La autoridad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha archivado la denuncia presentada contra la jueza de Marbella que afirmó en un auto que residir en una población de la “Galicia profunda” puede complicar la custodia de un bebé para una madre en caso de separación. La denuncia fue interpuesta por la letrada de la madre al considerar que en ese auto, la jueza María Belén Ureña empleaba expresiones que podían ser constitutivas de una infracción de las previstas en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”.
El Promotor de la Acción Disciplinaria no entra al fondo del asunto pues esa misma norma establece que el CGPJ sólo puede proceder en estos casos “previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso”. Se trata, según los fundamentos jurídicos del acuerdo de archivo, de un “requisito de procedibilidad” que no se da en el caso denunciado, pues no consta que el tribunal haya deducido testimonio o haya remitido comunicación alguna. La resolución en cuestión es un auto de medidas provisionales previas a la demanda en el ámbito del derecho de familia contra el que no cabe interponer recurso y sobre el que, por tanto, no se pronunciará una instancia superior.
El auto que afirma que residir en una población de la “Galicia profunda” puede complicar la custodia de un bebé para una madre en caso de separación de la pareja esconde, entre sus páginas, otros muchos aspectos polémicos que han quedado ensombrecidos por la alusión territorial del escrito. Por ejemplo, la jueza insinuaba que una mujer se planteó abortar y lo esgrimía como una de las razones para quitarle la custodia de su bebé. A ella la tildaba de “caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa” y a él, de “persona madura y estable emocionalmente con un proyecto coherente de vida”.
La resolución motivó incluso que el Parlamento de Galicia trasladara su rechazo a la utilización de la expresión “Galicia profunda” para cualquier aldea, parroquia, pueblo o ciudad gallega. “Este calificativo implica una valoración peyorativa e injustificadamente negativa del país, que resulta inadmisible en cualquier contexto más aún en una resolución judicial”, señala una declaración institucional que ha sido pronunciada por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, durante una sesión plenaria.
El texto, que deja claro que al Parlamento gallego no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que, en todo caso, “debe priorizar el interés superior del menor”, sostiene que afirmaciones de esta índole “muestran un profundo desconocimiento de la realidad de Galicia y del pueblo gallego”.