Rebelión en los ayuntamientos gallegos. La decisión de la empresa pública Sogama, participada mayoritariamente por la Xunta de Galicia y dependiente de la Consellería de Medio Ambiernte, de incrementar en dos tercios el canon del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que pasará de 66 euros en 2024 a 108 el próximo año, ha provocado un “malestar” generalizado, que algunos regidores han elevado a “sablazo” o “estafa política”. Los gobiernos locales se enteraron de la decisión por los medios, tras la publicación de la carta en la que el presidente de Sogama comunicaba las nuevas tarifas a los consejeros. La compañía, por su parte, defiende la “necesidad” de la subida como un “ejercicio de responsabilidad” ya que el precio actual “apenas cubre la mitad del coste real” debido, según dice, al incremento de los costes derivado del aumento de los impuestos estatales.
295 de los 313 concellos gallegos son clientes de Sogama, que en el mes de julio ya anuló el descuento del 15% que aplicaba a 118 municipios por separar la basura y fomentar el reciclaje. A Vigo, la mayor ciudad de Galicia, estas dos decisiones le supondrán aumentar su gasto en casi 5 millones de euros hasta finales de 2025. Santiago, la capital gallega, estima el coste en un millón de euros, que Pontevedra eleva en medio millón más.
En nombre de todos ellos, ha sido el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), el socialista Alberto Varela, quien ha enviado una carta al presidente de Sogama, Javier Domínguez, para manifestarle su “malestar” por una subida que considera “desproporcionada”, pero también por las formas “al no tener ningún conocimiento previo de la misma”.
La Federación de Municipios denuncia “el impacto” de la medida
Varela, alcalde de Vilagarcía, reitera la propuesta de formar “una comisión de trabajo entre Sogama, las consellerías de Medio Ambiente e Facenda y la Fegamp” que fije el canon para 2025 antes de la aprobación de los presupuestos de la Xunta. Esa iniciativa fue trasladada en dos ocasiones durante el mes de julio, sin respuesta ni por Sogama ni por los departamentos del ejecutivo autonómico.
Alberto Varela señala en la carta “el gran impacto que esta decisión unilateral tendría para las entidades locales gallegas” por lo que le solicita al presidente de Sogama una reunión urgente en la se detallen las previsiones de Sogama y para que desde la Fegamp se pueda “informar a los ayuntamientos y adoptar las medidas pertinentes al respecto”.
Sobre este último episodio de la subida del canon de Sogama a los ayuntamientos, reitera que “sobre el pretexto del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en escombreras, la incineración y la coincineración de residuos, esgrimido por Sogama como una de las razones para el incremento del canon, es la Xunta de Galicia, socio mayoritario de Sogama, quien ha previsto ingresar en 2024 la cantidad de 12.150.039 euros”.
“Sogama indica que asumió este impuesto estatal en el año 2023, no siendo repercutido a los ayuntamientos, pero lo que no indica es que fuera ingresado en su totalidad por la Xunta de Galicia al tener cedida la gestión y recaudación de ese impuesto desde 2022”, añade.
Para Vigo, es “una estafa política”
Varela no está solo en su denuncia. El alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, ha arremetido contra la Xunta por la “inmensa subida” del canon, que calificó de “estafa política”. Según Caballero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “esquilma” a la ciudad, ya que con lo que Vigo pagará de más, en solo un año y medio ya cubre la inversión del gobierno autonómico en la compra del Teatro Cine Fraga, la inversión estrella en materia cultural del ejecutivo autonómico.
En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha recordado que la subida aplicada a Vigo es de 3,2 millones de euros anuales, pero que dicha subida ya se aplica desde julio de este año. Por tanto, según sus cálculos en estos 18 meses “Vigo le da a la Xunta 4,8 millones de euros”, más que los 4,6 millones que el gobierno gallego pone en la compra del Fraga (cofinanciada con la Diputación de Pontevedra, que pone el resto hasta los 9,3 millones de euros que costó el edificio).
“La Xunta nos está estafando. Esto es una estafa política permanente. Presumen de que compran el Fraga, pero lo está pagando Vigo con la subida de la tasa de Sogama, en solo año y medio”, ha proclamado Caballero, que ha añadido que “Rueda está esquilmando a Vigo” y “solo piensa en Vigo para llevarse el dinero de la ciudad”.
En Santiago lo ven “escandaloso”
Para la alcaldesa de Santiago de Compostela, la nacionalista Goretti Sanmartín, la subida del canon es “escandalosa” y “desproporcionada” y estima que a la capital gallega le supondrá un gasto cercano al millón de euros más al año.
