El pasado fin de semana el presidente del PP, Pablo Casado, fue el protagonista de un mitin de su partido en Vigo. Allí aseguró sentir un especial placer por volver a visitar Galicia,ya que sentía “morriña”. Proclamó también que el “sentidiño” será su guía en caso de llegar a la presidencia del Gobierno de España tras el 28A.
Apenas veinticuatro horas después, en un encuentro informativo organizado por el periódico El Mundo, el líder popular insistió en su plan para limitar las lenguas oficiales diferentes del castellano y volvió a prometer la eliminación del requisito lingüístico para acceder a puestos públicos si llega al poder. Casado se refirió concretamente a las oposiciones del profesorado en las que, dijo, el gallego, el euskera o el catalán son actualmente una “barrera”.
La casualidad quiso que Casado insistiera en su promesa de garantizar el derecho a la ignorancia del gallego a quien quiera un empleo público en Galicia un día antes de que el Parlamento autonómico tuviera que abordar una moción en la que el PSdeG instaba a “mantener la exigencia de la acreditación del conocimiento de la lengua gallega” en las oposiciones de la enseñanza y también el conocimiento del gallego como “requisito” en el “acceso a los puestos de la Administración general autonómica”. Aunque con cambios, la propuesta ha salido aprobada por unanimidad.
A través del diputado Luis Álvarez los socialistas aseguraron ver “incómodos” a los populares “con las declaraciones de Casado”, frente a las cuales, no obstante, Feijóo “justifica, pero no defiende la acreditación” del conocimiento del gallego. Por eso, afirma, se ha hecho necesaria una posición clara del Parlamento de Galicia frente a la “involución lingüística sin precedentes que supone la posición del líder del PP”.
Álvarez contrapone estas exigencias con la realidad señalada por diversos estudios, como los del Consello da Cultura Galega, sobre el declive en el uso de la lengua gallega, especialmente entre la juventud. Por eso incluyó en su moción la exigencia de derogación del vigente decreto que fija las lenguas en la enseñanza, el cual sustituyó en 2010 al que, desde 2007, fijaba un mínimo del 50% de las materias escolares en gallego, cumpliendo así el estipulado en el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, aprobado por unanimidad en 2004.
El PP ha accedido a votar a favor de los puntos sobre la función pública, pero no así el de la derogación del decreto. Según su portavoz en el debate, César Fernández, los grupos de la oposición gallega mantienen “un debate artificial sobre el uso del gallego” y son ellos, afirma, quien la convierten en “elemento de confrontación”. Este “debate”, agregó, “no existe ni en las escuelas ni en las casas de los gallegos, porque no es un problema en nuestra sociedad”.
Finalmente, la redacción del texto propuesto por el PSdeG y votado a favor también por PP, En Marea y BNG insta a la Xunta a que “garantice que al final de las etapas educativas en las que la enseñanza de la lengua gallega sea obligatoria, el alumnado conozca en sus niveles oral y escrito la lengua gallega en igualdad con el castellano”; pide que “mantenga la exigencia de la acreditación del conocimiento de la lengua gallega en los procesos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes en aquellos procesos que se desarrollen en la comunidad autónoma de Galicia”. Y, por último, señala que “en el acceso a los puestos de la Administración general autonómica de Galicia se mantenga como requisito la acreditación del conocimiento de la lengua gallega”.