Son 15 investigadores e investigadoras de todas las áreas del conocimiento. Aterrizaron en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) captados por las ayudas María Zambrano que, en la resaca de lo más crudo de la pandemia y financiadas por fondos europeos, ofrecían contratos de entre uno y tres años con el objetivo de “recualificar el equipo universitario de acogida”. Se trataba de “atracción de talento”, en concreto de personal investigador. El tiempo ha pasado y aquel programa se extingue. Los afectados alertan de que el final de su relación laboral con la universidad compostelana supondrá “un perjuicio para la comunidad científica”: proyectos de investigación en marcha quedarán en suspenso, perspectivas docentes inéditas sin continuidad, científicos con años de experiencia volverán a la intemperie laboral.
Los 15 afectados de Santiago, la universidad gallega con más contratos de esta modalidad, acaban de remitir un comunicado a los medios de comunicación en los que exigen soluciones a “una situación insostenible”. “La inminente extinción de nuestros contratos”, que será entre noviembre y diciembre del año en curso, “nos deja sin soluciones para la continuidad laboral y sin perspectivas de estabilidad”. La situación, consideran, contraviene los propios objetivos de las ayudas María Zambrano, que según decía la comunicación del Ministerio de Universidades -entonces dirigido por Manuel Castells, de Unidas Podemos-, “la mejora en la calidad del sistema universitario español”. “El programa no está cumpliendo con su función de establecer una política efectiva de recualificación del sistema universitario”, afirman.
Ni el ministerio, ni la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia -que detenta las competencias en política universitaria-, ni la propia universidad han dado “respuesta ni solución” a la problemática, dicen. Consultada por elDiario.es, la institución se escuda en que los contratados sabían desde el primer momento que no existía “compromiso de estabilización” y que, cuando finalice la ayuda, “tienen la opción de concurrir a aquellas convocatorias que la USC o cualquier otra institución -universitaria o no- desarrolla para incorporar recursos humanos a sus cuadros de personal”. Desde su gabinete de comunicación añaden que, “como institución pública, los procesos de contratación no se desarrollan de forma discrecional sino mediante procedimientos públicos de concurrencia competitiva”, y aseguran que en los últimos años “ha realizado un importante esfuerzo en materia de estabilidad”. Los investigadores recuerdan, sin embargo, que la Universidade de Vigo ha creado un Programa de Retención de Talento Investigador para hacer frente a esta cuestión. Otra estrategia es la de la Universidad de Salamanca, añaden, una prórroga de los investigadores María Zambrano. “Confíamos en que la USC, pionera a la hora de encontrar soluciones para problemas relacionados con el profesorado asociado, sabrá encontrar una solución para nuestro colectivo”, indican.
Para acceder a esta modalidad de contrato, el personal investigador -español o extranjero- debía acreditar una trayectoria posdoctoral acumulada de no menos de 24 meses en universidades o centros de I+D españoles o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral. Desde su llegada a la Universidade de Santiago de Compostela, explican en el comunicado remitido a la prensa, han establecido nuevas líneas de investigación, atraído alumnos de posgrado o puesto en marcha proyectos de investigación que siguen en curso o con solicitud de fuentes de financiación internacional a la espera de resolución. “La pérdida de estos recursos representará un perjuicio significativo para nuestra universidad y para la comunidad científica en general”, concluyen.