Empleados públicos protestan por el abuso de la temporalidad en la Xunta de Galicia: cuando te contratan para abrir un centro de día y el encargo se alarga 13 años

Cuando, tras el Consello de la Xunta del pasado 3 de diciembre, se anunció la convocatoria de una oposición para cubrir 1.276 plazas en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, buena parte de los trabajadores de este ente comenzaron a preocuparse. La temporalidad entre las 1.500 personas que componen la plantilla alcanza el 92% y existen numerosos casos de contratos iniciados para un servicio y un tiempo determinados hace 13 años que se mantienen sin cambios hasta la actualidad. Sin una plaza ganada de forma fija, ahora se enfrentan a unas pruebas a las que pueden acceder en igualdad de condiciones otros aspirantes y temen no aprobarlas y que su trabajo se esfume tras años de dedicación.

“Tendríamos la misma opción de entrar que una persona recién graduada. No tienen la experiencia, pero sí el hábito -de estudiar- y la teoría más reciente”, expone Lorena Alvite, presidenta de Asociatem, una asociación en la que se han agrupado casi 300 personas con contratos temporales en fraude de ley en el Consorcio. Apunta también que pueden presentarse a las oposiciones candidatos que no tienen cargas familiares y disponen, por lo tanto, de más tiempo para prepararse. Manuel Santano, otro de los afectados, señala que el perfil entre los que ya trabajan en este ente público es de personas de más de 30 y 40 años con menores o mayores a su cargo.

El Consorcio lo integran la Xunta, 284 ayuntamientos y cinco mancomunidades. Gestiona servicios sociales como centros de día y residencias para mayores -de él dependen 64 centros, 11 residencias y seis viviendas comunitarias- y la red gallega de escuelas infantiles, las llamadas Galiñas Azuis, que son 145 en la actualidad, de acuerdo con la información de su sitio web.

Lorena Alvite superó en 2007 un concurso-oposición para entrar a trabajar en el recién creado ente -nacido un año antes, bajo la dirección del entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana (BNG)-. El contrato que firmó, como trabajadora social, era de carácter temporal para la apertura y puesta en marcha del centro de día de Carnota (A Coruña). 13 años después sigue teniendo ese mismo contrato, pese a que las instalaciones se abrieron, se cerraron y se trasladaron al municipio vecino de Muros.

En una situación similar, con largos contratos temporales, se encuentran centenares de empleados, agrega y explica que esto supone que están “en fraude de ley”. A los tres años, el puesto se considera estructural y la plaza debería cubrirse de forma fija, pero esto no llegó a suceder en este tiempo. Las oposiciones anunciadas, todavía sin fecha, abren la puerta a que todos los candidatos se presenten en igualdad de condiciones al examen y, solo si lo superan, se valore la experiencia, dice Alvite.

Está prevista una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que, de acuerdo con el borrador, introducirá criterios para abordar estos casos y sancionará el abuso de la temporalidad. No obstante, los trabajadores del Consorcio creen que las oposiciones serán antes de que esa nueva norma entre en vigor. “Ni nos hacen fijos ni nos dejan esperar a que el Estatuto se modifique ni nos dan ninguna opción. Nos mandan a la guillotina directamente”, protesta la presidenta de Asociatem.

Demandas judiciales

Alvite señala otro posible conflicto derivado de esta situación: “Si convocan ahora esa oposición y yo la pierdo, pero después gano en el juzgado, hay dos personas en el mismo puesto”. Manuel Santano, que es asesor jurídico en el Consorcio, explica que algunos empleados han presentado ya demandas para que se les reconozca “el carácter indefinido de la relación laboral” y, en muchos casos, la justicia les ha dado la razón. También hay demandas que reclaman que se reconozca el puesto como fijo. En Galicia cita el caso de una trabajadora del Ayuntamiento de Pontevedra que ha ganado el pleito.

“La Xunta ahora convoca oposiciones para eliminar la temporalidad, pero se puede presentar todo el mundo, no solo el personal en abuso -de temporalidad-”, critica Santano. Cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en marzo de este año, recriminó a España el uso abusivo de contratos eventuales en la administración pública. El fallo indica que se deben sancionar estos comportamientos, pero lo deja en manos de los jueces españoles. Él prevé que buena parte de los actuales trabajadores no pasarán el examen y deberán ser compensados por la extinción del contrato.

Señala también que la mayor parte de los empleados del Consorcio superaron una oposición en su momento para acceder a sus puestos y considera que “no son justificables” otras pruebas tras 13 años “demostrando que prestan el servicio correctamente”. Santano sugiere al Gobierno gallego que diseñe un proceso “restringido” para que quienes ya están trabajando puedan consolidarse como titulares de su plaza y que esta sea fija. Pide a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que los reciba para negociar y avisa de que “se está empezando a hablar de una huelga”.

Fuentes de este departamento del Gobierno gallego señalan que la convocatoria de oposiciones cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos para “estabilizar el empleo” en el Consorcio y que está por definir cómo y cuándo va a ser la prueba selectiva. La Xunta acordó en 2017 con UGT, CC.OO. y CIG que el personal de este organismo se integrase en el convenio colectivo del personal laboral de la administración gallega.