“Los países que vertieron esos residuos radiactivos deberían estar obligados a seguir vigilándolos para determinar su estado y las fugas que se producen, utilizando las herramientas científicas más sofisticadas de las que se disponga en esos momentos”. Esa es la visión que tiene Greenpeace de la falta de información existente sobre si alguien está supervisando de manera periódica los residuos nucleares que ocho países europeos vertieron entre 1949 y 1982 en la denominada Fosa Atlántica, frente a Galicia. La organización ecologista se estrenó en España precisamente con sus campañas de 1981 y 1982 contra esos vertidos en compañía de marineros gallegos y 35 años después lamenta que “gran parte de la información disponible es ahora bastante antigua y no hay planes claros para el futuro” sobre la vigilancia de esos residuos.
Ante la incapacidad que muestran una docena de instituciones españolas e internacionales para indicar quién y cuándo realizó el último análisis de los bidones que contienen aquellas 140.000 toneladas de residuos nucleares y quién y cuándo debe realizar el próximo, Greenpeace pone el foco en los países responsables de los mismos (Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia y, en menor medida, Suiza, Suecia, Alemania e Italia): “El seguimiento del estado y reparación de los daños causados por ellos, incluyendo algunos radionucleidos de larga duración, debe seguir siendo responsabilidad de aquellos estados que llevaron a cabo el vertido, no pueden simplemente ignorar su responsabilidad con la esperanza de que eventualmente la gente deje de hablar de ellos, especialmente porque los bidones nunca fueron diseñados para contenerlos a perpetuidad, y de hecho en la mayoría de los casos el interés era simplemente llevarlos al fondo marino”. “Los problemas de las fugas podrían empeorar con el tiempo en lugar de reducirse”, destaca Greenpeace.
La organización ecologista considera que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), “es la autoridad competente para recopilar y revisar toda la información disponible, pero es cierto que no tiene ningún deber legal, que sepamos, de monitorear los sitios en sí o de asegurar que esos sitios sean monitoreados regularmente por otros”.
Greenpeace destaca que los informes de los que tiene conocimiento al respecto, el último de ellos de 2003 y al que se remitió la Comisión Europea, “restaron importancia a la dilución de la radiactividad en las aguas profundas, incluso de una futura liberación catastrófica, y especialmente a los cálculos de contaminación radiactiva que volvería a las aguas costeras poco profundas”. Sin embargo, Greenpeace añade que “esto no dice nada acerca de los impactos sobre el medio marino en las cercanías de los vertederos, que con demasiada frecuencia siguen estando fuera de la vista y de la mente”.