El personal laboral del sindicato CCOO en Galicia cumple medio mes en huelga en protesta por la falta de acuerdo para renovar el convenio colectivo, que no se actualiza desde 2014, y subir los salarios. Quienes mantienen la movilización son medio centenar de empleados, dedicados a cuestiones administrativas y legales fundamentalmente y entre los que no se incluyen los sindicalistas. En estos días no ha habido acercamiento con la dirección del sindicato y el conflicto no da muestras de ir a resolverse pronto, por lo que los trabajadores han creado una caja de resistencia, es decir, un fondo nutrido con donaciones para apoyar económicamente a quienes están en huelga y contribuir a que la puedan mantener.
Desde hace nueve años el convenio está “congelado” en cuanto a retribuciones y otros beneficios, dice la presidenta del comité intercentros de CCOO en Galicia, Nieves Guantes. Hubo únicamente un incremento del 1,9% en 2019, pero a cambio de que los trabajadores renunciasen a otros aspectos, como el derecho a jubilarse a los 65 años. Al sentarse a negociar el convenio para el periodo 2020-24, dice, las reclamaciones de la plantilla fueron “lo mismo que pide el sindicato para los trabajadores de España”. En concreto, planteaban subidas de entre el 2% y el 3,5% en esos años. En total, su última propuesta es un alza del 14% a lo largo de cinco años. Lo que ofrece a día de hoy CCOO es un 7,5% de subida en ese periodo, según Xesús Castro, secretario Institucional del sindicato.
Guantes asegura que los empleados arrimaron el hombro con las dificultades económicas del sindicato en 2014, pero ahora consideran que las cuentas están saneadas y que lo que ocurre es que han tomado una “decisión político-sindical” según la cual dirigen los fondos disponibles “a otras cosas, pero no a los trabajadores”. “En casa del herrero, cuchillo de palo”, dice. Recuerda que habla de 51 personas que están contratadas por CCOO y no son “ni sindicalistas ni voluntarios”. También critica la actitud de los responsables del sindicato, liderado por Amelia Pérez desde mayo de 2021, ante el conflicto. “Yo llevo aquí 35 años y es la primera vez que la dirección no negoció con nosotros”, asegura. A algunos de los encuentros envió a dos trabajadoras, también ellas mismas contratadas y que, razona, “solo eran recaderas, no podían negociar”.
Las conversaciones quedaron rotas el pasado mes de octubre, después de iniciarse a principios de 2022. Desde entonces hubo nuevas reuniones con la intermediación del Consello Galego de Relacións Laborais, pero no hubo acuerdo y la propuesta que había hecho la dirección del sindicato fue retirada cuando los trabajadores anunciaron en enero que iban a la huelga indefinida desde el día 23 de ese mes. Los intentos posteriores por acercar posturas tampoco han estado exentos de conflicto: un encuentro convocado para la pasada semana se anuló porque los trabajadores están convocando concentraciones ante los lugares de trabajo. “Nosotros pedimos talante negociador”, justifica Xesús Castro, que indica que hay otra reunión solicitada para los próximos días.
El representante de la cúpula de Comisións Obreiras argumenta que no tienen suficiente margen de maniobra para llegar a lo que piden los trabajadores. “No somos una empresa en el sentido tradicional. El dinero que tenemos es el de las cuotas de los afiliados, que tenemos congeladas, y tenemos un tope porque abocaríamos al sindicato a la ruina”, expone. La diferencia entre el 14% que pide la plantilla y el 7,5% que ofrece el sindicato es “muy grande”, recalca. La subida reclamada es “inasumible” en opinión de la dirección y, en caso de acceder, terminaría generándose un problema en el futuro que llevaría a “tomar otras medidas”. “Y nosotros queremos mantener el empleo”, agrega Castro. También insiste en que “el punto de partida no era precario” y que los salarios están por encima de los de compañeros de otros sindicatos y de trabajadores del sector de oficinas.
Los sueldos rondan los 1.200 euros netos al mes para los trabajadores de administración, que tienen dos pagas extra anuales, indica Guantes. En el caso de los técnicos, que son abogados, las cantidades son superiores y se sitúan en torno a los 1.900 euros. La presidenta del comité intercentros insiste en que las cantidades llevan años congeladas y que el actual es un contexto de inflación en el que el propio sindicato ha reivindicado subidas en general.
La caja de resistencia
Esta es la tercera semana de huelga y la situación de algunos trabajadores empieza a resentirse. Guantes explica que ese es el motivo por el que han creado una caja de resistencia, que ha reunido por el momento algo más de 3.300 euros. Los han aportado sobre todo otros trabajadores de CCOO, sindicalistas en activo y afiliados de la Federación de Pensionistas y Jubilados. “No vemos solución [al conflicto] y hay situaciones complicadas y se ven abocados a reincorporarse por un tema económico. No aguantan más”, señala. Con los fondos de la caja de resistencia pretenden que no sea el agobio por la merma de ingresos el que lleve a abandonar la protesta.
Los trabajadores dicen que las consecuencias del paro son evidentes. En las sedes, señalan, la atención telefónica es “casi imposible”. Guantes destaca que “los afiliados están sin atender” y cree que esto es muestra de que “el sindicato les importa poco” a los miembros de la dirección. Por el momento aseguran que van a mantener las convocatorias de concentraciones y que se plantean llevar la protesta a Madrid o convertirla en un encierro. “No aguantamos más. No soportamos este ninguneo y esta falta de respeto”, protesta. Compara la situación con la de otras comunidades autónomas. En Valencia se ha evitado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 25 trabajadores, dice. En Galicia ya se afrontaron dos procesos de despidos “aplicando la reforma laboral, con 20 días por año trabajado”. En otros lugares admite que también hay dificultades, pero cree que en ninguno la situación está “tan mal” como en la organización gallega.