El 27 de enero de 2015, en pleno aluvión de exigencias de explicaciones por presuntos casos de corrupción y después de rechazar más de 40 solicitudes de comparecencia al respecto, Alberto Núñez Feijóo presentaba en el Parlamento su “plan de impulso democrático” contra las prácticas corruptas. El presidente de la Xunta aseguró entonces que “en cincuenta días” estarían en marcha “cincuenta medidas”: “lo vamos a conseguir, con o sin ustedes”, advirtió al resto de grupos, mientras anunciaba planes como una nueva ley de transparencia. Más allá de que el ajustadísimo plazo de 50 días no ha sido cumplido, más de un año después muchas de las medidas anunciadas están aprobadas o en proceso de estarlo, si bien una de las principales, la mencionada ley de transparencia, supondrá mayores deberes para el próximo gobierno de la Xunta qué para lo actual.
La nueva ley inició el trámite parlamentario en octubre del año pasado y quedó definivamente aprobada el 23 de diciembre. El Boletín Oficial del Parlamento la publicó cinco días después, pero ha permanecido en una especie de limbo durante más de un mes y no ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) -trámite imprescindible para su entrada en vigor-, hasta el lunes de esta semana. Teniendo en cuenta la disposición última de la norma, que fija su entrada en vigor para veinte días después de la publicación, no será hasta la segunda semana de marzo cuando el nuevo texto sustituya la ley de transparencia del bipartito de PSdeG y BNG, aprobada en 2006 con normas pioneras que en la actualidad ya han sido superadas en muchos ámbitos.
Tal y como avanzó la Xunta en el inicio del proceso, la nueva ley incluye avances como el deber de publicar de manera transparente datos que hasta ahora no son públicos o son de difícil acceso, caso por ejemplo del número de vehículos oficiales del parque móvil o las declaraciones patrimoniales de los altos cargos -hasta ahora solo eran publicadas las de los miembros del Consello da Xunta y no era legalmente obligatorio-. Además, endurece el régimen de incompatibilidades y clarifica las decisiones que pueden o no adoptar los gobiernos en funciones, si bien también en este ámbito los plazos no comprometen en exceso al actual gabinete.
Más allá de que, como cualquier otra ley, no puede ser aplicada de manera retroactiva -con respecto, por ejemplo, a los deberes de los altos cargos a la hora de tomar posesión-, los preceptos sobre la difusión de la información están sujetos a plazos que, dada la cercanía del fin de la legislatura, resulta difícil o prácticamente imposible que afecten al actual Ejecutivo. Así en la disposición transitoria tercera de la norma la Xunta se da hasta seis meses para que los “instrumentos tecnológicos” -nuevas webs, por ejemplo- estén “implementados para que las disposiciones contenidas en esta ley sean plenamente efectivas”. Esto supone que los nuevos procedimientos podrían no estar operativos hasta septiembre, a poco más de un mes de las elecciones -excepto adelanto electoral-.
Todavía más amplio es el plazo que el Gobierno se otorga para aplicar en Galicia “los mecanismos de planificación y evaluación normativa” incluidos en las recomendaciones de la Comisión Europea en el paquete de transparencia conocido como better regulation. En este caso el plazo es de ocho meses con lo que, de cualquier modo, será el próximo Gobierno gallego el que tenga que asumir el desarrollo de la norma. Igualmente, el próximo Gobierno será el que realice “la estructura y contenidos del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto” e incluso las nuevas normas para los traspasos de poderes, ya que la ley indica que se realizará “en un plazo no superior a un año” a contar desde el próximo mes de marzo.
La propia ley indica que, “mientras no se desarrolle reglamentariamente”, permanecen en vigor normas como el registro de convenios, que data también de la etapa del bipartito. Como ha informado eldiario.es, este mecanismo de transparencia arrastra un notable retraso en su actualización que la Xunta atribuye a un déficit de personal para hacerlo.