Feijóo aumenta los procedimientos de expropiación con los que asustó en campaña contra la llegada de la izquierda
Hace ahora diez años, en febrero de 2009, a pocos días de las elecciones autonómicas que llevarían a Feijóo a la presidencia de la Xunta, unos pasquines comenzaron aparecer en mítines del PP en Ourense alertando de que si el bipartito de PSdeG y BNG que entonces gobernaba Galicia repetía, “te pueden quitar tus tierras y dárselas a otros con la excusa de que no las trabajas”. “El PSOE y el BNG quieren quedarse con tus tierras”, aseguraban aquellos textos, tras críticas previas de cargos populares contra lo que consideraban políticas “de la Unión Soviética”. En este tiempo, ese discurso del miedo ha vuelto a ser empleado por el PP en otros períodos electorales. Sin embargo, tras llegar a la Xunta, Feijóo lleva una década apostando por las expropiaciones con reformas legales que las facilitan en múltiples ámbitos, la última el pasado jueves con la remisión al Parlamento de Galicia de su proyecto de ley de rehabilitación urbana, de la que el propio Gobierno gallego destaca que “abre la posibilidad” de la “urgente ocupación” de los inmuebles que considere abandonados.
Esa circunstancia, la del “abandono” por parte de sus titulares, era considerada en 2009 en aquellos panfletos electorales una “excusa” del bipartito de socialistas y nacionalistas para impedir a la ciudadanía “vender y comprar tus fincas libremente”. La medida contra la que se dirigían aquellas críticas pretendía penalizar a los propietarios de tierras ubicadas en zonas de especial interés agrario que las mantuviesen abandonadas para así incentivarlos a cultivarlas o que estas pasasen a formar parte del Banco de Terras de Galicia (Bantegal).
Algo similar fue lo que acabó manteniéndose en la ley de movilidad de tierras aprobada dos años más tarde, en 2011, por el propio Gobierno de Feijóo, que insistiría en esa línea de intervenir en predios abandonados a través de la expropiación, de la ocupación temporal o de la intervención puntual en ellos en leyes posteriores como la de estructura agraria o las diversas modificaciones introducidas en la de lucha contra los incendios forestales, ámbito en el que se llega a contemplar la expropiación para terrenos sin limpiar.
Pero en estos diez años la Xunta no sólo ha apostado por la expropiación y la ocupación de terrenos con una motivación agrícola o forestal. El Gobierno de Feijóo comenzó abriendo la mano en 2009, al poco de llegar a la Xunta, con la acuicultura, facilitando la expropiación de terrenos por parte de la administración para que se instalen piscifactorías, y fue extendiendo ese modelo de expropiación pública de predios a particulares para su posterior gestión privada por parte de empresas a todo tipo de ámbitos a través de la denominada ley de iniciativas empresariales aprobada hace un año.
Las modificaciones legales en múltiples ámbitos en la línea de facilitar las expropiaciones o flexibilizar los posibles usos privados posteriores de esos bienes expropiados continúan, con pequeñas modificaciones en artículos de diversas leyes. Hace sólo unos pocos días, con la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para este 2019, entró en vigor una modificación legal que permite que en determinados casos de expropiaciones realizadas para facilitar ordenaciones urbanísticas impulsadas por la iniciativa pública, “la adquisición de los bienes no implicará su afectación implícita a un uso general o a un servicio público”.
La Xunta también tiene en tramitación una nueva ley de ordenación del territorio en la que se mantiene, como hasta ahora, la expropiación como sistema de obtención de los terrenos necesarios para los denominados proyectos de interés autonómico, en algunos casos promovidos por la iniciativa privada, pero introduce como novedad la posibilidad de que ese promotor pueda posteriormente subrogar su derecho en un tercero interesado. “Quitar tus tierras y dárselas a otros con la excusa de que no las trabajas” era uno de los miedos que azuzaban aquellos panfletos contra PSOE y BNG de hace diez años. Ahora el propio Gobierno de Feijóo presume en sus notas de prensa de la posibilidad de declarar la urgente ocupación de inmuebles que considere abandonados.
