La Operación Zeta regresa meses después. Y lo ha hecho con la declaración del presunto líder de la trama, Gerardo Crespo, el empresario que señaló a Feijóo y a otros importantes cargos del PP. Hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar y había alegado desconocer de qué lo acusaban ante la ausencia de informes de la Agencia Tributaria sobre el dinero presuntamente defraudado, hasta 20 millones. Pero este martes, más de dos años después de su detención, ha respondido a las primeras preguntas ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña que lleva el caso.
Este empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés, está considerado el presunto líder de una supuesta trama de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intenta esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación, además de otros derivados como falsedad documental, cohecho o blanqueo. En total, son 55 los investigados.
Antes de entrar en el juzgado, y como había hecho anteriormente en numerosas ocasiones, Crespo dijo ser “totalmente inocente” y ha manifestado sus ganas por comparecer ante la jueza. Al salir, y después de declarar durante más de tres horas, ha asegurado estar “tranquilísimo”. “En paz ya estaba pero salgo más tranquilo”, ha advertido tras responder únicamente a las preguntas de su letrado y a un par de la Fiscalía. En las respuestas ha insistido en que ejecutó todos los cursos para los que recibió subvenciones, justo al contrario de lo que los informes policiales dicen, al acusarlo de incluso inventarse la formación y los requisitos necesarios para acceder a las ayudas públicas.
De lo que Crespo diga depende que la Operación Zeta salpique de nuevo o no tanto a Feijóo como a otras importantes figuras del PPdeG después de que altos cargos de la Xunta estén ya siendo investigados. Desde que explotara el caso en octubre de 2014, el empresario coruñés incide en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Señaló a varios y amenazó con tirar de la manta “poco a poco”.
Para iniciar y extender lo que la Policía define como “caza de dinero público”, Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. Según los agentes, los integrantes de la trama constituían asociaciones con el propósito de conseguir subvenciones, incluso inventando alguna de ellas que no tenían ni socios y para las que falsificaban datos y lograr cumplir así los requisitos de las administraciones.
En declaraciones a los medios tras su comparecencia, Crespo ha defendido su actividad como una “prestación de servicio” a la sociedad y ha criticado por “tendenciosa” la instrucción. Según defiende, hay informes que contienen “grandes errores de bulto” y están hechos “de parte para apoyar un sumario tendencioso, preconcebido y que coge lo que interesa y lo que no, lo descarta”. “Parece mentira por parte de la Agencia Tributaria”, ha añadido. “Nuestros clientes eran los alumnos, pero la Administración, de alguna manera, nacionalizó el sector y esa Administración comenzó a ser nuestro cliente principal pero no dejó de ser una prestación de servicio”, ha insistido más tarde.
De Lucas, el 'conseguidor'
Según esos informes de los agentes, para engrasar la maquinaria de la red, Crespo -propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Traballo- contaría con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta al que el investigado le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.
Precisamente, la última novedad del caso antes de la declaración de este martes había sido la ampliación en 25 nombres -tras los 30 iniciales- la lista de personas investigadas y entre las que se incluye Francisco Ramón de Lucas, Pachi de Lucas, el considerado conseguidor de la trama, a quien Gerardo Crespo había situado en el “círculo íntimo” de Feijóo. Junto a él, también pasaron a ser investigados los dos anteriores directores generales de Formación y Colocación de la Xunta: Pastor Fuenteseca, del bipartito, y Ana María Díaz, del PP.
En el caso de Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente y a quien la investigación relaciona también con Crespo, ahora es citada en calidad de testigo. En el inicio de la investigación Mato admitió que llegó a recibir un bolso como regalo de Azetanet y las escuchas de la Policía revelan diversos alusiones a ella.
Después de la declaración de este martes, el día 15 será el turno de Eliseo Calviño, el que había sido presidente de Caype, otra de las entidades investigadas. Con todo, Gerardo Crespo ha solicitado declarar otro día más en cuanto estén a su disposición los informes que pidió su defensa sobre la actividad de su grupo empresarial. En ellos rebatirá documentos des sumario, como los que criticó, para demostrar la legalidad de sus actividades. Además, ha afirmado que el proceso abierto acabó por “quebrar” sus negocios, que debe dinero y que puede que tenga que afrontar un desahucio.