Cuando, en 2019, el colectivo Defende a Galega ganó el Premio José Couso de Libertad de Prensa, una orden directa de la cúpula de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) prohibió contarlo en antena. Se demostraba así, por un lado, lo merecido del galardón y, por el otro, lo necesario de ese movimiento, antecedente directo de la huelga de este fin de semana, que coincide con su Venres Negro número 253.
En el Parlamento –el único lugar donde se le puede escuchar, dada su negativa a conceder entrevistas–, el director general de la corporación defendió sin rubor esta medida inédita: “A la hora de tomar decisiones de lo que se emite o se deja de emitir, tú tienes que balancear el derecho de la información con otro tipo de derechos”. En este caso, la batalla se libró entre “la protección del derecho legítimo a la información” y “la protección de la marca y de la reputación de la propia organización de la CRTVG”. Salió cruz.
El que usa el anglicismo balancear por equilibrar no es otro que Alfonso Sánchez Izquierdo (Sidi Ifni, Marruecos, 1949); nominalmente, la máxima autoridad en los medios públicos gallegos. En realidad, desde la llegada de Feijóo a la Xunta, ese cargo lo venía ejerciendo la todopoderosa Mar Sánchez Sierra y, viendo la enorme presencia que el líder del PP sigue manteniendo en la que era su tele, no descartemos que lo siga haciendo. Pero, sobre el papel, él es quien manda.
Sánchez Izquierdo, el más longevo de los directores generales que se han visto por San Marcos, podría haber dado un máster sobre okupación de despachos al mismísimo Carlos Lesmes. Pero es lógico: cuando te gastas casi 70.000 euros en una reforma que hubiese sonrojado a Méndez Romeu, no es cosa de cedérselo al primer advenedizo que pase. Aunque para ello haya que retorcer un poco la ley.
Desde 2011, la Lei de Medios de Galicia exige una mayoría cualificada para nombrar al director general de la CRTVG. Cinco años después, y ante la falta de acuerdo para la renovación, el PP introdujo una reforma por la puerta de atrás, en la ley de acompañamiento de los presupuestos: “Si en este momento no estuviese elegida la persona titular (…) el ejercicio de sus funciones corresponderá transitoriamente a la persona que sea titular de la dirección general de la Compañía”.
Sánchez Izquierdo lleva así más de una década en una situación “transitoria” de interinidad que haría explotar la cabeza a cualquier inspector de trabajo. Eso sí, las retribuciones previstas en 2023 para este interino alcanzan los 101.181,52 euros. Son casi 10.000 más que hace tres años y 13 mil por encima del sueldo del presidente de la Xunta. Normal que siga aferrado al sillón y se niegue a jubilarse. Es difícil pasar a mejor vida.
El factor ourensano
Nuestro hombre llegó al cargo en 2009, tras la derrota del bipartito y con el apoyo del PSOE a su nombramiento. Los socialistas estaban entonces liderados por Pachi Vázquez y es seguramente en el factor ourensano donde hay que buscar la razón de ese respaldo. El que fuera alcalde de O Carballiño y conselleiro de Medio Ambiente presumía de que era posible hacer carrera política teniendo como enemigo a La Voz de Galicia. En el feudo de los Baltar, eso sólo tiene una vía posible: contar con el apoyo del periódico “de Ourense y su provincia”, La Región. Y ése era, desde los albores de la democracia, el reino de Sánchez Izquierdo.
Titulado en 1973 por la Escuela de Periodismo de la Iglesia, ese mismo año entra a trabajar para los Outeiriño como redactor y en menos de una década será ya el director general. Ya es director en 1981, durante las primeras elecciones autonómicas, cuando el periódico publica en portada, en plena jornada de reflexión, un editorial titulado “Vota UCD”. “Una barrabasada”, admite el propio Sánchez Izquierdo en A prensa en Galicia na Transición (Marcos Pérez Pena, Edicións Xerais, 2016). “No nos quemaron de milagro y no fuimos a la cárcel de puro milagro (…) Yo mismo llegué a estar procesado por este asunto”.
Según cuenta, fue una decisión de su editor, muy vinculado a Pío Cabanillas. “Aunque la ley no lo permita, lo vamos a hacer, primero porque tenemos la convicción moral y segundo porque quiso hacer una apuesta que, al final, le salió bien”. Más allá del carácter pionero de aquella decisión (hace tiempo que la prensa, sobre todo la conservadora, decidió que jornada de reflexión era poco más que un eufemismo… y quizá en esto no anden equivocados), el joven Alfonso demostraba ya una capacidad innata para bordear la legalidad cuando las órdenes lo exigiesen.
En la charla con Pérez Pena mira hacia atrás con nostalgia. “Había muchísimos periodistas que estábamos en el doble frente. Era muy frecuente el periodista que era periodista de noche y político de día, porque estaba vinculado a movimientos de oposición; por ejemplo, mi caso. Yo estaba en la célebre Junta Democrática, de la que era militante, así que mi acción ¿era periodística o política? Quizás las dos cosas”. Vamos, como ahora. Sólo que, como Tamames, ha cambiado de bando.
