Varias administraciones cuestionan el impacto de la ciudad deportiva del Celta en un monte a expropiar
“Las administraciones tienen el deber de facilitarle al Celta, que es un club de primera, unas instalaciones de su misma categoría”. Con estas palabras avalaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 15 de diciembre, el proyecto del empresario propietario del Celta, Carlos Mouriño, de construir su nueva ciudad deportiva en un monte comunal del ayuntamiento de Mos limítrofe con el término municipal de Vigo. Cinco meses después el Gobierno gallego acaba de emitir sus primeros informes sectoriales sobre el proyecto en el marco de su evaluación ambiental y son varios los departamentos tanto autonómicos como estatales que cuestionan las características del complejo por no tener en cuenta su impacto en toda la comarca o sobre la ciudad de Vigo sino sólo en el municipio que lo albergaría.
La ciudad deportiva del Celta en Mos está siendo tramitada por ese Ayuntamiento a través de una modificación puntual de su plan de urbanismo, aprobado hace poco más de un año. Prevé expropiar 864.000 metros cuadrados de monte, la mitad de propiedad comunal, para otorgárselos en concesión al Celta, que construirá en ellos un centro comercial de 120.000 metros cuadrados con el que hacer viable sus instalaciones deportivas, que incluyen un estadio de entre 6.000 y 11.000 espectadores, siete campos de fútbol reglamentarios, otros tres de menores dimensiones, pabellón y piscina.
La propuesta de modificación urbanística se sometió a exposición pública en enero y ahora la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta acaba de emitir, con fecha del pasado día 16 de mayo, las condiciones que debe cumplir el denominado estudio ambiental estratégico que deben elaborar ahora los promotores del complejo para garantizar que cumple todas las normativas sectoriales que le afectan. Buena parte de las objeciones ahora mostradas por varios departamentos de la Xunta y el Gobierno central son similares a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Vigo, crítico con el proyecto por impulsarse junto a su límite municipal sin tener en cuenta sus efectos sobre la ciudad.
De momento, en su resolución la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta recoge las objeciones que en esta fase inicial ya han formularon otros varios departamentos de las administraciones autonómica y estatal. Y ella misma pone el foco sobre la intención de los promotores de impulsar un centro comercial de la envergadura del allí previsto argumentando que no existe ninguno en el término municipal de Mos pero obviando los varios ya existentes o en proyecto a poco más de dos kilómetros dentro del término municipal de Vigo. “Hace falta justificar suficientemente la necesidad de ocupar suelo para implantar una nueva área comercial de las dimensiones previstas con un estudio de la oferta y demanda existente tanto en el municipio de Mos como en el área urbana que conforma con los ayuntamientos próximos”, reclama el Gobierno gallego.
Hace dos meses el responsable de la propuesta urbanística del Celta, el arquitecto Javier Rivas, que fue gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, admitía a este diario que sería deseable una visión supramunicipal del complejo pero argumentaba que la legislación sólo obliga a analizar el municipio en el que se emplaza el proyecto, algo que ahora la Xunta rechaza.
Pero esa no es la única objeción al proyecto tal y como está formulado en la actualidad. El Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta cree que “puede provocar efectos paisajísticos significativos” y pide estudiar “localizaciones alternativas que generen una incidencia visual menor y la necesidad de implantar un centro comercial”. Y la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno gallego dice que “dado que el objetivo de la modificación es la implantación de usos y dotaciones privadas, hace falta justificar adecuadamente la elección de la expropiación como sistema de actuación” y pide aclaraciones sobre las previsiones de abastecimiento de agua y justificar que los espacios libres propuestos cumplen con las dimensiones mínimas. También la Confederación Hidrográfica, dependiente del Gobierno central, duda de los efectos del complejo sobre los recursos hídricos.
Por su parte, el Ministerio de Fomento advierte de que el complejo debe estar condicionado al trazado de la nueva autovía entre O Porriño y Vigo alternativa a la peligrosa A-55 actual cuyo desbloqueo acaba de prometer el propio presidente Rajoy y pide estudios de tráfico específicos sobre el efecto de la ciudad deportiva sobre las vías estatales más próximas.
Junto con estas y otras exigencias de las diversas administraciones públicas implicadas que ahora formula de forma conjuntas la Dirección General de Calidad Ambiental, el departamento autonómico también señala la existencia en el proyecto de “incoherencias respecto a la superficie del ámbito afectado” o “leyendas ilegibles que no reflejan la conexión con los sistemas generales existentes”.
Ahora los promotores del proyecto deberán tener en cuenta estas exigencias para elaborar el estudio ambiental estratégico del complejo, documento que después deberá ser expuesto al público durante dos meses al tiempo que se obtengan los informes sectoriales definitivos sobre el complejo.
