El Supremo expulsa de la Guardia Civil a un agente que saboteó operaciones contra el narcotráfico en Galicia

En 2013, la división de la Guardia Civil dedicada a luchar contra el crimen organizado en Galicia empezó a sospechar que había un topo en la unidad. Los narcotraficantes habían cambiado sus hábitos, tomaban más precauciones y conseguían esquivar el calabozo. Los informes secretos de causas contra el tráfico de drogas aparecían en manos de confidentes e informantes. La Guardia Civil descubrió que dos de sus agentes eran los autores de las fugas de información y ambos fueron condenados y expulsados del cuerpo. Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha confirmado la sanción de uno de ellos en un caso en el que el Estado ha calificado de “espeluznante” su actuación.

El agente al que afecta esta sentencia fue condenado a tres años de prisión por los tribunales gallegos en 2018, culpable de un delito de revelación de secretos. Según estas resoluciones, formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia, y llegó a un acuerdo con otro agente de la Policía Judicial: conseguir información de las investigaciones que su unidad tenía en marcha contra traficantes de droga para dársela a los investigados y sabotear las causas judiciales y operaciones policiales. No consta que cobraran a cambio de estos favores.

En apenas siete meses a lo largo de 2013, este agente sacó información hasta en ocho ocasiones de las bases de datos de la Guardia Civil. Lo hizo, por ejemplo, con la operación 'Vitriolo', que se saldó con 18 detenciones y la incautación de 956 kilos de cocaína. También con la operación 'Azúcar Amargo' en la que hubo nueve detenidos y los agentes se incautaron de varios kilos de cocaína, heroína y hasta ocho armas de fuego.

Repitió la operativa en varias ocasiones y, a veces, incluso sacaba información personal sobre sus compañeros de unidad: los cuadros de vacaciones, sus fichas personales o incluso el listado de confidentes e informantes de la Guardia Civil. Algunas operaciones contra el tráfico de drogas tuvieron que suspenderse o retrasarse por sus chivatazos y al final sus compañeros le tendieron una trampa: pusieron en circulación información falsa sobre una operación inexistente y le cazaron cuando se descargaba los datos en un pen drive.

La Justicia le impuso tres años de cárcel y su compinche, también Guardia Civil, fue condenado a tres años y medio. Una tercera persona que recibió algunos de esos datos fue condenado igualmente a dos años y tres meses de prisión y la sala de lo penal del Supremo confirmó las tres penas poco después. Y posteriormente el Ministerio de Defensa decretó la expulsión de los dos de la Guardia Civil por haber sido condenados en firme, una falta muy grave que les costó la placa y el uniforme.

Ahora ha sido otra sala del Tribunal Supremo, la de lo militar, la que ha confirmado la expulsión del agente que sacó la información de las bases de datos de la Guardia Civil. Una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que rechaza su recurso y es contundente al hablar de la gravedad del delito que cometió para justificar su expulsión: “Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de la seguridad del Estado en la persecución del delito. El grave daño a la Administración no puede ser más evidente”, lamentan los magistrados.

El guardia civil condenado y expulsado alegaba, entre otras cosas, que el daño causado a la Administración no había sido probado y que, además, su sanción impuesta por la ministra de Defensa el año pasado era desproporcionada. El Supremo, con Clara Martínez de Careaga como ponente, rechaza estos argumentos: causó un “gravísimo daño” a la Guardia Civil, “saboteó” varias investigaciones y tuvo una actuación “incompatible” con su trabajo como agente de la Guardia Civil especializado, precisamente, en perseguir e investigar narcotraficantes.

Sus “espeluznantes andanzas”

Fuentes del caso explican a elDiario.es que el otro agente condenado en esta causa también fue expulsado de la Guardia Civil por orden de la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque no hay constancia de que el Supremo haya resuelto por ahora ningún recurso al respecto.

A lo largo del proceso, la Abogacía del Estado dejó clara su opinión sobre lo que hizo este guardia civil. Habló en sus escritos de las “espeluznantes andanzas del actor y sus cooperadores en el suministro de información confidencial alusiva a temas sensibles y sometidas a enjuiciamiento”. Solicitó la confirmación de su expulsión de la Guardia Civil en representación del Ministerio de Defensa.

Las distintas sentencias del caso reflejan todo lo que los investigadores encontraron en los domicilios de los dos guardias civiles investigados después de ser detenidos. Informaciones sobre causas judicializadas y bajo secreto de sumario, informes operativos de seguimientos, informes sobre la instalación de grabadoras y hasta 2.000 documentos sacados de los equipos de la Guardia Civil. Uno de los imputados había intentado borrar su rastro eliminando medio millar de archivos más.