Es lo que piensan algunos de sus compañeros de entonces, los que se movían en el entorno de la revista Teima o quienes trataron de crear el Sindicato Galego de Traballadores da Información. “Alfonso era la referencia progresista en Ourense, el tipo al que ibas a ver cuando llegabas a la ciudad y bajabas del bus”. Hacen un retrato de un “periodista demócrata”, con contactos con el mundo de la cultura y de trato afable. “Es cierto que no solía opinar; escuchaba y sonreía, pero no te daba con la puerta en las narices… y eso, entonces, ya era mucho”. Hoy, no lo reconocen.
En aquella época, recuerda Sánchez Izquierdo, “la presión era mayor que ahora, pero más directa y por lo tanto más susceptible de ser vadeada (…) Claro, entonces era desmoralizador que llegasen y te dijesen: ‘Esto no se publica’, lo que ahora sería inconcebible”. Inconcebible. Inconcebible… siempre que no haya algo que balancear.
Durante sus últimos años en el periódico, donde compatibilizaba el cargo con el de profesor universitario y consejero delegado de otras empresas del grupo, los trabajadores de La Región apenas lo veían. Sólo bajaba de su despacho de la planta superior para hacer apuntes claves sobre lo publicado: “Habéis repetido el horóscopo de ayer” o “la programación de la TVG está mal”.
Antes de su fichaje por la corporación, la relación de La Región y el canal autonómico eran ya fluidas. El periódico gestionaba la delegación ourensana de la tele y uno de los hijos del propietario trabajaba allí como cámara. Si tomó nota del funcionamiento de la que fue su casa durante 35 años, es normal que aterrizase en San Marcos con mentalidad de cortijo.
La conversación con Pérez Pena nos deja pistas que permiten entender cómo la TVG y la RG adelantan por la derecha incluso a los rotativos gallegos, tan conservadores ellos y tan gentiles con el poder en cualquiera de sus formas. “La lógica industrial de los periódicos de Galicia parte de una situación de cierta exclusividad de mercado”.
“El Progreso o La Región, por mucho que quisiesen, no podrían hacer el ABC o La Razón, porque tienen lectores que son del Bloque y tienen lectores que son del PSOE. Otra cosa es que la línea del periódico pueda ser conservadora o liberal-conservadora, pero nunca hasta el extremo de hacerla completamente militante, porque corre el riesgo de perder el 30 o el 40% de sus lectores habituales. Y algo con lo que no juegan las empresas es con su lógica industrial”.
“El ABC hablado”
La lógica, claro, es distinta para un medio público sin competencia en el territorio. Por eso pueden soltarse el pelo y convertir los informativos en lo que el periodista Anxo Lugilde –uno de los que han sufrido en carne propia varias situaciones “inconcebibles”– define como “el ABC hablado”. Nada impide tener una línea militante, aunque quizá no del gusto de aquella Junta Democrática en la que Sánchez Izquierdo entrenó esa doble faceta. Nada… excepto el olvidado papel de servicio público.
Tanto es así que la apisonadora de la represión interna no respeta ya ni los tótems sagrados de una derecha que sigue hablando de ETA doce años después del fin de su actividad armada. Mayte Cabezas, hija de una víctima de los GRAPO, criticó en su facebook personal los incumplimientos de Feijóo con el colectivo y eso supuso el cierre de su programa y su traslado a la radio tras 30 años en la televisión. Para muchos, la gota que colmó un vaso desbordado.
No hace mucho, Sánchez Izquierdo presumía en el Parlamento de que la corporación era más abierta que su adorada BBC (al igual que balancear, también dice bibisí): “Le recuerdo que la BBC ha despedido a un locutor por hacer mofa de la Casa Real británica en un tuit. Ni mucho menos eso sucede en la CRTVG con sus periodistas”. Hoy ya no podría decirlo. Y no sólo eso: puestos a hacer paralelismos, quedaría bastante claro quiénes son los intocables Royals para la dirección de San Marcos.
Cuando pase la huelga, el director general de la CRTVG volverá a comparecer en el Parlamento y otra vez leerá con tono monótono y los hombros encogidos lo que le hayan escrito. No tendrá empacho en defender como decisiones estrictamente profesionales lo que son claras represalias laborales ni en responder –como hace la propia Xunta– a las acusaciones de manipulación contraponiendo cifras de audiencias, aunque sean poco fiables, y el estado de la caja.
Cuando empezaba a cerrarse el puño de la justicia sobre Francisco Camps o Carlos Fabra, el PP porfiaba en que seguían ganando las elecciones, como si la honradez se decidiese por sufragio universal. Sánchez Izquierdo podrá enarbolar su discurso hasta el final, pero en pleno siglo XXI donde el monopolio de la información está roto y la situación de la CRTVG es pública –aunque escasamente publicada–, hay un adjetivo que define perfectamente su postura. Y no es mío: “Inconcebible”.