La Xunta licita el primer gran contrato para rastrear la COVID-19 un año después del inicio de la pandemia

Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase que la COVID-19 se había convertido en una pandemia y cuando Galicia se encuentra sumida en el proceso de vacunación que debería ir frenando los contagios en los próximos meses, la Xunta ha dado inicio al proceso para contratar el servicio telefónico de rastreo y seguimiento de contactos de los positivos por coronavirus. Destinará 14 millones de euros para un año y el contrato se podrá prorrogar otros doce meses.

El anuncio lo hizo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, tras el que explicó que ahora se abre la licitación. La fórmula escogida para el contrato será un acuerdo marco con un único empresario. Cualquier empresa que se considere capacitada para prestar el servicio puede presentar su oferta. El procedimiento abierto “facilita la concurrencia y precios más bajos para la administración”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

En la justificación de esta licitación, Feijóo citó los costes que supone el rastreo para las arcas públicas. Un caso “sin complejidad” cuesta 25,79 euros y, “si es con complejidad”, el gasto sube a 29. “Estamos utilizando dinero de todos los gallegos, utilicémoslo con responsabilidad”, dijo. Aunque en los próximos meses, para cuando el proceso esté resuelto y el contrato adjudicado, la previsión es que las vacunas hayan mejorado el control de los casos, el presidente de la Xunta cree que “las cautelas en una pandemia nunca vienen mal”.

Hasta ahora, estos servicios se venían contratando por el procedimiento de emergencia. La opacidad del Gobierno gallego impidió saber en este año cuántos trabajadores se estaban dedicando a estas tareas y cómo. El primer dato que dio la Xunta, en mayo de 2020, sobre el número de personas encargadas del rastreo en la plataforma tecnológica era de 20, una cifra que se multiplicó en cuestión de semanas hasta superar las 6.000. El Gobierno gallego estaba contabilizando como rastreadores a personal de servicios centrales, de medicina preventiva y de las jefaturas territoriales y a los médicos de atención primaria, a los que después reclamó que, en su seguimiento, dejasen de pedir PCR para los contactos estrechos de positivos.

Las respuestas de Feijóo, del Servizo Galego de Saúde y del conselleiro de Sanidade a las reiteradas preguntas sobre el número de rastreadores fueron contestadas a lo largo de los meses de pandemia con evasivas y afirmaciones acerca de que se trataba de una cifra variable que se iba adaptando, pero sin ofrecer una horquilla. El director xeral de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Jorge Aboal, llegó a decir que él desconocía cuánta gente trabajaba en la central de seguimiento de contactos. Tampoco se supo en este tiempo qué empresa se estaba encargado de la plataforma tecnológica. Ahora, en palabras del presidente gallego, si hay un rebrote, la central telefónica estará activada y tendrá a los rastreadores “controlados y contratados”.