EiDF, una firma de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo de empresas fundada en Barro (Pontevedra) en 2008, valía en abril de este año unos 1.700 millones de euros. Ahora, el último dato del mercado la sitúa en poco más de 225 millones. Lo que separa a una cifra de la otra, además de casi 1.500 millones de euros, son cuatro meses de suspensión de la cotización, acusaciones de ocultación de información y un encontronazo con el organismo que supervisa la bolsa en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así pasa una empresa de liderar en 2022 el crecimiento en el mercado en el que cotiza -el BME Growth- a perder, en una semana, el 87% de su valor.
El primer episodio se abrió en abril, con el retraso en presentar las cuentas auditadas de 2022, un requisito que tendría que haber cumplido al cierre de marzo. Dos semanas después de que venciese ese plazo, la CNMV suspendía la cotización de EiDF, que salió a bolsa en 2021, en el mercado de valores emergentes, el BME Growth. Estaba preparando su paso al mercado continuo; en aquellos momentos su capitalización la hacía comparable a empresas como NH Hoteles o Metrovacesa. Cuando, pocos días después, la compañía gallega reconoció que lo que ocurría era que había problemas con la auditoría de sus estados financieros, achacaba las discrepancias precisamente al proceso de preparación para dar ese salto al mercado mayor.
En su proceso de puesta a punto había contratado para la asesoría financiera y contable a KPMG, decía en un comunicado del 19 de abril firmado por el presidente, Fernando Romero. Las tareas se desarrollaban solapadas en el tiempo con el trabajo de auditoría encargado a PricewaterhouseCoopers (PwC) y se habían “puesto de manifiesto determinadas cuestiones” con un “impacto relevante en su informe de auditoría” y que iban a obligar a retrasar la entrega de la información financiera más allá del siguiente plazo, que era el 30 abril. Solo unos días después, EiDF comunicaba que había contratado a otra auditora, Deloitte, para hacer lo que se conoce como forensic: una investigación interna para arrojar claridad en las discrepancias con PwC. Los puntos problemáticos eran las operaciones hechas por la empresa con sus socios, el estado de las obras facturadas y la deuda.
La situación de EiDF volvió a la actualidad en pleno agosto. Presentó sus cuentas corregidas y los informes de auditoría. El grupo había registrado unas pérdidas de 2,7 millones de euros en 2022 y tenía un fondo de maniobra -la capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo- negativo de casi 21 millones de euros.
Pero lo más llamativo era que, en sus conclusiones, PwC destacaba la “existencia de debilidades significativas en el modelo de gobierno corporativo y el sistema de control interno”, en especial en gestión de contratos, seguimiento de proyectos y partes vinculadas. Pese a que admitía que la sociedad había corregido las cuestiones indicadas y había empezado a tomar medidas para mejorar el control interno, la auditora aún tenía reservas: “No nos es posible asegurar totalmente que no pudieran surgir otras cuestiones no identificadas hasta el momento que, en su caso, pudieran suponer otros posibles errores y/o contingencias no recogidas en las cuentas”. Y, en relación con el fondo de maniobra negativo, cuestionaba la misma viabilidad de la empresa: “Existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad -EiDF- para continuar como empresa en funcionamiento”.
En un comunicado, la empresa replicaba que ya estaba implementando medidas de mejora y apuntaba a su “vertiginoso crecimiento” como “un reto organizativo” que le estaba requiriendo más esfuerzos. Enumeraba también una serie de operaciones realizadas, tras las que concluía que su fondo de maniobra pasaba a ser positivo en 3,3 millones de euros.
El desencuentro con la CNMV
Con la auditoría de PwC, la empresa gallega publicó también, a través de la página de BME Growth, un resumen del informe forense encargado a Deloitte, en el que incluía sus argumentos contra las críticas expuestas. La CNMV reaccionó con un comunicado en el que consideraba que ese documento no era lo que le habían solicitado a EiDF: “La información publicada es incompleta e incluye omisiones muy relevantes”. Según el organismo supervisor, el informe de Deloitte incluye “evidencias de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía”. Le dio un plazo de tres días a EiDF para remitir la información solicitada “sin realizar matizaciones comentarios o añadidos”.
La empresa gallega se rebeló. En su réplica defendió que lo que le había pedido la CNMV era un resumen del informe forensic y que no había “nada” en lo publicado “que se aparte o no conste expresamente” en ese documento. Si lo que se pretendía era que se reprodujese literalmente el texto, añadía, “así se debería haber hecho constar en el requerimiento cursado. Y no se hizo”.
Las conclusiones de Deloitte: “Posible falsificación de contratos”
De acuerdo con el resumen remitido por EiDF, Deloitte habla de una concentración de poder en Fernando Romero señalando el “fuerte liderazgo que detenta en la compañía el CEO y principal accionista” tanto en el aspecto comercial, como en el financiero y el desarrollo de negocio.
En el análisis de la relación con los socios, se detiene en el caso de Albujón, con la que el informe forense ve una vinculación indirecta de Romero porque su hermano fue su administrador único entre 2017 y 2022. Hay tres contratos entre las dos empresas, añade, que Deloitte considera que “fueron confeccionados posteriormente, con el aparente objetivo de justificar la relación” y facturas emitidas que “podrían no corresponder con servicios efectivamente prestados por Albujón”.
EiDF replica, en respuesta a este diario, que “no ocultó información” y que las publicaciones hechas contienen “toda la información relevante” y lo hacen “cuantificando su efecto” con los comentarios añadidos. Lo justifica porque “dar la información sin cuantificación del efecto puede dar lugar a interpretaciones erróneas”. Expresa su malestar con la situación en la propia respuesta a la CNMV, en la que señala que las conclusiones jurídicas a las que llega el informe de Deloitte “han sido ya sometidas a dictamen de un despacho de reconocido prestigio” para estudiar si la inclusión de las mismas “puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad a sus autores”.
Un 87% menos de valor
En medio del enfrentamiento, la CNMV comunicó que levantaba la suspensión de la cotización a EiDF. Cuatro meses después, los accionistas pudieron volver a operar con los títulos de la empresa gallega el lunes 25 de agosto. El resultado fue una caída libre a lo largo de la semana que dejó su capitalización lejos del máximo de más de 1.700 millones de euros al que llegó en abril. Al cierre de la sesión el viernes, valía menos de 226 millones de euros. El desplome es del 87%.