Un juez condena a Nueva Pescanova por sancionar a una trabajadora que denunció acoso sexual

El juzgado de lo Social número 5 de Vigo ha declarado nula la sanción impuesta a una trabajadora del centro industrial de Nueva Pescanova en O Porriño (Pontevedra), a la que la empresa amonestó por haber vertido supuestamente acusaciones graves contra un jefe al que acusó de un episodio de acoso laboral y sexual.

Según se recoge en la sentencia, hecha pública este martes por el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), esta trabajadora denunció que sufría acoso laboral y sexual por parte de un encargado y trasladó los hechos a la empresa, que activó un protocolo específico y constituyó una Comisión Investigadora interna. Dicha comisión se reunió a lo largo de varios meses, con cierto retraso debido al estado de alarma, y recabó diversos testimonios, si bien la trabajadora afectada acabó por desistir de la denuncia alegando que no tenía confianza en la imparcialidad de dicho órgano. Asimismo, a lo largo del proceso, la CIG interpuso una denuncia ante Inspección de Trabajo, ya que la empresa vulneró el principio de confidencialidad al que estaba sujeta esa comisión investigadora interna.

El órgano creado por la empresa acabó archivando la denuncia por el supuesto acoso aunque propuso revisar el comportamiento de la trabajadora, alegando que había vertido “graves acusaciones” contra su encargado y que había llevado cabo una “labor obstaculizadora” de esa investigación interna. Ese proceso acabó con una amonestación a la empleada por una falta grave. La trabajadora presentó recurso para impugnar esa sanción disciplinaria y ahora el juzgado de lo Social 5 de Vigo le ha dado la razón.

Según la resolución del juez, la obstrucción de la que se acusó a la operacia no se produjo en ningún momento y, de hecho, resalta que el archivo de la denuncia de acoso por parte de la comisión, no significa que careciese de “un mínimo de veracidad”. Así, se remite a la declaración de la trabajadora, que se reafirmó en dicha denuncia, y a la de dos testigos que reconocieron ciertos comportamientos “inadecuados” por parte de su superior.

El juez de lo Social también expone que, al margen del resultado de la investigación, era “vox populi” la denuncia de la mujer, todo ello a pesar de que la empresa estaba obligada a guardar la confidencialidad, y señala que la sanción impuesta no tenía “base fundada ni objetiva”.

El magistrado va más allá, y se remite a informes de diversos organismos e instituciones que reflejan que el acoso sexual y laboral es un problema que “se ceba” especialmente con las mujeres, y ha advertido de que, en este caso, la actitud de la empresa pudo haber actuado como “barrera disuasoria” no solo para la empleada afectada, sino para alguna otra compañera que, en algún momento, tuviera que denunciar hechos similares y buscase el amparo patronal.

Por todo ello, el juez estima la demanda de impugnación y anula la sanción de amonestación impuesta a la trabajadora, al tiempo que condena a la empresa a abonarle 6.251 euros por el daño moral derivado de la vulneración de su derecho a no ser discriminada por razón de género.

El responsable de la FGAMT de la CIG, Suso García, ha trasladado en rueda de prensa la satisfacción de la central por esta resolución judicial, y ha lamentado “las formas” del departamento de Recursos Humanos del grupo Nueva Pescanova que, no solo archivó la denuncia por supuesto acoso, sino que “aún por encima” sancionó a la perjudicada.

Patricia Mariño, abogada del sindicato, ha recordado que ya la Fiscalía acogió la petición de nulidad y ha valorado que el juez no solo reconozca que se vulneró su intimidad, sino también su derecho a no ser discriminada. “Es una victoria moral que resarce, aunque solo en parte, lo que esta mujer tuvo que vivir”, ha proclamado.

Mientras, Esther Mariño, técnica de Igualdad de la CIG, ha hecho hincapié en la reflexión del magistrado sobre el efecto disuario que, ha criticado, buscaba la empresa. Según ha apuntado, en prácticamente todas las empresas, en mayor o menor medida, las mujeres víctimas de acoso no cuentan con apoyo de su patronal.

“Lejos de protegerlas, se entorpece cualquier denuncia y, en casos extremos como éste, en el que Nueva Pescanova incumplió su propio protocolo, se llega a sancionar a la trabajadora”, ha afirmado.