Hace ya casi siete años que el PP, una vez pasadas las elecciones gallegas de 2012, accedía a abrir una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre la fracasada fusión de Caixanova y Caixa Galicia. Habían pasado ya más de cuatro años desde la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo junto a Julio Fernández Gayoso y José Luis Méndez, entonces máximos responsables de las entidades, para anunciar los primeros pasos de una unión que echó a andar a finales de 2010 siendo presentada cómo “solvente” y “viable”, pero que cuando comenzaron las pesquisas parlamentarias ya había recibido inyecciones de dinero público que rondaban los 9.000 millones de euros para evitar la quiebra.
Tras una primera etapa de comparecencias -entre ellas, las de Méndez y Gayoso y la de los autores del informe de la consultora KPMG sobre la fusión por el que la Xunta pagó 1 millón de euros- y recepción de documentación, el PP gallego hizo valer su mayoría absoluta para bloquear la investigación desde antes de las elecciones europeas de 2014 hasta después de las gallegas de 2016. La intención, afirmarían después, no había sido otra que “enfriar el debate”. En 2017 accedieron a reabrirla, pero la parálisis regresó poco después y ya han transcurrido casi tres años en los que el movimiento de la comisión se ha reducido, a efectos prácticos, a las peticiones de la oposición para reactivarla.
La petición más reciente la registró en los primeros días del año el diputado Antón Sánchez como portavoz de Común da Esquerda. Sánchez, que en este tiempo incluso ha tenido que llegar a los tribunales de Justicia para instar a la Xunta a entregarle papeles de la fusión, recuerda en su escrito que en 2016 los populares “no aceptaron” nuevas comparecencias en la comisión “con el pretexto de la urgencia para finalizar por la vía rápida” y, no obstante, la investigación “lleva más de dos años paralizada”.
Pero, a su juicio, ni la anterior urgencia ni la actual parálisis son admisibles por los “aspectos que se quedaron sin aclarar” mientras la comisión funcionó. Desde “las decisiones que llevaron a la precipitada venta de Novagalicia Banco” hasta el hecho de que el “proceso de fusión y privatización del ahorro gallego haya condicionado el presente” de Galicia, desde las “condiciones de crédito para personas y empresas” hasta la incertidumbre en las industrias antes participadas por Caixa Galicia o Caixanova. “Isowat, R o Emesa son ejemplos de las consecuencias de este fiasco financiero”, ilustra.
Todo esto, agrega Antón Sánchez, se produce en un contexto en el que tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el ente estatal creado para el rescate de las entidades financieras, como la entidad resultante de la venta de Novagalicia a Banesco, Abanca, “han negado información” solicitada por una comisión que “ha estado paralizada 5 de sus 7 años de existencia por voluntad del Grupo Popular”. Por todo esto, los comunes reclaman formalmente la reactivación de la comisión, la entrega de toda la documentación pendiente y nuevas comparencias, entre ellas las del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, la de Alberto Núñez Feijóo o las de los responsables de la salida de Novagalicia Banco del accionariado de diversas empresas.
Por el momento, la petición de Común da Esquerda está encontrando el silencio como respuesta, lo mismo que sucedió con las reclamaciones de reapertura de la comisión antes formuladas por el PSdeG y por el BNG. No en vano, el pasado febrero de 2019 el Grupo Socialista se dirigía formalmente al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para advertirlo de que la comisión estaba paralizada “sin explicación alguna”. Por este motivo, lo instaban a ejercer sus competencias reglamentarias e “impulsar la conclusión de los trabajos” según lo estipulado al inicio de la actual legislatura, a la que le queda, como mucho, apenas medio año de recorrido parlamentario real.
Casi un año antes, en abril de 2018, también el BNG intentó sin éxito reactivar la investigación. Señalaban entonces que la comisión apenas había celebrado “cuatro reuniones” desde su reapertura en enero de 2017. Este hecho, advertía la formación que lidera Ana Pontón, los alarmaba dados los “precedentes de paralización abusiva y arbitraria de los trabajos”, por lo que urgía incorporar nueva documentación, concluir las pesquisas, elaborar el dictamen y aprobarlo en pleno. Nada de eso ha sucedido por el momento.
Mientras la parálisis de la investigación continúa y se aproxima al fin de una nueva legislatura sin que termine, la información sobre lo sucedido en las antiguas grandes cajas gallegas continúa fluyendo, poco a poco, por otros canales. Así, por ejemplo, el pasado noviembre de 2019 el Banco de España certificaba la pérdida de 9.000 millones de euros en el rescate de Novacaixagalicia y algunos de los exdirectivos ya han entrado y salido de la cárcel o continúan inmersos en procesos judiciales.