Primer acuerdo de transferencia Estado-Xunta en 13 años: Galicia recaudará 17 millones de un impuesto sobre residuos

En 13 años las transferencias del Estado a Galicia no anotaron ninguna nueva cesión. El Gobierno gallego del PP no había logrado, desde que Alberto Núñez Feijóo alcanzó la Presidencia de la Xunta, ningún acuerdo. Esa hoja en blanco recoge ahora su primera anotación desde 2009: el Estado cede a la comunidad el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración -un tributo ya pensado para recaer en manos de las comunidades-, que supondrá que Galicia va a recaudar directamente unos 17 millones de euros.

El Ministerio de Política Territorial informó hoy lunes del acuerdo, cerrado en la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia y efectivo desde el 1 de enero de 2023. Para ello habrá que hacer una modificación de la ley que regula el régimen de cesión de tributos a Galicia.

La Consellería de Medio Ambiente ha indicado que sus cálculos son que las arcas gallegas ingresarán de forma directa con el tributo 17 millones, para el que se prevé una autoliquidación a trimestre vencido, informa Europa Press. Este departamento de la Xunta especifica que en la cesión se recoge que “la única competencia normativa” que tiene el Gobierno gallego es la capacidad para subir los tipos impositivos, pero “no bajarlos”. La Consellería de Facenda, por su parte, confirmó que empezará a tramitar la orden para regular la gestión y los modelos de autoliquidación.

El acuerdo es el primero en 13 años, dado que la comisión mixta no se reunía desde 2009. A pesar de la escasa actividad solicitando nuevas competencias de la Xunta en este tiempo, recientemente ha dado un paso más en un enfrentamiento con el Gobierno central por su deseo de ordenar el litoral y ha anunciado que está trabajando en una ley con este objetivo. El conflicto surgió a raíz de la ley contra el cambio climático y los artículos que afectan a la concesión de autorizaciones en dominio público marítimo-terrestre. El Ejecutivo autonómico considera que tiene ya reconocida la capacidad de decidir sobre la gestión de la costa y el central considera que es necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía.