Una negociación inminente. Es lo que anuncian Xunta y Gobierno central en medio de la polémica generada sobre el territorio gris que se abre para gobernar la pandemia tras el levantamiento del estado de alarma, anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 9 de mayo. Alberto Núñez Feijóo, primer presidente autonómico en aprobar una ley con reglas propias para controlar derechos frente a la COVID-19, se enfrenta a la pretensión del Gobierno de suspender su norma por la vía del Constitucional. A lo largo de las últimas semanas, los portavoces de San Caetano se han encomendado a la distribución de un único mensaje: “No tenemos plan alternativo”. Ambas partes tienes apenas dos días para llegar a un acuerdo que permita paralizar la suspensión de la norma gallega, prevista para este martes en el Tribunal Constitucional.
La actual situación se produce después de que Feijóo se apoyase en febrero en su mayoría absoluta para aprobar una ley autonómica que plateaba cuestiones tan polémicas como la posibilidad de obligar a vacunarse. Durante aquel debate parlamentario el PP no escuchó a la oposición que, de manera unánime, le recriminó el desborde de límites legales: regular derechos fundamentales con una ley autonómica. Moncloa no tardó en reaccionar y, tras pedir un informe al Consejo de Estado, anunció un recurso ante el Constitucional.
Desde ese momento, la Xunta se agarró a un único argumento: acusar al Gobierno central de no abrirse a negociar y actuar de manera unilateral. La insistencia ha sido de tal calibre que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha acabado por aceptar una negociación y la posibilidad de abrir una comisión bilateral con el gobierno de Galicia. La decisión de negociar llega en el último minuto y a la espera de que el Constitucional confirme este martes la suspensión de los principales artículos de la norma gallega, en caso de que no haya fumata blanca. Los negociadores tienen apenas dos días hábiles para hablar: 48 horas, antes de que el órgano de garantías envíe el texto gallego al cajón de los papeles mojados.
Según informa Europa Press, El Gobierno central y la Xunta se sentarán de forma inminente en la Comisión Bilateral para tratar de solventar las diferencias en torno a la reforma gallega de la ley de salud, ante el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez. Aunque todavía están cerrando fechas, tanto la Vicepresidencia Primera de la Xunta, departamento encargado de las relaciones institucionales, como el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, han iniciado los contactos para arrancar las negociaciones, según fuentes del Gobierno gallego. Las mismas fuentes han confirmado que este mismo viernes se ha producido un primer contacto telefónico entre el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el titular del Ministerio de Política Territorial, Miquel Iceta.
En los dos días hábiles que las dos partes tienen por delante, la Xunta deberá ofrecer garantías para retirar de su ley, actualmente vigente, los aspectos más polémicos y que el Consejo de Estado ha recomendado recurrir. Fuentes del Constitucional aseguran a elDiario.es que Moncloa podría desistir de su intención de recurrir la norma gallega. Pero esa decisión debe producirse antes del martes, día para el que está agendada la reunión en la que el órgano de garantías tiene previsto estimar el recurso presentado por el ejecutivo.
Desde que Feijóo aprobó su ley y el Gobierno decidió recurrirla se ha producido un acontecimiento que lo cambia todo: el anuncio de Pedro Sánchez de que el estado de alarma finalizará el próximo 9 de mayo. Desde entonces no han faltado las críticas de barones autonómicos que inciden en la falta de recursos legales para gobernar la pandemia sin capacidad de controlar las libertades individuales. En ese contexto es en el que se ha producido en intento de negociación entre Galicia y Madrid. Se busca un acuerdo en el último minuto.