, Carmela Silva, ha remitido una carta dirigida al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que demanda que rectifique la “insólita e incomprensible decisión” de que el consejo de administración de la 'Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos de Galicia' esté compuesto exclusivamente por hombres.
En concreto, este órgano articulado por la Xunta para gestionar los fondos europeos de recuperación está presidido por el número tres de la Administración autonómica, Francisco Conde, que encabeza un órgano que cuenta con la participación de representantes de Abanca, Reganosa, Sogama, otros miembros del Ejecutivo gallego, el expresidente de la Xunta Fernando González Laxe y el catedrático de la UVigo Santiago Lago.
En este sentido, Silva censura que la sociedad vaya a estar dirigida por un órgano sin mujeres y que el Gobierno de Feijóo incluso haya dejado fuera de la directiva a conselleiras del ejecutivo.
Esto, a juicio de la presidenta, supone “desperdiciar el enorme tanto de muchas mujeres galllegas muy potentes en campos como la economía, la industria, el medio ambiente, el urbanismo, la moviliad, la demografía” y otros.
“Una administración pública que defiende la igualdad, por lo menos en los discursos públicos, debe tener una actuación inequívoca, predicar con el ejemplo y corregir a la máxima urgencia esta disfunción que consideramos inaceptable y lamentamos profundamente”, hace hincapié Silva en su misiva.
La presidenta provincial termina su carta con el recuerdo de que uno de los “grandes objetivos” de los fondos de recuperación es fomentar la igualdad de genéro, por lo que califica de “intolerable” la “falta de representación del 50% de la población” en este órgano que, por lo tanto, “no puede representar de ninguna de las formas a la sociedad gallega”.