En los primeros días de enero, apenas una semana después de la detención del asesino confeso de Diana Quer y del hallazgo del cadáver de la joven madrileña que había desaparecido en A Pobra do Caramiñal en 2016, el PP inició una ofensiva política a favor de la prisión permanente revisable en todos los ámbitos en los que tiene representación, de los ayuntamientos a los parlamentos. Tres meses después de que, en el Congreso, la votación de una iniciativa del PNV constatara la existencia de una mayoría política contraria a esta figura punitiva, aprobada durante la mayoría absoluta de los conservadores, los de Rajoy se han apoyado en la conmoción social causada por este crimen para hacer bandera partidaria de ella. La estrategia ha desembarcado este miércoles en el Parlamento gallego con un duro debate en el que el PPdeG ha acusado al conjunto de la oposición de pretender “beneficiar” a asesinos y terroristas mediante esta derogación.
La encargada de defender la iniciativa -dirigida en última instancia a pedir a los grupos del Congreso que “reconsideren” su postura, una figura prácticamente inédita en la Cámara gallega- ha sido la viceportavoz popular, Paula Prado, quien ha asegurado no estar “utilizando el dolor de las familias”, si bien antes había citado con nombres y apellidos a quienes “sufren la condena permanente” del “dolor de la ausencia” de las personas asesinadas en “crímenes atroces”. Su propuesta, mantiene, “no ha surgido al calor de los crímenes recientes”, aunque insta a los grupos de la izquierda, “a la vista de los últimos acontecimientos”, a pensar si “los vecinos del violador del estilete se encontraban más seguros cuando este señor salió” de la cárcel.
La prisión permanente revisable, proclama Prado, “ni es cadena ni es perpetua” y el PP la agita por la “seguridad de nuestras hijas, de nuestras madres, de niños y niñas vulnerables ante depredadores sexuales”. Ella, dice, quiere “suponer” que En Marea, PSdeG y BNG “tienen la misma sensibilidad” hacia el “clamor de las familias” que, quieren “ver un poco aliviada su dolor viendo dentro de la prisión a quienes les quitaron a sus seres más queridos”. “Esa es la gente a la que tienen que escuchar” y no a la que “sale los domingos con las pancartas”, en referencia a la reciente manifestación a favor de la sanidad pública.
El rechazo en la bancada izquierda ha sido unánime. El planteamiento del PP no solo “supone ignorar desde el punto de vista científico y democrático cuál es la finalidad de las penas de prisión”, defendió Luís Villares en nombre de En Marea, sino que tiene como “única intención” buscar un “enfrentamiento partidario a costa del dolor de las víctimas”. La actitud del PP es “ruín y execrable y queremos condenarla”, señaló Villares, quien censura que los conservadores empleen el “más burdo populismo punitivo” y “jueguen con el dolor de las víctimas en beneficio propio para que Ciudadanos no les coma espacio” electoral.
El perfil populista de la propuesta también lo observan los otros dos grupos de la oposición. Prado, reprochó la socialista Patricia Vilán, ha puesto en escena una “manera ruín” y “mezquina” de “hacer política”, una “indecencia” que además es “un despropósito” desde el punto de vista técnico. “Nuestro más absoluto respeto a las víctimas y a sus familias, pero también nuestra repulsa más absoluta a quienes sin ningún pudor pretenden convertir el sufrimiento en arma política”, señaló la parlamentaria del PSdeG, quien insta el PP a recordar los incrementos de las condenas incluidas en el Código Penal en los últimos años antes de lanzarse a defender esta “cadena perpetua encubierta”.
También la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha destacado el hecho de que los conservadores obvien en su planteamiento que “el Estado español es uno de los territorios más seguros del mundo, con una tasa de criminalidad sustancialmente inferior a la media europea” pero con un mayor volumen de “población reclusa”. “Nos preocupan mucho que usen el Código Penal como arma electoral, aprovechando un estado de opinión enormemente sensibilizado por crímenes concretos y muy mediatizados”. “Es legítimo y comprensible que las familias de las víctimas de crímenes atroces exijan dureza, pero al poder político se nos requiere más razón que emoción” y por eso, comparte con el resto de la oposición, el Bloque tampoco apoya el “populismo punitivo y penal” del PP.
Las consideraciones de Villares, Vilán y Rodil derivaron en una mayor dureza de Prado para concluir el debate. “Decir que estamos utilizando a las familias sí es oportunismo”, acusó antes de instar a En Marea, PSdeG y BNG a “decir a quién quieren beneficiar” con la derogación de la prisión permanente: “¿a David Oubel -encarcelado bajo esta figura tras asesinar sus dos hijas en Moraña- o a los terroristas con los que se sacan las fotos?”. “Ustedes, los de la marea de Podemos, la señora [Noa] Presas -diputada del BNG- es a quienes están defendiendo con su derogación de la prisión permanente revisable”.
“A nosotros -concluyó Prado entre el revuelo general- no nos sorprende la postura de la marca blanca de la UPG y de las mareas de Podemos, que se ponen del lado de los verdugos y no de las víctimas”. Esta última afirmación derivó en protestas unánimes de la izquierda e incluso en la intervención del presidente de la Cámara, el también popular Miguel Santalices, ante quien Prado justificó la acusación indicando que se refería a “fotografías” y a la presencia de miembros de En Marea y BNG en “manifestaciones” en las que también participó el líder abertzale Arnaldo Otegi. Ante la ausencia de rectificación Santalices retiró las palabras de Prado, la apercibió formalmente y advirtió: “aquí nadie está con los verdugos, quiero dejarlo claro”.