Adif no pidió evaluar la curva de Angrois a la consultora pública especializada en seguridad
Adif, la empresa pública responsable del AVE Ourense-Santiago, no encargó a la consultora también pública Ineco que evaluase los posibles riesgos de toda la línea sino sólo hasta unos 300 metros antes de la curva de Angrois, donde el 24 de julio de 2013 descarriló un tren Alvia provocando 80 muertes. Así lo reiteraron este miércoles en el juzgado dos técnicos de Ineco que ratificaron lo ya avanzado este martes por una tercera compañera. Sin embargo, según documentos ahora desvelados, en una fase previa Adif sí había considerado necesario evaluar también el tramo final de la línea.
En diciembre de 2011, justo antes de la inauguración del AVE Ourense-Santiago, la empresa pública Ineco emitió un informe de evaluación de riesgos del AVE Ourense-Santiago elaborado por Salvador Arriaga, revisado por Jorge Merino y aprobado por Laura López. Los tres técnicos de la consultora fueron citados a declarar como imputados por el juez instructor del caso. Este martes, tras la comparecencia del director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, lo hizo Laura López, mientras que Arriaga y Merino comparecieron este miércoles. Los dos ratificaron lo que había dicho el día anterior su compañera, que Ineco no evaluó la seguridad de la curva de Angrois porque Adif sólo le encargó hacerlo del resto de la línea de alta velocidad hasta justo antes de ese punto.
La comparecencia de los tres técnicos de Ineco se produce como consecuencia de la declaración realizada en julio por el director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, quien derivó hacia ellos la responsabilidad de analizar los riesgos existentes en la línea ferroviaria, como exige la normativa europea. Sin embargo, tanto López el martes como Arriaga y Merino este miércoles indicaron que Adif sólo encargó a Ineco que analizase el denominado enclavamiento de O Irixo, una de las tres divisiones a efectos técnicos de la línea ferroviaria Ourense-Santiago, la ubicada en su punto medio entre el enclavamiento de Ourense y el de Santiago. Ese tramo finaliza en el punto kilométrico 84,144, justo antes de la curva de Angrois y del punto 84,413 en el que descarriló el tren Alvia.
Arriaga y Merino, según varias fuentes presentes en su declaración, dijeron que no analizaron ninguna cuestión referente al enclavamiento de Santiago en el que se produjo el accidente y que sobre el tramo previo se limitaron a analizar, como es su competencia, que la documentación que les transmitió la empresa constructora fuese correcta, sin evaluar tampoco los riesgos derivados del factor humano. Al final de su declaración, el abogado del maquinista del Alvia imputado destacó que “Adif tenía que hacer un análisis integral de riesgos de todos los elementos de toda la línea y ahora queda claro que ni siquiera lo hizo de la señalización en el enclavamiento de Santiago”. Según ve, el juez instructor podría ahora llamar a declarar a responsables de la empresa constructora para saber si alguien hizo ese análisis de riesgos integral que reclama la normativa europea y que se echa en falta en la instrucción.
La declaración de los técnicos de Ineco se produce después de que este martes Europa Press desvelase actas internas, a las que ha tenido acceso este diario, de reuniones entre varios departamentos de Adif, las empresas constructoras que instalaron los sistemas de seguridad e Ineco que volverían a poner el foco sobre el director de Seguridad en la Circulacion de Adif, Andrés Cortabitarte, como máximo responsable de la autorización de entrada en servicio de la línea.
Según esas actas, el departamento de Seguridad de Cortabitarte reclamó en varias ocasiones desde abril de 2011 a otros departamentos de la empresa pública la necesidad de contar con evaluación externa también de ese último tramo de Santiago en el que ocurrió el accidente antes de poner en servicio toda la línea desde Ourense. Sin embargo, en un acta del 26 de septiembre de 2011 esa petición de una evaluación externa deja de figurar y se acepta a cambio un informe de seguridad elaborado por la propia empresa constructora. No queda claro el motivo por el que la dirección de Seguridad o Cortabitarte aceptaron ese cambio y éste último permitió que dos meses y medio después la línea entrase en servicio.
