El PP le regatea al hospital de Lugo los servicios para tratar infartos y cáncer
“Estaremos vigilantes para que esto que se aprueba aquí se cumpla sin engaños ni demoras”. El pasado 25 de marzo, el portavoz de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar al Hospital Universitario Lucus Augusti de los servicios pendientes y ex alcalde de la ciudad, Vicente Quiroga, se dirigía de este modo a los escaños del PP en el Parlamento. En ese pleno, la unanimidad de los grupos apoyaba la toma en consideración de la ley ciudadana para instalar en el Lucus Augusti las unidades de medicina nuclear, radioterapia y también de hemodinámica a tiempo completo –ahora solo funciona por las mañanas– prometidas por Feijoo en la inauguración del centro. La ILP, señalaba el portavoz del PP en el debate y en el Ayuntamiento lucense, Jaime Castiñeira, venía “a completar y refrendar el compromiso firme de la Xunta” con este hospital. Ahora el propio PP se dispone a vaciar de contenido este compromiso.
Tras la toma en consideración, la ILP inició el preceptivo trámite parlamentario, en el que se incluye la posibilidad de presentación de enmiendas por parte de los grupos. Por el momento se han presentado siete: una de AGE, encaminada la que los nuevos servicios “se proporcionen íntegramente dentro de la sanidad pública”, y seis del PP que dilatan plazos, diluyen compromisos e incluso le cambian el título a la propuesta, que deja de ser “para garantizar la prestación” de las mencionadas especialidades sanitarias “en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía gallega” y pasa a ser una “ley por la que se modifica (...) la ley de garantías de prestaciones sanitarias”, esto es, la norma que abre la puerta a la transferencia de pacientes del Sergas a la sanidad privada.
Menos de dos meses después de que Castiñeira dijera concordar con la reclamación vecinal porque “nadie estamos libres de tener que utilizar algún día estos servicios”, su jefe en el Parlamento, Pedro Puy, firma un paquete de modificaciones que elimina de la exposición de motivos de la ley las referencias a las promesas realizadas por el presidente de la Xunta, a la demora en atender infartos en la provincia de Lugo a causa de los traslados a otros hospitales o a la necesidad de obtener estos servicios de manera inmediata. En el nuevo texto, el PP ni siquiera habla abiertamente de instalar estas unidades en el HULA, sino de la necesidad de “agrupar un volumen de casos suficiente” para “determinadas actividades clínicas” con el objetivo de “desarrollar su actividad en unas condiciones excelentes”.
Donde el vecindario de Lugo estipulaba compromisos concretos, los conservadores glosan ahora un programa para atender infartos instaurado por el Sergas en el año 2005, que tenía “como principal reto” paliar la dispersión de la población y “realizar los traslados desde cualquier punto” a un hospital con la unidad idónea “en menos de 120 minutos”. En vez del texto original, que desde el inicio instaba a “poner en marcha ya” lo que Feijóo prometió para Lugo en 2011, figurará que “parece oportuno que se recoja entre las garantías de que disponen los usuarios la del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de equidad en relación con la distribución territorial”.
Tras esta exposición de motivos llega el regateo en la parte dispositiva de la ley, que en su redacción inicial obligaba a la Xunta a dotar de “servicio de hemodinámica 24 horas, radioterapia y medicina nuclear” a todas las provincias gallegas“ en ”igualdad de condiciones“. Atendiendo a la enmienda del PP, el Gobierno gallego solo deberá disponer que ”todas las provincias gallegas dispongan de procedimientos“, que no de servicios, en estas especialidades, eliminando además la referencia a las ”24 horas“. Se añade además que, ”en cualquier caso“, la ”prestación de estos servicios“ debe tener en cuenta el ”mejor aprovechamiento de las salas de hemodinámica existentes“. Por último, los populares estipulan una notable dilación de plazos: mientras que la ILP fijaba que la hemodinámica tendría que estar instalada en Lugo en 6 meses y la radioterapia y la medicina nuclear en un año, las enmiendas le dan 18 meses a la Xunta, esto es, hasta 2016, para cumplir los nuevos y difusos compromisos.
