Hace 40 años Galicia salió a la calle para exigir autogobierno
El 4 de diciembre de 1977 fue una de las fechas clave de la Transición Política. Si esto no es todavía reconocido por el poco flexible y simplificador relato oficial es seguramente por la escasa atención que este le ha prestado a los procesos surgidos desde la periferia. Aquel día cientos de miles de personas se manifestaron en Andalucía en demanda de autogobierno, unas marchas que sólo en los últimos tiempos se comienzan a conocer en el resto de España. Pero ese día también medio millón de gallegos y gallegas se manifestaron en las principales ciudades gallegas reclamando un Estatuto de Autonomía de primer nivel, siendo el proceso gallego aún más desconocido en el resto del Estado. Eran las reivindicaciones gallega y andaluza las demandas de dos territorios empobrecidos y emigrantes, que entendían la posibilidad de autogobernarse como una manera de superar su retraso económico del que, en parte, se culpaba a políticas centralistas.
Las reivindicaciones nacían también del ejemplo catalán y vasco, que ya habían iniciado los procesos de restitución de sus instituciones de autogobierno. En realidad, el motor de todo el proceso autonómico durante la Transición fueron las reivindicaciones catalanas y el punto partida de las preautonomías fue la Operación Tarradellas, una inteligente jugada de Suárez consistente en el restablecimiento de la Generalitat en la figura de su presidente en el exilio que, a la vez, servía de contrapeso al poder de la izquierda (PSC-PSOE y PSUC) en la Asamblea de Parlamentarios catalana. Para la instauración del poder gallego preautonómico se pensó también en una personalidad galleguista que aportase legitimidad histórica al nombramiento (como se había hecho con Tarradellas en Catalunya y se intentó hacer con Leizaola en Euskadi). Sonaron mucho García-Sabell, González López, Paz Andrade o Iglesias Corral y llegó a haber contactos serios con Bibiano Fernández Osorio-Tafall, que había sido presidente de la Comisión encargada del Estatuto de Autonomía de 1936, pero la iniciativa no fue adelante.
El año 1977 avanzaba sin novedades para la preautonomía gallega, generando un creciente malestar, que motivó la organización de las manifestaciones del 4 de diciembre, apoyadas por la mayor parte de los partidos, desde la UCD al PC, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Había en estas convocatorias una gran dosis de simplismo: pocos sabían realmente lo que implicaba el autogobierno, pero se confiaba en él como una forma de mejorar la situación del país; había, además, una sensación de agravio comparativo con Cataluña y Euskadi. “Pra que non sigan decidindo por nós. Pra que a nosa terra escomence a ser nosa. Por unha autonomía que poda solucionar realmente os nosos problemas”, se podía leer en las pancartas que encabezaban la marcha de Vigo, la más numerosa (300.000 personas). Los periodistas Manuel Rivas y Xosé Antón Gaciño criticaron en un libro publicado años más tarde la “ambigüedad” de la convocatoria, de la que dicen que “no se supo enmarcar en un proyecto más ambicioso (...) Faltó perspectiva en unos, y voluntad en otros, para articular aquel potencial”.
La prensa gallega apoyó de forma rotunda las movilizaciones, titulado el Faro de Vigo a cinco columnas: “Testimonio unánime de Galicia por la autonomía”, o La Voz de Galicia: “Galicia clamó por la autonomía. Gigantesca movilización popular”. El Ideal Gallego le dedicó un editorial a las manifestaciones en el que destacaba que “La idea de una nueva tierra, de un modo de regirla y de gobernarla, ha calado profundamente en el pueblo gallego, rompiendo claramente con los esquemas hasta ahora implantados (...) El domingo fue un día grande para todos los que de verdad nos sentimos gallegos”.
Ya en ese momento las manifestaciones gallegas tuvieron un eco muy escaso en Madrid, y por ejemplo prácticamente no merecieron la atención del Telediario de TVE o de la prensa escrita, que sí recogió las marchas igualmente numerosas de Andalucía. Sin embrago, sí que supusieron un toque de atención. En cierta manera no se esperaba una reivindicación de autogobierno tan sólida en Galicia y el propio El País calificó de “éxito sorprendente” el resultado de las manifestaciones. Un mes antes el periódico madrileño -intelectual orgánico del proceso de Transición- había publicado un editorial que afirmaba que fuera de Cataluña y Euskadi “el régimen provisional de esas autonomías (...) sólo se justifica allí donde sea una exigencia popular mayoritaria y la solución de una situación potencialmente explosiva”. “Tal vez Canarias”, añadía. Por el contrario, dos días después de las manifestaciones del 4 de diciembre, el periódico publicó un nuevo editorial en el que reconocía que la autonomía de Galicia no era “creación artificial” y advertía “que nadie pierda de vista el carácter popular del autonomismo galaico, que avanza pausada, pero severamente”. De hecho, para el periodista Xavier Navaza, la manifestación “influyó sobre todo en UCD. A partir de aquel momento, no le quedó otro remedio que concederles a los suyos (a la UCD gallega) la apertura de un debate autonómico en Galicia”.
