Los médicos de Pontevedra denuncian por lo penal a la Xunta por los “riesgos de gravedad” derivados del colapso de la Atención Primaria

Los médicos de Pontevedra han denunciado penalmente a la Xunta de Galicia por “privar a los pacientes de una asistencia decisiva para evitar riesgos de gravedad”. Así lo ha comunicado el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra en una carta enviada la semana pasada a sus colegiados. “La precariedad de los medios humanos y la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos (...) no representan solamente un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no se puede dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa”, reza la carta que el organismo ha remitido a todos sus 4.729 asociados, explicándoles por qué han tomado la decisión de llevar a los tribunales a la administración dirigida por Alberto Núñez Feijóo.

“Es posible que estén incurriendo en un delito de presunta prevaricación. Si son conscientes de que no pueden garantizarles a los ciudadanos una cobertura sanitaria adecuada, estarían poniendo en riesgo su vida y la de los trabajadores a sabiendas”, explica Manuel Piñeiro, vicepresidente del colegio y secretario general del sindicato médico Omega. De esta forma, el colegio provincial de médicos ha formalizado ante los juzgados de Vigo y Pontevedra sendas denuncias argumentando que la situación de colapso que viven los centros de salud de ambas áreas sanitarias se podría evitar con una adecuada gestión del personal y nuevos contratos.

Los facultativos participaron, a través del Consello Galego de Colexios de Médicos, en las reuniones con altos responsables de la Consellería de Sanidade que, según insistían Feijóo y su conselleiro del ramo, Julio García Comesaña, servirían para una “reforma integral de la Atención Primaria”. Pero pasa el tiempo y los acuerdos alcanzados -documentados con plazos de ejecución- están lejos de cumplirse. El verano comenzó con reclamaciones y denuncias concretas: incumplimientos en prevención de riesgos laborales por la carga de trabajo, precariedad de los medios humanos y la sobrecarga asistencial. Hubo además quejas de algunos centros de salud ante la Fiscalía y la Valedora do Pobo, “con las necesidades de actuación perfectamente documentadas”. Todo ello consta en el correo electrónico distribuido por el colegio pontevedrés a sus afiliados. También consta la reacción de la Xunta, ninguna. “La respuesta de la Administración en palabras, escritos o hechos nunca llegó a realizarse”, señala, al tiempo que califica su actitud de “total inacción”.

Ante la dejación gubernamental, la asociación que representa a los 4.729 médicos colegiados de la provincia de Pontevedra (datos del Instituto Nacional de Estadísitica recogidos por elDiario.es) ha decidido emplear la vía judicial. El secretario general del Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, Jorge Nogueira, ha explicado a este diario que los propios colegiados habían manifestado en repetidas ocasiones su malestar con la administración sanitaria: “En los últimos meses, hemos recibido escritos de más de 170 facultativos denunciando la situación de saturación permanente que viven en sus puestos de trabajo”.

Debido a la falta de personal sanitario y administrativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas), la Atención Primaria en Galicia está colapsada. Aunque la Consellería de Sanidade asegura ser consciente de esta saturación en los centros de salud y los puntos de atención continuada, el órgano del gobierno autonómico ha hecho público que no está en su agenda solucionarlo. Así lo afirmaba este martes el máximo responsable de la consellería, Julio García Comesaña. “Decir que en un centro de salud en agosto la mitad de los médicos está de vacaciones es decir una obviedad (...) No tenemos la varita mágica para sacar médicos de Atención Primaria de donde no los hay”, argumentaba Comesaña durante el último pleno del Parlamento de Galicia. Según el Colexio de Médicos de Pontevedra, sí hay médicos pero se han marchado a otras comunidades y países debido a las malas condiciones laborales que ofrece el Sergas. Así lo considera Jorge Nogueira: “La Consellería de Sanidade no quiere reconocer que sí que hay médicos. Lo que pasa es que se han largado de Galicia o directamente no vienen por las condiciones precarias en las que trabajamos en Atención Primaria”.

“Ominoso silencio” de la Administración

Aunque el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra todavía no ha hecho público el contenido de la denuncia, sí ha adelantado sus principales ejes vertebradores en una nota de prensa: “La inacción administrativa denunciada pudiera dar lugar a diferentes delitos, lo mismo que la irregular exigencia de sobreesfuerzos profesionales a los médicos pudiera resultar también aquejada de ilicitud penal, como infracciones de la ley de riesgos laborales, tal y como está denunciado por los sindicatos. A todo ello se suman los perjuicios o lesiones que puedan sufrir los propios pacientes que, con independencia de lo anterior, podría dar lugar también a denuncias”. En este sentido, el sindicato CIG, mayoritario en el sector sanitario gallego, ya hizo pública la denuncia que la Junta de Personal -constituida por representantes de todas las centrales- presentó a la Inspección de Trabajo. “Exigimos que la gerencia audite la carga de trabajo del personal sanitario y debe hacerlo, además, con un cuestionario psicosocial que sea capaz de medir la presión que sufren los trabajadores de Atención Primaria”, explica Pilar Rodríguez, delegada de personal de CIG-Saúde en el área sanitaria de Vigo.

“La Administración continúa con un ominoso silencio y no se adoptan medidas mínimamente eficaces para siquiera paliar las disfunciones más groseras (...) Por todo ello, este Colegio de Médicos ha interpuesto una demanda vía penal, contra los dirigentes de las áreas sanitarias de Pontevedra y Vigo, con el fin de que se depuren responsabilidades de los perjuicios que pudieran tener los colegiados y sobre todo, nuestros pacientes”, remata la nota de prensa que ha difundido el colegio. Además, en la carta dirigida a todos los médicos colegiados, la dirección de la asociación acusó a los altos funcionarios de la Consellería de Sanidade de “presiones inadmisibles a miembros de la junta directiva con el único fin de que el organismo no presentase la denuncia”.

Según sindicatos y colegios médicos, la situación viene de atrás, pero se ha hecho más notoria este verano, cuando los permisos vacacionales no cubiertos por el Sergas se han juntado con el desgaste del personal y la afluencia de pacientes derivados de la quinta ola de coronavirus. La carga extra de trabajo derivada de la crisis sanitaria afecta por igual al personal sanitario y al administrativo. Aunque la presión hospitalaria no ha alcanzado niveles de riesgo, debido sobre todo al avance de la vacunación, el aumento desbocado de contagios del último mes ha traído consecuencias severas en los centros de salud. Sumado a su trabajo habitual, los médicos de familia deben hacer ahora un seguimiento de sus pacientes positivos en COVID y, además, gestionar la avalancha de bajas médicas de nuevos positivos y de todos sus contactos estrechos.

Uno de los municipios donde el colapso de la sanidad gallega es más palpable es Sanxenxo (Pontevedra). Con ocho médicos para atender a 70.000 personas, los recursos sanitarios de la joya turística de las Rías Baixas han sido reducidos a la mínima expresión. Ante esa creciente saturación y tras varias peticiones de personal sanitario y administrativo por parte del centro de salud, el Sergas decidió, unilateralmente, contratar a un guarda de seguridad y, ocasionalmente, a un enfermero. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), el número ideal de pacientes que debe tener asociado un médico de familia debe ser 1.300 y, en caso de superarse por problemas coyunturales, ese número nunca debería exceder los 1.500. Si tenemos en cuenta que entre el censo actual de Sanxenxo y la población flotante los pacientes potenciales llegan a 70.000, a cada médico le corresponden 8.750: casi 6 veces más del máximo recomendado por la Semergen.