La justicia investiga a un alto cargo de la Xunta por un presunto delito de prevaricación ambiental
Un alto cargo de la Xunta tendrá que comparecer el próximo 2 de mayo en los juzgados como imputado en un proceso abierto por un presunto delito de prevaricación ambiental. Será el director general de minas, Ángel Bernardo Tahoces, quien tendrá que responder ante la justicia por su actuación en la polémica reapertura de la mina de San Finx, en Lousame, donde se investigan varias actuaciones irregulares.
Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del proceso que impulsó la Fiscalía de Medio Ambiente, que lleva el juzgado de Noia y en el que es acusación particular la asociación ecologista Verdegaia. Además, la Consellería de Economía e Industria reconoce también que ha recibido la notificación para que Tahoces acuda a declarar, al tiempo que dice “respetar” el trabajo de la justicia y ofrecer toda su “colaboración”.
La ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA) a la hora de reabrir la explotación, los denunciados vertidos de aguas residuales posteriores, la falta de sanción por estos vertidos, de control y de asunción de responsabilidades por la situación de las balsas mineras llevaron la Fiscalía de Medio Ambiente a actuar. Fue en otoño de 2017 cuando acordó la apertura de diligencias penales al advertir de la discutible actuación de la empresa, pero también de la Xunta, al no descartar que se hubiera cometido un delito contra el medio ambiente o los recursos naturales.
“Indiciariamente aparecen elementos que pudieran significar la existencia o el riesgo indicado en los artículos 325 y ss” del Código Penal, en referencia a delitos por contaminación tanto a quien la provoca como a quien la permite y que son castigados con penas de prisión de dos a cinco años.
Las diligencias fiscales advertían de cuatro graves irregularidades y cuatro indicios presuntamente delictivos. El primero de ellos, la ausencia de un estudio de impacto ambiental. En 2008, después de varios requerimientos, el gobierno bipartito de la Xunta le exigió a la concesionaria este estudio para reabrir la mina, pero nunca fue presentado por la empresa, que alegó que la explotación no había cambiado desde 1982. Con la llegada del PP a la Xunta, el director general de Minas, Ángel Tahoces, aprobó la reapertura y suprimió la necesidad de dicho informe. Así lo recordaba el fiscal Álvaro García Ortiz, que censuró la actitud de la Administración y recordó que “desaparece por completo toda mención al condicionante del EIA” y se hizo, destacó en mayúsculas, “sin mediar cambio legislativo alguno”.
Fue a finales de 2016 cuando la empresa minera Tungsten San Finx SL, perteneciente al grupo Sacyr, solicitó permiso a Augas de Galicia para verter un millón de metros cúbicos anuales de aguas residuales procedentes de las galerías inundadas y de la escorrentía de los escombros de un histórico yacimiento de estaño-wolfram. Tan sólo dos meses después, en enero, varios colectivos como la Plataforma en Defensa do Mar (Plademar Muros-Noia), Adega o Verdegaia denunciaron las irregularidades y vertidos de esa mina, que tiñeron de naranja el riachuelo del mismo nombre y provocaron un fuerte olor a azufre, la aparición de espuma e indicios de un peligro ambiental que amenazaba a toda la ría de Noia, al ser el destino final de las aguas. En abril, Augas de Galicia confirmaba la contaminación provocada después de que la constructora denunciase a un miembro de Adega por tomar muestras de agua en las instalaciones mineras.
La Fiscalía había advertido ya que la solicitud para ldicho vertido se había hecho “sin acompañar instrumento de evaluación de impacto ambiental”, aun siendo obligado por ley. Además, alertaba de la injustificada modificación de los caudales a verter para “esquivar” la obligatoriedad de presentar un nuevo proyecto y mayores controles ambientales y aportaba datos que “permiten dudar de las mediciones”.
En cuanto a este vertido de aguas industriales, la empresa reconoció que se realizó ya antes y durante décadas al dominio público y, como recuerda la Fiscalía, ante las reiteradas denuncias, “tanto la denuncia como las diligencias se incorporaron al expediente de autorización de vertidos en vez de tramitarse el correspondiente expediente sancionador”. El Ministerio Fiscal da cuenta de vertidos de aguas residuales industriales “nunca sancionados hasta el momento por Augas de Galicia a pesar de superar en muchos puntos los límites permitidos. Así, destaca que las cantidades de cadmio, cobre y zinc sobrepasaban los máximos legales mismo 1,5 kilómetros aguas abajo de la mina.
García Ortiz fue claro con la Xunta al asegurar que, “a pesar de formar parte de las instalaciones mineras, la autoridad minera no exigió a los sucesivos titulares su restauración y control” de las balsas de residuos. Recordó el colapso de una de las presas y la contaminación provocada y que desde la Dirección Zeral de Minas “no se obligó a la restauración” de la zona afectada, señalando a Tahoces. Esta dejadez fue muy criticada, por un proceder “como poco cuestionable” atendiendo al estado final y a la conservación del área.
La Fiscalía aclaraba que los hechos denunciados no eran, entonces, “suficientemente indiciarios de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales”, pero aclaraba que tampoco era “descartable este extremo” de la investigación, por lo que daba traslado al juzgado de la denuncia. Ahora, Ángel Tahoces tendrá que declarar cómo investigado el próximo 2 de mayo.
