La combinación de dos artículos de los presupuestos gallego y estatal amenaza con despidos masivos en la Xunta
La Xunta prevé convertir de manera progresiva a su personal laboral temporal en funcionarios interinos. Hasta ahora nada impedía que, bajo una u otra figura, esos trabajadores viesen renovada de manera periódica su relación laboral. Sin embargo, el Gobierno central prevé en sus presupuestos ahora en tramitación que “no podrá ser superior a tres años” la duración de los nuevos nombramientos de interinos que realicen las administraciones. Y un nuevo nombramiento es justo lo que prevé la norma gallega para la transformación del personal laboral en funcionario interino, que “supondrá la novación de la relación jurídica existente con la Administración”. Esa “novación”, según la norma estatal ahora en tramitación, no podrá ser por más de tres años improrrogables, por lo que el sindicato CSIF alerta de despidos masivos superado ese plazo.
La limitación temporal de tres años que propone el Gobierno afectaría a todos los nuevos nombramientos de interinos y contrataciones de temporales que realicen todas las administraciones de España, pero tendría un especial efecto en el caso de la Xunta porque ésta prevé por ley un gran volumen de nuevos nombramientos, que en un máximo de tres años podrían acabar en un gran volumen de despidos.
La ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos ya en vigor introdujo en la ley de empleo público de Galicia una disposición transitoria que establece, a medida que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de los distintos departamentos, “la transformación en puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de aquellos puestos vacantes que venían siendo desempeñados por personal laboral temporal”. Según esa norma, la Xunta “expedirá un nombramiento de naturaleza funcionarial interina, en el correspondiente cuerpo o escala de clasificación, al personal laboral temporal que [...] ocupe puestos previstos como de naturaleza funcionarial en las relaciones de puestos de trabajo”.
Hasta ahora, el CSIF veía en esa conversión del personal laboral temporal en funcionarios interinos un intento por parte de la Xunta de abaratar despidos, ya que las últimas sentencias del Tribunal de la UE reconocen el derecho del personal laboral temporal a recibir a recibir indemnización por despido como el personal fijo, mientras que los funcionarios interinos carecen de indemnización cuando se quedan sin plaza. Esa amenaza planeaba hasta ahora con unos plazos indefinidos sobre ese personal laboral que se convertirá en interino. Sin embargo, el Gobierno central quiere poner un plazo fijo máximo de tres años.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se tramita actualmente en el Congreso contempla, en su artículo 19.2, limitar entre otras cosas el “nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos” estableciendo que “la duración del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el nombramiento”. Esto es, los presupuestos del Estado obligarían a la Xunta a limitar a un máximo de tres años la duración de esos nuevos nombramientos que realice al transformar a su personal laboral temporal en funcionario interino, ya que la ley autonómica deja bien claro que esa transformación “supondrá la novación de la relación jurídica existente con la Administración”.
Según CSIF, esta combinación de leyes estatal y gallega “afectará en Galicia, sólo en la Administración General de la Xunta, a más de 4.500 empleados públicos, a los que habrá que sumar los interinos y temporales de los sectores de Educación, Sanidad, Justicia, etc.”, que dentro de tres años se quedarían sin trabajo. Para el sindicato, la norma estatal “no podría tener efectos sobre los contratos de interinos existentes en la actualidad, dado que dichos contratos o nombramientos están realizados al amparo de la ley actual”. “Sin embargo, esta cláusula convierte en más peligrosa si cabe la intención de interinizar el personal laboral temporal” por parte de la Xunta. Una situación que aún se podría evitar si el Congreso modifica durante su tramitación los presupuestos que le remitió el Gobierno.