Finalmente, el 10 de marzo de 1978 Galicia obtuvo su régimen preautonómico, abriendo el camino para otros territorios. El 11 de abril Antonio Rosón fue elegido presidente de esta primera Xunta.
El otro 4 de diciembre
Sin embargo, hubo otro 4 de diciembre que quedó marcado en la historia de Galicia, exactamente dos años después, también ligado a la demanda de autogobierno. El 4 de diciembre de 1979 más de cien mil personas (200 mil según los organizadores) se manifestaron de nuevo contra el conocido como aldraxe (agravio) en unas marchas lideradas por PCG, Unidade Galega (POG, PSG y PG) y el PSOE. Aunque la participación fue sensiblemente inferior a la que habían registrado las marchas celebradas en 1977, el contenido político de esta movilización fue mucho más concreto y denunciaba la discriminación que la gobernante UCD pretendía aplicar a Galicia.
A lo largo de 1978 el ministro para las Regiones en el primer gobierno democrático, el andaluz Clavero Arévalo, se embarcó en una operación de sembrar el Estado de regímenes provisionales de autonomía, en un intento de evitar que la reinstauración de las autonomías catalana y vasca pareciera un privilegio otorgado a las zonas más ricas del Estado. Galicia comenzó a elaborar su Estatuto de Autonomía. Sin embargo, una vez que habían sido aprobados en referéndum los textos estatutarios vasco y catalán (en el verano de 1979) el Gobierno de Suárez (con el apoyo editorial de la prensa capitalina del Estado y de importantes sectores del PSOE) decidió que había llegado el momento de racionalizar el proceso autonómico. Y a Galicia, como tercera y última nacionalidad histórica, le tocaba el papel de chivo expiatorio, de tapón, de ejemplo limitador para los restantes territorios, comenzando por Andalucía.
La Comisión Constitucional del Congreso recortó notablemente el estatuto que había sido redactado en Galicia, lo que dio lugar a las protestas los partidos de izquierda, a vigilias en 17 de los mayores ayuntamientos del país y a rotundos titulares en la prensa gallega, como el del 22 de noviembre de 1979 de La Voz de Galicia, que en su portada llamaba a cinco columnas a manifestarse: “En defensa de la dignidad nacional de Galicia”. En estas marchas, convocadas en pocas horas, participaron entre 40 y 80 mil personas según las fuentes. En la madrugada del 21 al 22 de noviembre, la Comisión Constitucional aprobó el Estatuto, muy recortado (prácticamente una carta otorgada sin apenas competencias) con el voto a favor de la UCD y en contra de PSOE y PCE y la ausencia de AP, nacionalistas vascos y catalanes.
Por el contrario, la prensa madrileña, encabezada por El País, defendió en varios editoriales que la autonomía debía quedar reservada para catalanes y vascos: “la pretensión de que los graves azotes del subdesarrollo, la emigración, el paro y la pobreza, comunes a Galicia y a Andalucía, van a resolverse mágicamente con las superestructuras de las instituciones de autogobierno es evidentemente ilusoria”, decía el periódico. Este editorial fue respondido por otro de El Ideal Gallego, titulado “Galicia Humillada”, que afirmaba que “Cuando los insultos de esa categoría se aplican a un país secularmente marginado y oprimido por un poder central y cuando pueden llegar a salpicar el recuerdo de hombres como Bóveda, fusilados por defender la autonomía de Galicia, el insulto se convierte en provocación”.
Quedaba por delante un año de tiras y aflojas de una UCD que buscaba enfriar el ambiente contrario al recorte y, a la vez, un pacto con el PSOE para reformar el Estatuto. En el verano de 1980, con el Gobierno de Suárez ya muy debilitado, la UCD accedió a modificar el texto en el conocido como Pacto del Hostal, en el que participaron AP, PSOE, UCD, PCG y PG, restaurando una parte importante del Estatuto original, pero no todo.
