Galicia tiene su propio 'caso Aguirre'
El incidente protagonizado por Esperanza Aguirre hace unos días con unos agentes de movilidad en Madrid sigue ocupando portadas y dando mucho, mucho que hablar. Lo que se le critica a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no es tanto la infracción cometida en un primer momento (estacionar su vehículo en el carril bus) como el desprecio y la prepotencia mostrados ante las indicaciones de los agentes. La igualdad de derechos y deberes entre un político y cualquier otro ciudadano es uno de los conceptos más escuchados en muchas tertulias que siguen tratando esta cuestión: “cualquier ciudadano que hubiera huido de la autoridad, esa noche habría dormido en el calabozo”, destacó el socialista José Quintana.
Al hilo de la polémica abierta por Esperanza Aguirre, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acaba de poner sobre la mesa una situación que cree equiparable y que afecta a la diputada gallega del PP Ana Belén Vázquez, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Interior del Congreso. El pasado 18 de noviembre, el sargento de la Guardia Civil de Bande multó a la diputada por una infracción de estacionamiento y por no tener superada la ITV. La AUGC denuncia que desde entonces tanto la diputada como su marido, el alcalde de Bande, Juan Antonio Armada, iniciaron una serie de presiones destinadas a provocar el traslado de este agente.
La AUGC señala que en los últimos meses el regidor “se esforzó poco por dar ejemplo a sus vecinos en el cumplimiento de la ley, pero sí parecía más interesado por instigar a la población contra los agentes del puesto, a los que acusaba en los medios de conducta arbitraria y caprichosa”. A este respecto, un informe del Jefe de la Comandancia de Ourense relata cómo el agente “se vio involucrado en una serie de incidentes, entre ellos denuncias penales y quejas de ciudadanos, que motivaron una serie de procesos penales e informaciones internas, siendo archivados en su totalidad”.
La asociación concluye que “los dos cargos parecen ignorar que las normas de tráfico están para ser cumplidas por todos” y cree que la Dirección Adjunta Operativa “debería apoyar y defender la labor de este mando y de sus agentes”, sobre todo “cuando en su poder obra el informe del Jefe de la Comandancia en el que se exime de toda responsabilidad al sargento y a los guardias civiles de Bande”. La AUGC denuncia que “por el contrario, optó por la fórmula caciquil: complacer a los cargos públicos y a los infractores quitándoles de en medio al sargento”.
La entidad AUGC se pregunta asimismo si la Guardia Civil le “consultará a la señora diputada y al señor alcalde el nombramiento del próximo sargento”. Y considera “un hecho grave” cualquier intento de coaccionar a un agente, una “gravedad que se incrementa si la coacción parte de un personaje público con la responsabilidad de la señora diputada Ana Belén Vázquez”, sobre todo por su cargo en la Comisión de Interior. La asociación también le pidió a la Fiscalía que abra diligencias por si pudiera existir delito en estos hechos.
