La Xunta contrata el salvamento marítimo con la empresa a la que vendió sus helicópteros
La Xunta de Galicia adjudicó el martes a la multinacional Babcock España, que adquirió a la antigua Inaer, el contrato para prestar el servicio autonómico de salvamento marítimo con helicópteros. Tendrá un coste para las arcas públicas de 33 millones de euros durante los próximos cuatro años, prorrogables otros dos años hasta un máximo de 51 millones de euros. El servicio costará así unos 8,5 millones de euros al año, un millón más al año que antes de que la Xunta le vendiese en 2012 precisamente a Inaer los dos helicópteros que hasta entonces eran propiedad autonómica. El Consello de Contas, equivalente del Tribunal de Cuentas estatal, criticó que la Xunta no hiciese en su momento “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en adjudicaciones futuras como la ahora concretada, que confirma el augurio de un incremento del coste que hacía el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.
En 2005, tras la catástrofe del Prestige, el gobierno de Manuel Fraga compró por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ y adjudicó la gestión del servicio y el mantenimiento de los aparatos a la empresa Inaer. En 2012, tras varias modificaciones irregulares del contrato denunciadas por Contas, el Gobierno gallego le vendió a la empresa los dos aparatos por 13 millones de euros con el argumento de que se estaban quedando viejos y que destinaría el dinero que obtenía por la venta a rebajar la cuota anual a pagarle por operar el servicio, que tenía que seguir prestando con esos mismos aparatos. Si hasta 2012 el coste anual del servicio era de 7,5 millones de euros, en el contrato que le otorgó ese año la Xunta a Inaer por cinco años ascendía a 8,9 millones al año, que lograba rebajar a 6,1 millones gracias a restar lo obtenido por la venta de los aparatos.
El pasado abril, ante la cercanía del fin de aquel contrato, la Xunta convocó un nuevo concurso para buscar una empresa que siguiese prestando el servicio en los próximos cuatro años prorrogables a seis con un coste máximo de 6,5 millones al año. A esa primera licitación no se presentó Inaer, adquirida en este tiempo por la multinacional británica Babcock y que ahora se denomina Babcock Mission Critical Services España. Sí concurrió otra empresa más pequeña con sede en Ferrol, Seprogal Servicios Aéreos, que fue descalificada porque la Xunta entendió que no cumplía con los requisitos exigidos y que a su vez denunció al Gobierno gallego ante la Fiscalía.
Tras declarar desierto aquel primer concurso de abril, en junio la Xunta realizó lo que se denomina una consulta preliminar del mercado para que las propias empresas interesadas le comunicasen qué cambios debía introducir en el contrato para que les resultase más atractivo. Y en julio convocó una segunda licitación en la que modificó algunas de las condiciones del servicio e incrementó de 6,5 a 8,5 millones el importe que está dispuesta a pagar anualmente teniendo teniendo en cuenta la posible prórroga del contrato de cuatro a seis años. A ese segundo concurso mejorado se presentó de nuevo Seprogal, que como en el primero volvió a ser descalificada por la Xunta. Pero en esta ocasión, con las condiciones ya mejoradas, también lo hizo Babcock.
En su oferta, al contrario de lo que suele suceder con la mayoría de los concursos públicos, en los que los diferentes candidatos intentan proponer la mayor rebaja posible en sus precios porque desconocen si alguna otra oferta los bajará aún más, Babcock no rebajó ni un solo céntimo el importe máximo que estaba dispuesta a pagar la Xunta. La otra posibilidad que daba la Xunta a las empresas interesadas para mejorar las condiciones de partida de la licitación era la de ofrecer un número de horas de servicio prestadas de manera gratuita, pero nuevamente Babcock no ofreció ni una sola hora de trabajo a mayores.
Este martes, después de críticas de En Marea, PSdeG y BNG, que la acusaron de hacer un concurso a la medida de Babcock-Inaer, la Xunta hizo pública la resolución de la adjudicación por los citados 33 millones por cuatro años, prorrogables a seis años por un máximo de 51 millones. Se confirma así el incremento del coste del servicio que temía el Consello de Contas por la falta de estudios previos por parte de la Xunta.