Sanmartín ha esgrimido que primero tendrán que “valorar” esta decisión y después “impedir” que se lleve a cabo. “Es una subida basada en un modelo de gestión de basura que es absolutamente obsoleto, un modelo costoso, contaminante y que no permite la normativa europea”, ha denunciado.
Además, ha incidido en que la Xunta de Galicia sabe “desde hace años” que el modelo por el que apostó “no es un modelo sostenible”, por lo que considera que en la “inmensa mayoría” de los ayuntamientos, “habrá pronunciamientos”. Lo que hará el gobierno local, según la regidora, es declararse en contra de esta medida y hablar con otros ayuntamientos, porque el modelo actual “no vale” y el sobrecoste anunciado “no está justificado”.
En Pontevedra, “un sablazo”
Su compañero de partido y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha sido aún más duro. “Es un auténtico sablazo que la Xunta de Galicia, a través de Sogama, le hace a todos los ciudadanos de Pontevedra a través de los ayuntamientos”. Lores calcula que para el consistorio pontevedrés, la subida supone “un incremento de millón y medio de euros anual”.
“Creemos que no es de recibo, sobre todo cuando la Xunta de Galicia está haciendo una política de residuos que prima la incineración y el envío a vertedero”, criticó Lores tras destacar que el municipio de Pontevedra intenta reciclar “lo máximo posible y compostar, a pesar de la oposición del Partido Popular al compostaje”. Además ha incidido en que el actual gobierno municipal lleva “doce años congelando las tasas y los impuestos”.
Ahora, ante esta subida anunciada por Sogama, en Pontevedra “intentaremos seguir con esta política de congelación y no repercutir eso a la ciudadanía”, ha dicho.
El BNG llama a la “rebelión democrática”
El BNG, la formación a la que pertenecen tanto Sanmartín como Lores, ha rechazado el anuncio de nueva subida y lanza un llamamiento a los ayuntamientos para que protesten contra la “sucesión de sablazos”.
Los nacionalistas presentarán iniciativas en el Parlamento y en los consistorios para impulsar cambios en el sistema de gestión de residuos, sustituyendo la “costosa y antiecológica incineración” por tratamientos basados en la recogida separada, la reutilización y el reciclaje.
El diputado de Medio Ambiente, Luís Bará, ha anunciado este viernes el llamamiento a la “rebelión democrática” contra esta “nueva imposición” y este “ataque de la Xunta” contra los ayuntamientos. “La subida supone una nueva carga millonaria sobre unas arcas municipales ya muy tensionadas por el déficit de financiamiento y por el incremento de las competencias, sin el necesario trasvase de recursos”, ha asegurado.
En este sentido, ha asegurado que es el momento de “decir basta” de “plantarle cara” a las decisiones “unilaterales y abusivas de la Xunta”. De esta forma, el BNG ha detallado que, tras el “globo sonda” enviado por la Xunta, la formación nacionalista ha hecho público su “rotundo rechazo” y “firme oposición” a esta nueva “medida abusiva, desproporcionada” y que supone un “nuevo sablazo para las arcas municipales”.
Sogama: “el coste real es de 120 euros por tonelada”
En la carta enviada por el presidente de Sogama a los consejeros, Domínguez explica que en el último año y medio Sogama asumió “en solitario y sin repercutirlo a los ayuntamientos” un sobrecoste de 39 euros por tonelada de gestión de los residuos “por el impacto de decisiones unilaterales del Gobierno central”. Entre ellas, el impuesto estatal sobre vertido e incineración, la orden ministerial que elimina la retribución que recibía Sogama por la planta termoeléctrica de Cerceda y el impuesto estatal de producción de energía.
Tras actualizar el canon para 2024, recuerdan, “tratando de minimizar en la medida de lo posible su impacto con el Fondo de Cooperación Local -- lo que dejó el canon de 2024 en la misma cuantía que la de 2023 para muchos ayuntamientos --, y dado que la situación ”no ha cambiado y parece que se va a prolongar en el tiempo“, Sogama realizó un estudio económico sobre su futuro.
Los resultados obtenidos, aducen, muestran que es “necesario” aplicar una subida en el canon que pagan los municipios, “ya que el actual apenas cubre la mitad del coste real”. Por este motivo, “y en un ejercicio de responsabilidad”, Sogama propone una subida en la cuota hasta los alrededor de 108 euros por tonelada de cara a 2025.
A este respecto, indican que el coste real del servicio ronda actualmente los 120 euros por tonelada. Este aumento debe incluirse en los presupuestos de 2025 tanto de Sogama como de la Xunta de Galicia.