Así quebró el primer experimento sanitario de Feijóo

“Hay gente que lleva veinte años deteriorando la imagen de la sanidad pública y diciendo que hay recortes, yo intento llevar veinte años protegiendo la sanidad pública”. La pasada semana las críticas del personal sanitario arreciaban en los hospitales gallegos por el “colapso” y el “caos” que estaban sufriendo a causa de la combinación de recortes y gripe. Mientras el asunto llegaba hasta la Fiscalía el presidente de la Xunta respondía de este modo a unas protestas que no son “nada nuevo”, sino muestra de que “hay interlocutores que se dedican a disminuir la sanidad pública”, que ya “en los años 90” hablaban de “recortes”. Profesionales de la sanidad y oposición parlamentaria replicaron a las palabras del presidente remitiéndose, precisamente, a los años 90, cuando como máximo responsable del Servizo Galego de Saúde (Sergas) contribuyó a hacer brotar un experimento de gestión sanitaria que terminó en quiebra: las fundaciones hospitalarias.

Estas fundaciones llegaron a ser cuatro en Galicia y tuvieron su emblema en la Fundación Hospital de Verín (Ourense), constituida en septiembre de 1993, cuando Feijóo era ya gerente del Sergas y, por lo tanto, número dos de su mentor político, el entonces conselleiro de Sanidad y actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría. Tuvo una dotación inicial de 100 millones de pesetas -unos 600.000 euros- y fue concebida para gestionar con una metodología “moderna” y “flexible” el recinto verinense, cuya puesta en marcha había sido promovida por el antiguo Insalud, organismo estatal que se lo había transferido al Sergas entre dudas sobre su rentabilidad. Así, ponían a funcionar un hospital que en la práctica era parte de la red pública, pero que sería regido por los principios del sector privado en materias como la contratación o el pago de incentivos.

Apenas tres años después del celebrado nacimiento, en 1996, el hospital funcionaba con 80 camas, la mitad de su capacidad, y su gestión ya estaba sumida en la opacidad, en el descontrol y también en las pérdidas económicas e incluso en las cuentas falseadas. Así lo reflejaba un duro informe del Consello de Contas en el que, a pesar de advertir de que las cuentas anuales de la fundación no expresaban “imagen fiel” de lo que sucedía en Verín, era capaz de cuantificar unas pérdidas superiores a los 200 millones de pesetas -alrededor de 1,2 millones de euros- y de advertir, en general, de una “grave situación financiera” que le hacía padecer una “total dependencia” del “apoyo financiero adicional” de la Xunta.

Descontrol e irregularidades

El proyecto concebido para liberar la gestión sanitaria de los vicios de la administración pública mediante “técnicas de gestión empresarial” estaba funcionando, según Contas, como “vía de escape a los controles administrativos” sin que existiera ninguna “justificación documental de la necesidad y conveniencia de promover una fundación para prestar servicios sanitarios”. El mecanismo articulado por Romay y Feijóo servía para “trasladar funciones propias de la Administración, sustrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para ponerlos a disposición de una entidad privada”.

Donde se había vendido “flexibilidad de actuación” había “falta de control presupuestario” y además, diagnosticaba el ente fiscalizador, “destacables irregularidades en la contratación de personal y en la subcontratación de servicios externos que acaban distorsionando las previsiones de gasto”. Así, la selección de personal se le había encomendado a una empresa privada mediante procesos selectivos sin “los requisitos mínimos para garantizar un procedimiento objetivo” y, además, se habían producido “contrataciones de personal laboral temporal al margen de las convocatorias públicas y de todo procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Tampoco se había comprobado si las personas contratadas estaban “incursas en incompatibilidades” y, al mismo tiempo, “algunos contratos eventuales” de “dos, tres, cuatro días” provocaban la “existencia de empleo en condiciones de precariedad no admisibles para un ente tutelado por la Administración pública”.

Paso al sector público y rescate por el bipartito

Cuando el Consello de Contas hizo público este informe, en 1998, advirtiendo además de que el Hospital de Verín no era capaz de “atender una importante demanda asistencial” de pacientes de la comarca, ni Feijóo ni Romay estaban ya en el Sergas. El tándem político-sanitario comandaba ya el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Aznar y publicitaba las bondades de las fundaciones hospitalarias, modelo que tenían intención de implantar en gran parte del Estado. Así, el ministro Romay ponía como ejemplo su creación de Verín para asegurar en el Congreso de los Diputados que con las fundaciones “los trabajadores están mejor pagados” y los pacientes, “más satisfechos”, todo con menos coste. “Es el resultado de introducir técnicas organizativas modernas, con eso se consiguen excelentes efectos”, decía.

Feijóo, por su parte, recorría diferentes centros sanitarios para, en calidad de presidente del Insalud, ofrecer la conversión de los hospitales tradicionales en fundaciones. “Está admitido pacíficamente por todos los responsables sanitarios” que era necesario “avanzar” en la “individualización” de la gestión de cada hospital, declaraba Feijóo en palabras recogidas por El País. Se trataba, decía, de ganar “autonomía” y “eficiencia” gracias a la “delegación” en entes privados de nueva creación.

Mientras el actual presidente de la Xunta intentaba extender su plan, en Galicia comenzaba a fracasar. Así, el 5 de octubre del 2000 el Consello da Xunta de Manuel Fraga decidía que tanto la de Verín como las demás fundaciones hospitalarias pasaran a ser públicas y en 2003 el Ejecutivo gallego, del que ya formaba parte Feijóo, daba el primer paso para integrar su personal en el Sergas. En 2006, ya con el bipartito, la Xunta tenía que inyectar algo más de 10 millones de euros en las fundaciones. La que más fondos necesitó, más de 4 millones, fue la de Verín.

Tras esta operación “obligada”, según el Consello de Contas, para “compensar resultados negativos de varios ejercicios, cuestionando así la mayor eficiencia defendida en la prestación de servicios”, el bipartito de PSdeG y BNG decidió ponerle punto y final al modelo. De este modo, en 2007 el personal de las fundaciones fue integrado en el Sergas. Finalmente, en 2008 la Xunta disolvió las fracasadas fundaciones, que desde ese momento pasaron a ser hospitales plenamente públicos.