La Justicia confirma la sanción del exfiscal jefe de Ourense por intimidar a una abogada que denunció al PP

Florentino Delgado estuvo al frente de la fiscalía provincial de Ourense entre 2004 y 2019, hasta que obtuvo una plaza en el Ministerio Público de Madrid. En esos 15 años, Delgado fue sancionado dos veces por abusar de su cargo para atacar a sus enemigos y obtener beneficio personal: una por vivir ilegalmente durante años en un piso que pagaba la Xunta de Galicia, y otra por entorpecer una denuncia contra un alcalde del PP y amenazar a una abogada con detenerla. La primera sanción fue confirmada por la Audiencia Nacional en 2022 y ahora, según ha sabido elDiario.es, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha ratificado la segunda: un total de 10 meses de suspensión y dos multas que suman 2.500 euros. Sus maniobras no fueron solo desconsideradas, sino que dejaron una “actitud intimidatoria” a la abogada, según los jueces.

El origen de este caso está en la causa judicial instada por la entonces concejala del PSOE en la ciudad, Áurea Soto, en torno a presuntas irregularidades cometidas por el gobierno anterior del PP en materia de aprovechamiento del suelo público de la localidad. Esa querella fue presentada por la abogada coruñesa Elena Díaz Valverde, que se encontró con que la inactividad de la Fiscalía ourensana entorpecía el avance del caso a un posible juicio.

La querella fue presentada en 2014 y Manuel Cabezas, alcalde del PP entre 1995 y 2007, fue absuelto el año pasado. Pero por el camino la queja de la letrada por la inactividad del Ministerio Público se tradujo en otras cuatro faltas –dos graves y dos muy graves– cometidas por Florentino Delgado. Todo arrancó cuando Delgado, como fiscal del caso contra el dirigente del PP ourensano, dejó siete meses sin contestar una petición de la acusación para llevarle a juicio o archivar la investigación.

Para entonces, destaca la Justicia, ya habían existido choques anteriores entre la letrada, la concejala y el fiscal por “fuertes discrepancias” y las denunciantes presentaron un escrito de impulso procesal para que la Fiscalía se pronunciara. Un asunto que terminó en manos de Florentino Delgado que decidió instruir un expediente dirigido contra él mismo, algo absolutamente ilegal como refleja su sanción.

A lo largo de su tramitación, llegó a llamar por teléfono al despacho de la abogada e, incluso, a citar a declarar a la letrada en calidad de testigo en cinco ocasiones bajo advertencia de ser detenida si no acudía. Una detención “improcedente”, recuerda su expediente sancionador, y que tenía un único objetivo: que ella diera marcha atrás en su denuncia. “El Fiscal Jefe pretendía con la citación referida que la letrada modificase los términos de la queja –que le afectaban directamente– y así poder archivar el expediente. En el marco de la causa penal contra el exalcalde del PP llegó a abrir diligencias penales contra la concejala del PSOE denunciante.

La letrada llevó sus quejas hasta la Fiscalía General del Estado, Delgado fue apartado de su puesto y ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que confirma la cuádruple sanción que le impuso el Ministerio Público después de investigar el caso: 10 meses de suspensión y dos multas que suman 2.500 euros. Por no abstenerse en el expediente que le afectaba, por ignorancia inexcusable y por abuso de autoridad, sobre esta abogada y sobre otra trabajadora de su mismo despacho.

El ahora miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid alegó ante los jueces, por ejemplo, que existieron irregularidades durante la investigación, que el Inspector Jefe no fue imparcial y que él no sabía que la queja de la abogada estaba dirigida específicamente contra él. Los jueces de lo contencioso-administrativo contestan: “No es posible argumentar que el recurrente no estaba identificado en el expediente gubernativo recibido de la Fiscalía Superior de Galicia, pues es evidente que tenía conocimiento del asunto”.

También confirman la parte de la sanción correspondiente con las ilegales citaciones a declarar a la letrada Elena Díaz con advertencias de detención. “No es posible apercibir de detención al margen de un proceso penal abierto, o que deba ser abierto (...) nos encontramos ante el desconocimiento del ámbito de ejercicio de la propia potestad”, reprochan los jueces. No hubo solamente “un trato desconsiderado”, dicen los jueces, sino también “una limitación de los derechos profesionales de la letrada al no obtener ninguna respuesta a su queja, cuando no de una actitud intimidatoria respecto a la misma al recibir hasta cinco citaciones con apercibimiento de detención”.

La casa gratis de Delgado

Florentino Delgado llegó a Ourense a finales de 2004 después de pasar, entre otros destinos, por Ciudad Real. Ese mismo año empezó a vivir en una casa cuyo alquiler corría a cargo de la Xunta de Galicia con un contrato que, sobre el papel, debía durar cinco años. Pero menos de tres años después de mudarse, el fiscal jefe empezó a recibir cartas y avisos verbales de la administración gallega: iban a dejar de pagar el alquiler porque, en realidad, no tenían obligación de hacerlo.

Llegaron a cortarle el agua en un par de ocasiones, pero Delgado no dejó la casa, y advirtió a la Xunta de que podían estar incurriendo en un delito de “coacciones inmobiliarias” si seguían intentando echarle. En un momento dado, incluso, se tomó la Justicia por su mano y abrió diligencias por este delito contra la secretaria general técnica de Patrimonio, departamento que exigía que abandonase la vivienda o empezase a pagar su propio alquiler.

Esto se tradujo en una doble sanción que confirmó la Audiencia Nacional en enero del año pasado: un año de suspensión por abusar de su puesto y seis meses más por no apartarse de un asunto que le afectaba directamente, al igual que hizo en el caso de la abogada. En esta sentencia, la Audiencia Nacional le acusó de actuar de manera “consciente y clara” en el “prevalimiento y abuso de su cargo y condición para lograr mantenerse en la situación más allá de lo que le correspondía ante la voluntad clara y reiterada de la Administración de la finalización de una prebenda carente de base legal alguna más allá de la mera liberalidad”.