El PP promueve que el Parlamento gallego vote a favor de la permanencia de ENCE en Pontevedra a dos días de la campaña electoral
El pasado marzo el Gobierno de España realizó ante la Audiencia Nacional un giro de 180 grados sobre su posición oficial con relación a la permanencia de la factoría de ENCE a orillas de la ría de Pontevedra hasta el año 2073 en virtud de la prórroga concedida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones en enero de 2016. A través de la Abogacía del Estado el Gobierno de Pedro Sánchez renunció formalmente a seguir defendiendo la prórroga de la pastera frente a quienes piden su anulación -Ayuntamiento, Greenpeace y Asociación pola Defensa da Ría- y abrió así la puerta a su marcha.
El movimiento gubernamental suscitó toda una cascada de reacciones, comenzando por las de la propia compañía papelera, que advirtió enseguida sobre su intención de litigar y, en el caso de fracasar, invertir en el extranjero. Ni hablar del traslado a otro punto de Galicia que Alberto Núñez Feijóo llegó a llevar dos veces en su programa electoral. El presidente de la Xunta, precisamente, cargó con dureza contra la nueva postura estatal, llegando a asegurar que el traslado de la factoría a otro punto próximo a Pontevedra siempre fue inviable. También cuando era él quien lo prometía.
Este es el telón de fondo ante el que los populares propiciarán, a dos días del inicio de la campaña de las elecciones generales, un pronunciamento formal del Parlamento de Galicia contra el movimiento de la Abogacía del Estado y a favor de la permanencia de ENCE en la ría. A través de una proposición no de ley -figura para adoptar resoluciones políticas no vinculantes- de urgencia promoverán que el pleno del legislativo gallego haga oficial su “rechazo al cambio de criterio de la Abogacía del Estado”, evitando así seguirse oponiendo a los recursos contra la prórroga.
Lo hacen, dice la propia iniciativa, con la intención de que el Gobierno de España, ahora inmerso en pleno período preelectoral, asuma “un compromiso expreso” con los “puestos de trabajo directos e indirectos amenazados” por un eventual cierre de ENCE, los cuales ENCE y el PP cifran en 5.000. La Abogacía del Estado, resalta, debe “rectificar la decisión” de abandonar el proceso porque “supone un acto de injerencia política en una decisión administrativa que siguió un expediente reglado”.
Al tiempo, la propuesta que el PP insertará en la agenda política a las puertas del 28A reclama que el Gobierno de España se ajuste a los “principios de lealtad institucional, cooperación y coordinación” con la Xunta, “comunicando y consensuando con el Gobierno gallego las decisiones que afecten a nuestra comunidad autónoma”, subraya. La reforma de la ley de costas del año 2012, aprobada por el Gobierno de Rajoy, redujo precisamente el margen de maniobra en las comunidades autónomas en decisiones como la prórroga de ENCE.
La mayoría absoluta de los populares permitirá que saquen adelante, con independencia de la posición del resto de grupos, una iniciativa que concluye con una manifestación de “apoyo a todos los trabajadores de la empresa ENCE que desarrollan su trabajo” en la factoría de Lourizán y “a todos aquellos que (...) dependen en su actividad laboral de la permanencia de la empresa”. La propia formación conservadora ha manifestado en los últimos días su adhesión a las protestas de representantes del personal de ENCE ante instituciones públicas como la Diputación de Pontevedra, que gobiernan PSdeG y BNG. A través del sindicato CC.OO. esta representación de los trabajadores ya ha anunciado nuevas movilizaciones específicamente contra el PSOE por considerarlo “único responsable” de un eventual cierre.
