Los Franco proponen mantener los bienes en el interior del Pazo de Meirás a cambio de dinero del Gobierno

La familia de Francisco Franco no se apea de reivindicarse como dueña de todo lo que hay, incluidas obras histórico-artísticas de incalculable valor, en el Pazo de Meirás. Entregará este mes al Estado, por orden judicial y de forma provisional, el emblemático inmueble y sus jardines con los que se hizo durante la dictadura. Pero defendió con ahínco esta mañana ante el Juzgado número uno de A Coruña su derecho a retirar todos los bienes muebles que hay en su interior.

“Son suyos”, reclamó el letrado de los herederos del dictador, Antonio Gil, en ningún momento se aludió a ellos cuando el Estado demandó y ganó, en una histórica sentencia ahora recurrida, la titularidad del singular castillo enclavado en Sada (A Coruña). Pero planteó una alternativa en la disputa que les enfrentan a las administraciones públicas: «Estamos dispuestos a que se queden dentro todos los bienes cuando se entregue el Pazo si llegamos a un acuerdo razonable, mediante el pago de un precio razonable“, propuso el representante de los Franco. 

No hubo respuesta. Ni la Abogacía del Estado, ni la Xunta de Galicia, ni las demás administraciones demandantes en esta batalla judicial por la devolución de la propiedad (Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de A Coruña y Sada) aludieron a la propuesta de los Franco. La jueza Marta Canales, autora de la histórica sentencia de septiembre que devuelven las Torres de Meirás al patrimonio público, resolverá en los próximos días, tras la vista celebrada este miércoles, la oposición de la familia del dictador a su decisión de ordenar inventariar todo lo que hay en el pazo y prohibir mientras tanto a la familia del dictador que retire nada.

La magistrada también deberá fallar en esa resolución sobre la demanda del Estado de que todos los bienes del interior de la mansión y sus jardines sean depositados ante la Justicia hasta que haya una sentencia definitiva y en firme sobre la propiedad.

Está prevista su entrega la próxima semana, el jueves día 10, una fecha que la jueza debe ahora decidir si se mantiene. Los Franco, para la mudanza de lo que considera suyo, reclaman otros dos meses antes de entregar el histórico monumento ideado por Emilia Pardo Bazán y donado al dictador, en plena Guerra Civil, en su condición de autoproclamado jefe del Estado. Lo que sí acabó es el plazo de 20 días hábiles que, inicialmente, se estableció para el ingente inventario que una comitiva judicial, integrada entre otros por técnicos de la Xunta y del Patrimonio del Estado, empezó a realizar el pasado 11 de noviembre. De necesitarse más tiempo para determinar todo y cuanto hay en la propiedad de la que Franco y su familia disfrutaron durante 82 años, habrá que aplazar su entrega provisional.

Un inventario necesario y justificado, alegó esta mañana el abogado del Estado, Javier Suárez, ante el “alarma” que causaron las declaraciones a la prensa de la familia sobre su intención de vaciar el Pazo de Meirás antes de entregarlo. “Nadie sabía lo que había dentro”, reconoció y era urgente “analizar y determinar con claridad qué bienes muebles deben incorporarse” a la propiedad que pasará a manos del Estado en pocos días. La ley, insistió, establece que la restitución de un inmueble debe hacerse con “todos los accesorios” que lo conforman. “Alarma y riesgo aún a día de hoy de perder de vista todo lo que allí hay”, abundó el letrado de la Xunta, y que acabe en paradero desconocido innumerables piezas histórico-artísticas que los Franco atesoran en la mansión que ocupan desde hace más de ocho décadas.

Para las administraciones públicas, el Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008 en la categoría de sitio histórico, tanto por ser parte del legado de la ilustre escritora que lo diseñó como escenario estival de 40 años de dictadura, debe ser considerado “una unidad, con unas características muy singulares”. “Ha de ser entregado con todos sus bienes muebles del interior”, reclamó Suárez, para que una vez entregado, aunque sea sólo de forma provisional a la espera de una sentencia definitiva, se pueda gestionar su uso público adecuadamente. Sin ese inventario y prohibición de retirar nada del interior, “hay muchas dudas”, recalcó el abogado del Estado, de que los Franco no acaben, antes de entregar la mansión, retirando los “escudos, relieves, las fuentes, los cruceiros o los hórreos de los jardines, las pilas medievales” que la esposa del dictador hizo traer de una iglesia de Muxía. “Hay muchas cosas que ya se llevaron”, agregó el letrado, al recordar un pazo de Dodro que fue desmantelado para ser incorporado a la propiedad donada al dictador. 

“No son unos desalmados, no van a arrancar las paredes, ni emprenderla a martillazos para llevarse el tejado”, protestó el abogado de los Franco. Pero reivindicó que lo que “no es razonable” es privar a sus clientes del “uso, disfrute y posesión” de los bienes y muebles que hay en el interior de la propiedad. Ni en la demanda inicial del Estado para recuperar el Pazo de Meirás, ni en el juicio celebrado el pasado mes de julio, ni en la posterior sentencia de septiembre que ordena devolverlo al patrimonio público, “se mencionó en ningún momento” todo lo que hay dentro de la mansión. El histórico fallo que declara propietario al Estado sólo se refiere, insistió el abogado, al inmueble y sus fincas. Y reivindicó que fueron los Franco, tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, quienes “pusieron allí la mayor parte de los elementos que hay allí”. Recordó el misterioso incendio nocturno que unos meses antes de aprobarse la Constitución arrasó parte de la propiedad y la rehabilitación parcial que los herederos de Franco terminaron a mediados de los años 90. “Los bienes los colocaron ellos, no es lo que había en 1938”. Lo que tiene claro la familia del dictador es que no renunciará a reclamar, hasta agotar todas las vías judiciales, una indemnización por verse privada del disfrute de esos bienes.  

CORRECCIÓN:

En una versión anterior del titular de esta información se afirmaba que los Franco aceptaban “entregar” los bienes del Pazo de Meirás al estado a cambio de dinero cuando en realidad lo que aceptan es que esos bienes “se queden” en la propiedad a cambio de dinero pero sin perder sus derechos sobre ellos.