La mayor parte de los otorrinolaringólogos del Hospital de Santiago de Compostela llevan meses secundando una huelga en protesta por el trato profesional y organizativo que les dispensa el jefe de servicio. Desde comienzos de abril, el paro es indefinido, lo que ha provocado la suspensión de unas 2.400 consultas, retrasos de meses y que algunos pacientes hayan debido acudir hasta cuatro veces para ser atendidas. La gerencia del centro, dirigida por Eloína Núñez, prima de Feijóo, no atiende a las reclamaciones de los médicos, denuncian. En respuesta a preguntas de elDiario.es, se ha limitado a responder que las citas se reprograman “lo antes posible” y que las operaciones urgentes, oncólogicas y de prioridad 1 “se realizan sin demora”. Así lo marcan los servicios mínimos acordados. Pero la dirección no ofrece valoración sobre un conflicto que ha reducido al mínimo el servicio de otorrinolaringología de uno de los principales hospitales gallegos.
Los hechos estallaron el 8 de junio de 2021, cuando diez de los 18 doctores de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Chus) firmaron un escrito sobre los problemas en servicio derivados del “trato personal, profesional y administrativo” por parte del jefe de servicio. La sindicalista Luz Fernández Tuñas, de Comisións Obreiras, explica que esto provocaba un reparto desigual del trabajo y acababa por afectar a la habilidad de los facultativos. “A unos médicos los carga con muchas consultas y apenas nada de quirófano, y al revés. La otorrinolaringología es una especialidad quirúrgica y se pierde experiencia si no se practica”, dice Fernández Tuñas.
La situación, a partir de entonces, se fue enconando. La gerente del área sanitaria rechazó en un primer momento reunirse con los otorrinos. Las descalificaciones se sucedieron en privado y el jefe de servicio incluso desautorizaba el criterio profesional de los firmantes del manifiesto. Ante la situación de parálisis, estos se pusieron en contacto con la Xerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), dependiente de la Consellería de Sanidade. Eloína Núñez accedió así a un encuentro. Fue el único, quitados a los que está obligada una vez los doctores comenzaron las jornadas de huelga. Pero la gerente, que Fernández Tuñas considera la única con competencias para resolver el tema, descargó la responsabilidad sobre la Dirección Asistencial y la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas.
El informe de inspección que la Xunta oculta al Parlamento
El movimiento más decidido de la gerencia fue en agosto de 2021, cuando se constituyó una comisión de mediación y análisis. De ella formaron parte las mencionadas direcciones Asistencial y de Recursos Humanos, un técnico de prevención de riesgos y un miembro de la junta de personal del hospital. Elaboraron un informe, que elevaron a Inspección Sanitaria. No se ha vuelto a saber de él. El Partido Socialista lo solicitó, a través del artículo 9 del reglamento del Parlamento de Galicia que permite a los diputados -en este caso, Julio Torrado- “recabar de las administraciones públicas los datos informes o documentos que obren en poder de estas”. Pese a que el plazo de respuesta recogido por la norma es de 30 días, han transcurrido cinco meses sin que la Xunta haya remitido el documento, o la justificación de por qué no lo ha hecho, al parlamentario socialista.
“En diciembre comprobamos que todo seguía igual y los médicos comenzaron con la huega”, recuerda Fernández Tuñas. Durante el mes de enero, más de la mitad de los otorrinos del Hospital de Santiago, uno de los principales de Galicia, hicieron huelga cada martes. En febrero, los martes y los jueves. ¿Sus exigencias concretas? La suspensión cautelar del jefe de servicio, y que sea la Dirección Asistencial la que asuma sus funciones, o bien su destitución. Este presentó respondió en marzo con una denuncia contra los diez doctores por injurias y calumnias. Desde abril, la huelga es diaria e indefinida. Los servicios mínimos acordados por trabajadores y gerencia consisten en un efectivo para urgencias, otro para consultas y hospitalización, dos para quirófanos, y uno o dos de guardia cada jornada. A finales de abril, la gerencia informó de que no iba a producirse la suspensión cautelar exigida.
Las consecuencias del conflicto, que la gerencia se ha negado a valorar a petición de este periódico, van más allá de las 2.400 consultas suspendidas. Cinco de los médicos sufren de incapacidad transitoria, debido a las condiciones de trabajo, y no han sido sustituidos. Dos mil pacientes, calcula la sindicalista Fernández Tuñas, se han quedado sin citar y determinadas actuaciones, como la hipoacusia infantil, “no se está realizando de acuerdo a los criterios médicos adecueados. Tampoco las revisiones de audiología”.
En enero, el BNG sometió a debate en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para “instar a la Xunta de Galicia a abordar de manera inmediata el conflicto existente en el Servicio de Otorrinolaringología del CHUS atendiendo a las demandas hechas por el personal facultativo de este servicio”. Fue aprobada por unanimidad, al concitar los apoyos del PSdeG y del PP, partido que gobierna. Las semanas han transcurrido sin que el Ejecutivo gallego haya reaccionado. Hasta hoy.