Todos los grupos, también el PP, han presentado este viernes en la Diputación de A Coruña la moción acordada por unanimidad y que irá al próximo pleno del 23 de marzo en el que la institución provincial instará al Estado a recuperar el Pazo de Meirás para el patrimonio público. Lo hará basándose en el informe que la misma entidad encargó y en la que se certifica la nulidad de la transmisión del inmueble a la familia Franco.
El texto de la moción muestra la unión de las voluntades para la recuperación del Pazo de Meirás para lo público e insta al Estado a “ejercitar las acciones administrativas y judiciales oportunas a los efectos de la recuperación” de este inmueble. Además, la Diputación trasladará a la Xunta, Parlamento de Galicia, Gobierno del Estado, Cortes del Estado, grupos parlamentarios y todas las instituciones y organismos que correspondan el informe histórico-jurídico y “procurará la socialización de su contenido”.
Tal y como aunciaron los grupos, la moción será apoyada por unanimidad por todos ellos, por lo que votarán a favor PSdeG y BNG, miembros del gobierno, además de PP, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa dos Veciños (AV). En la rueda de prensa, con representantes de todos los grupos -excepto AV que justificó su ausencia- ha servido para escenificar la unidad de la que se felicitaron en todas las intervenciones.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha destacado “el gran paso que significa el acuerdo de todos los grupos políticos” para mostrar la “conciencia generalizada” para la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Ha recordado también que el contenido de la moción sigue las directrices diseñadas desde la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás y los informes histórico y jurídico encargados por la propia Diputación.
Para la vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín Rei, la unanimidad es “un motivo de felicitación colectiva” porque supone subir un escalón en el proceso que se inició con los informes que abren una “vía factible” a la recuperación del inmueble en la mano de la familia Franco. “Que todas las fuerzas políticas naveguen en la misma dirección supone un antes y un después que responde al clamor social para recuperar el Pazo de Meirás para el dominio público”, señaló en su intervención.
El portavoz del PP, Agustín Hernández ha manifestado que tanto el grupo provincial como el propio partido “están a favor de la recuperación de Meirás para uso público sin costes para las administraciones” y defendió que, en el tema, tiene que primar “el interés general y no el particular”. Ha abogado también por coordinar esfuerzos con la comisión creada en el Parlamento gallego puesto que, según ha dicho, son conscientes de que “esta es una demanda lógica y legítima pero tiene que llevarse con prudencia y firmeza y con seguridad jurídica para alcanzar su objetivo”.
Por su parte, el portavoz de Marea Atlántica, Daniel Díaz Grandío ha apuntado que se está abriendo “un proceso de reparación y recuperación de la memoria histórica en nuestra comarca” y destaca que Meirás se consiguió con “aportaciones de naturaleza coactiva” no sólo en el Ayuntamiento de Sada sino también en otros de la propia comarca.
Finalmente, el representante de Compostela Aberta, Manuel Dios, ha destacado la importancia del acuerdo y citó también la demanda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para la recuperación de las dos piezas de Maestro Mateo que están en manos de la familia Franco, la Casa de Cornide en A Coruña o la finca de Bastiagueiro para recordar “una verdad incómoda, que el régimen franquista fue extremadamente corrupto y una élite encabezada por el propio Franco empleó los resortes del poder para lucrarse”. “Esta moción es un mensaje claro de que la democracia y la legalidad deben ser incompatíbles con cualquier tipo de corrupción, pasada, presente o futura”, ha dicho.
El informe encargado por la Diputación, y en el que se basa toda la argumentación para la recuperación del Pazo, aclara que su transmisión a la familia Franco se hizo a través de un contrato simulado en 1941 cuando el dictador llevaba utilizando el inmueble desde 1938 y para evitar que pasara a ser parte del patrimonio del Estado. Quien ya no era legítimo propietario del inmueble firmó en un documento que “fingió la existencia de una nueva compraventa”, tal y como se aclara en un texto que desgrana las artimañas del general fascista y de sus familiares para quedarse con las Torres de Meirás.